Carlo Carmim
El Gobierno del frente amplio de Lula ha mantenido y tirado adelante muchas de las políticas del Gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro. A pesar de un discurso más inclusivo y progresista, lo que se observa en la práctica, a diario, es una continuidad brutal de políticas que perpetúan la desigualdad socioeconómica, fomentan la división de la clase trabajadora e intensifican la explotación y la opresión.
Un claro ejemplo de cómo el Gobierno de Lula no supone una ruptura con el anterior gobierno es el trato que reciben las personas refugiadas al desembarcar en el mayor aeropuerto del país, el aeropuerto internacional de São Paulo-Guarulhos.
Para empeorar aún más las cosas, el gobierno de Lula ha ido más allá y ahora, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ha establecido recientemente una regulación que impide a las personas sin visa pedir asilo al aterrizar en Brasil. El gobierno Lula cierra la puerta a las personas refugiadas.
Esto empeora una situación que ya era deplorable.
Cientos de personas refugiadas, muchos de ellas criaturas y mujeres embarazadas, se encuentran en una zona restringida esperando la deliberada lentitud de la burocracia de inmigración brasileña a la hora de procesar las solicitudes de asilo.
Estas personas refugiadas, de diferentes nacionalidades, pero en su mayoría procedentes de Asia y África, se encuentran en una situación extremadamente precaria con una clara violación de los derechos humanos. Permanecen en el limbo por tiempo indefinido, hacinados en un espacio sin privacidad, sin instalaciones adecuadas para una estadía prolongada: sin cama, sin mantas, sin acceso a un baño y con la prohibición de acceder a otros espacios.
A principios de agosto, un refugiado de Ghana murió mientras vivía en estas deplorables condiciones impuestas por el gobierno brasileño. No bastaba con que huyeran de situaciones de sufrimiento extremo en sus países de origen —sufrimiento muchas veces causado por las abominables acciones directas del imperialismo norteamericano—, cuando llegan a Brasil, todavía pasan por esta agonía. Al endurecer las leyes de inmigración, Lula y su gobierno del frente amplio echan más sal en una herida abierta.
Necesitamos la movilización de la clase trabajadora, de los movimientos sociales, estudiantiles… para exigir que el gobierno brasileño revoque inmediatamente esta execrable regulación y respete las convenciones internacionales de protección de las personas refugiadas de las que es signatario; para que deje de imponer sufrimientos innecesarios a personas inocentes que merecen ser tratadas con respeto, dignidad y acogida.
Solo con movilizaciones conseguiremos que Brasil sea un país acogedor y que ningún ser humano sea considerado ilegal, tenga documentos o no.
El autor es un simpatizante de Marx21 que vive en Brasil.
