Ainhoa Kaiero
La costa de Bizkaia es ya prácticamente un continuum de casas, que va desde Bilbo hasta Plentzia.
A lo largo de las últimas décadas, las localidades por las que transcurre el metro han sido objeto de un desmesurado crecimiento. Tal vez sea el municipio de Urduliz, cuya apertura de un centro hospitalario propició un gran desarrollo urbanístico, quien mejor ejemplifique esta tendencia al alza, aunque otros pueblos como Berango o Sopela también han aumentado su población entorno a un 30%.
Este auge de la construcción en Uribe-Kosta sigue actualmente alimentándose gracias a la aprobación de planes urbanísticos expansivos en consistorios gobernados tanto por el PNV (Berango, Barrika, Lemoiz), como por Bildu (Sopela, Urduliz, Plentzia).
Como en toda ideología que fomente el crecimiento económico, las razones que se esgrimen para justificar este boom urbanístico son las necesidades de la población.
La escasez de vivienda acalla así las críticas de determinados colectivos vecinales y ecologistas, que acusan a las administraciones de estar hormigonando toda la costa y de destruir la soberanía alimentaria y la resiliencia climática, al arrasar con encinares y campas de huertas. Estos argumentos desarrollistas, más cuando se exponen por parte de partidos de izquierda, se enfrentan sin embargo a grandes incongruencias.
Y es que, pese al débil aumento demográfico de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y las políticas de construcción ininterrumpidas de las últimas décadas en Uribe Kosta, la población sigue teniendo graves dificultades para acceder a una vivienda.
La razón no es la falta de suelo urbanizable, ni de construcciones, sino un mercado que instaura la insuficiencia como norma para generar un aumento de precios. Es decir, la especulación inmobiliaria que arrasa por segunda vez, en lo que llevamos de siglo.
Parte del parque inmobiliario construido en el pasado y proyectado hacia el futuro es acaparado por inversores que buscan incrementar, mediante la escasez, el valor de la vivienda. Otra parte de las viviendas de la costa Bizkaína son destinadas a segundas residencias, cada vez más solicitadas debido al “turismo climático” que experimenta la cornisa cantábrica.
Oposición
Las demandas del sector turístico constituyen precisamente uno de los vectores de desarrollo económico programado para las próximas décadas por el PNV. La percepción de la oposición (Bildu, Podemos) es que esta ocupación turística del territorio está contribuyendo significativamente a una crisis habitacional.
Esta misma oposición ha criticado en repetidas veces la connivencia de las legislaciones apoyadas por el PNV y el PSOE-PSE con el lobby inmobiliario. En concreto, que sus políticas favorecen el negocio de promotoras a costa de reducir la vivienda protegida, de desregular la tramitación urbanística y de vulnerar las garantías medioambientales.
Las principales promotoras con fuerte presencia en Uribe Kosta y que gozan del favor de las administraciones públicas son Amenabar y Neinor, ambas estrechamente vinculadas al PNV.
El caso de Neinor es un ejemplo claro de entendimiento entre el capitalismo transnacional y la clase política: una promotora procedente de “Kutxabank”, entidad bancaria cuyos cargos directivos pertenecen o son afines al PNV, que fue absorbida en 2014 por el fondo de inversiones estadounidense Lone Star.
Aunque Bildu critica estas políticas en el ámbito parlamentario, lo cierto es que, a nivel municipal, sigue firmando proyectos urbanísticos junto al PNV para que estas mismas promotoras construyan más vivienda en Uribe Kosta.
Si por un lado trata de implementar “a cuenta gotas” medidas para movilizar pisos, incrementar la oferta y frenar la especulación (principalmente al subir el IBI a los pisos vacíos), finalmente vuelve recurrir a la construcción nueva como solución última y de “urgencia” frente a la crisis habitacional.
Su apuesta, sin embargo, a menudo pasa por tratar de ofrecer el mayor número de Viviendas de Protección Oficial (VPOs) posible y prometer a la población una mejora de los servicios públicos (construcción de escuelas, centros de salud…).
Este tipo de argumentos parecen estar ganando la aceptación de un amplio sector de la clase media-alta de estos municipios. Y es que los adjudicatarios principales de este tipo de viviendas protegidas no son las personas precarias y excluidas, sino familias de clase media que pujan por este tipo de viviendas, al verse desplazadas por los más de 400.000 euros que puede llegar a costar un piso en el mercado libre.
Siendo el límite de ingresos para optar a una VPO relativamente alto, se priorizan aspectos como la antigüedad del empadronamiento, aunque el factor decisivo es la solvencia económica (estabilidad laboral y aporte de ahorros) necesaria para obtener la financiación de una vivienda que ya puede costar más de 200.000 euros.
Privilegiados
Se privilegia, por tanto, un perfil de clase media solvente, que asegure al negocio inmobiliario de las promotoras y de los bancos de una demanda estable de vivienda pública.
El sindicato de vivienda de Bizkaia y otros colectivos acusan en este sentido a los distintos partidos políticos de crear “una vivienda de protección para privilegiados”, de ayudar a la clase media-alta a mantener su estatus en la costa, en detrimento de familias y personas de renta baja que se ven obligadas a emigrar a zonas del interior con alquileres más bajos.
Una parte significativa de la nueva población de estos municipios procede sin duda de las clases medias y adineradas de Getxo, cuyos descendientes han visto en Uribe Kosta un territorio natural de expansión.
Haciendo gala de lo que el ecologista marxista japonés Kohei Saito describiría como un estilo de “vida imperial” (capitalista y occidental), esta expansión reclama continuamente la construcción de “vivienda nueva” próxima a la costa y las playas, al tiempo que exige una conexión con otras áreas urbanas como Bilbo o Getxo (metro, carreteras…) y la proliferación de toda clase de servicios. Es decir, un proceso intensivo de urbanización que amenaza precisamente los ecosistemas y la identidad rural de algunos de estos municipios (Barrika, Urduliz…).
Los nuevos planes urbanísticos de Uribe Kosta parecen trazar así un modelo de desarrollo, poco sostenible, que alimenta el negocio de promotoras y bancos, contenta los modos de vida “imperiales” de una clase media acomodada y obsequia con réditos electorales a determinados partidos.
Al otro lado de este proceso se sitúan: la degradación del medio-ambiente, con la pérdida de campas, árboles y biodiversidad; la erosión de las comunidades y la afloración de diseños clónicos e industriales que desgarran la identidad paisajística del medio rural (los bloques cebra que rodean una iglesia parroquial del siglo XVIII en Urduliz, son expresión de esta ausencia absoluta de criterios paisajísticos); la masificación de la costa debido al crecimiento residencial acelerado y la ocupación turística (sobre todo en periodos vacacionales), unida a un incremento del tráfico y una insuficiencia, pese a las promesas, de los servicios (polideportivos saturados, falta de aparcamientos, frecuencia escasa del metro…); el desplazamiento de personas que se ven obligadas, en el mejor de los casos, a probar suerte en otros pueblos, o en el peor de ellos, a acampar en tiendas de campaña en algunos de los campamentos que están emergiendo en Getxo.
Desigualdad esta última que arroja a muchos de los excluidos de las políticas sociales y “progresistas” que alardean ciertos políticos, a los brazos de ideologías de la extrema derecha.
Esta situación es igualmente expresión de los difíciles compromisos de los partidos de izquierdas, de sus políticas “realistas” y bienintencionadas que, al no poder cuestionar los marcos neoliberales en los que se desenvuelven (mercantilización de la vivienda pública, especulación inmobiliaria, negocios de bancos y promotoras…), están cada vez más abocadas a hacer una mera “gestión” de los desastres del capitalismo.
