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Óscar Corb, Marx21

El estallido social que produjo el desahucio de Maricarmen no fue un arrebato de indignación por un abuso puntual del sistema sobre una mujer de 87 años, desahuciada de la casa en la que llevaba viviendo siete décadas por no poder pagar un incremento del precio del alquiler del 230%.

Solo fue un caso más de los 45 desahucios diarios que se han ejecutado en 2026 en el Estado español.

Solo uno más, pero fue “la gota que colmó el vaso”, el detonante de una indignación que se fue fraguando durante años de abusos de los propietarios —con el beneplácito del Gobierno de turno— y de subidas de alquiler inasumibles para una familia trabajadora.

Tristemente, este desalojo provocó la muerte de Maricarmen el 7 de octubre.

Hemos visto perplejos y durante mucho tiempo a gobiernos autonómicos y estatales enorgullecerse de que los fondos de inversión operen aquí y hagan grandes negocios con la vivienda, pues sienten como orgullo propio que gigantes capitalistas inviertan y aumenten sus beneficios en el Estado español.

La otra cara de la moneda es muy distinta. Convertir un bien básico como la vivienda en un producto especulativo lleva a la clase trabajadora un paso más allá en la precariedad que ya venimos sufriendo en otros frentes. Así, se suma la vivienda a una larga lista de problemas que ya llevábamos en la mochila, como la precariedad laboral o las constantes subidas del precio del carrito de la compra.

El Sindicato de Inquilinas ha sabido mediatizar el caso del desahucio de Maricarmen, dando un giro a la agenda mediática.

Esta llevaba desde agosto enquistada en la crisis de Ceuta y de la peor manera. Han mostrado una vez más el racismo y la falta absoluta de empatía de los grandes medios de comunicación y de sus tertulianos que nos han bombardeado a diario con palabras como “invasión” y “delincuencia” en sus titulares. Con esto, ignoran la crisis humanitaria y legitiman los argumentos racistas de la extrema derecha (con consecuencias terribles para las personas que cruzaron la frontera y todavía siguen viviendo en la calle en condiciones de vulnerabilidad).

La crisis de vivienda en la que nos encontramos se ha ido recrudeciendo en los últimos años en el Estado español. Sin embargo, podría decirse que es un patrón global que se repite en las principales economías occidentales y en las grandes ciudades del mundo.

Son muchas las causas —gentrificación de barrios obreros, turistificación, brecha salarial— pero una de las más llamativas es la normalización de la especulación como sistema legítimo para enriquecerse.

Cargos importantes del PSOE, incluida la ministra de Vivienda, no han tenido reparo alguno en decir que la vivienda es “un bien de mercado” o que en el mercado inmobiliario “hay negocio”. Se trata de una suerte de llamada a los especuladores a invertir su dinero en este “sector”, a la vez que tranquilizan a los propietarios y rentistas de que sus negocios especulativos están a salvo mientras ellos gobiernen.

Mientras tanto, la derecha sigue con el mantra de construir más vivienda en su lógica de aumentar la oferta para que bajen los precios. Pero la memoria nos dice que esto provoca justo el efecto contrario, como pasó en la crisis que estalló en 2008.

La liberalización del suelo de José María Aznar (PP) incentivó la especulación y creó una burbuja inmobiliaria y una subida de precios de la vivienda sin precedentes. Por lo tanto, el problema no es la falta de vivienda, sino el exceso de gente especuladora.

El Sindicato de Inquilinas y las plataformas de vivienda han sabido señalar claramente al culpable: el rentismo. Un rentismo parasitario que empobrece a la clase trabajadora mientras aumenta el patrimonio de las y los propietarios.

Mientras, cada vez lo tenemos más difícil para comprar o alquilar una casa, los medios de comunicación nos dicen que compartir está de moda y nos lo venden con anglicismos como el coliving, pero la realidad es pobreza y precariedad, por mucho que lo disfracen de modernidad con palabras cool.

Desbordamiento y vuelta a las plazas

A la ola de indignación que hubo tras el desahucio de Maricarmen le siguieron multitudinarias protestas y finalmente una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, que se fue extendiendo por otras ciudades del Estado rápidamente, como un 15M resurgido, 15 años después.

A esto le siguieron los dos decretos-ley sobre vivienda aprobados de urgencia por el Consejo de Ministros —luego tumbados por el PP, Vox y Junts—, seguidos de un inesperado adelanto de las elecciones generales y de la convocatoria de una huelga general por la vivienda, promovida por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, y secundada por casi todo el movimiento sindical.

Y si el 15M sirvió como una herramienta de politización para miles de jóvenes que hasta aquel momento sentían desinterés o rechazo hacia la política, hoy, en pleno estallido de indignación por la situación general —no solo de la vivienda—, este malestar debe volver a convertirse en el motor del debate político, las luchas desde abajo y la organización colectiva.

Y ese espacio común entre quienes ya militan y quienes empiezan a hacerlo es donde la resignación puede convertirse en organización.

La lucha sirve

Tras la reacción popular que provocó el desahucio de Maricarmen, la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión (actual propietaria de la vivienda) tuvo que ceder, sentándose a negociar y finalmente ofreciendo un nuevo contrato de alquiler de ocho años por un precio que no superara el 30% de sus ingresos (similar al que estaba pagando), desgraciadamente Maricarmen no pudo disfrutarlo.

Esto es una prueba tangible de que las luchas colectivas y la organización desde abajo sirven para mejorar nuestras condiciones materiales y plantar cara a los poderosos, que en buena medida se sirven de la apatía y el derrotismo que a veces nos hacen creer que no se pueden cambiar las cosas.

Por poner un ejemplo concreto, la jornada laboral de 8 horas, que parece que ha estado siempre ahí, fue fruto de una larga huelga general (La Canadiense, Barcelona, 1919) que comenzó como una protesta interna y provocó una reacción en cadena de solidaridad obrera que paralizó el 70% de la industria catalana, dejando a la ciudad a oscuras y sin transporte.

Como resultado, se consiguió una jornada laboral de 8 horas —algo pionero en Europa—, el aumento de salarios y la readmisión de las personas trabajadoras que habían sido despedidas.

Hay quien podría pensar que las condiciones sociales y económicas con las que se ha encontrado al nacer son inherentes a esta sociedad y, por tanto, inamovibles.

Pero la realidad es que los derechos que no se defienden hoy se perderán mañana. Un ejemplo: haber tenido siempre unos servicios públicos, de más o menos calidad, pero accesibles, no garantiza que vayan a estar siempre ahí.

La mercantilización de todos los ámbitos de la vida —que pretende el capitalismo— y su afán de acumulación permanente, crecimiento infinito y extractivismo, nos lleva al desastre.

Por eso es necesario plantar cara al capitalismo para acabar con él antes de que él acabe con todo.