Ira Vent, Marx21
El 16 de abril de 2026, PP y VOX sellaron su acuerdo de investidura y gobierno para Extremadura: 74 medidas repartidas en 61 puntos.
Tras más de cuatro meses de negociaciones y un intento fallido de investidura, María Guardiola (PP) y Óscar Fernández Calle (VOX) han presentado un documento cuyo eje vertebrador es una consigna: “prioridad nacional”.
El término aparece en el título del apartado 7 del acuerdo: “Seguridad, libertad y prioridad nacional”; pero no tan solo, también se cuela en las medidas de vivienda, ayudas sociales o acceso a prestaciones públicas por parte de las ONG.
La consigna “prioridad nacional” tiene el objetivo de marcar el camino de las políticas públicas para la nueva legislatura: excluir del acceso a ayudas sociales (de cotización, vivienda o prestaciones sociales) a quienes estén en situación irregular o sin arraigo territorial real, duradero y verificable.
Así lo expresa el texto en varios apartados del acuerdo, sellado mediante el reparto de poder y concesiones que el PP ha tenido que hacer a VOX. Ese PP al que algunos señalan como el “más moderado” de su historia.
Las concesiones: más racismo
El acuerdo otorga a VOX una vicepresidencia y dos consejerías. Las competencias de Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que tendría el control sobre servicios sociales, inclusión, infancia, juventud y cooperación internacional al desarrollo y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, agricultura, PAC, con competencias sobre regadíos, caza, pesca, tauromaquia y medio natural.
En cuanto al lema “prioridad nacional”, aparece en dos bloques claros: vivienda (punto 6), en el que señalan que el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social se inspirarán “en el principio de prioridad nacional”, exigiendo un arraigo de 10 años para la compra y 5 para el alquiler, y un segundo punto, el de ayudas y prestaciones (punto 7): “el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional”.
Además, el pacto incluye medidas como la repatriación de menores no acompañados, la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos autonómicos, la supresión de subvenciones a ONG que “favorezcan la inmigración ilegal” o la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
La pregunta que se hacen muchas personas en el Estado español, independientemente de su situación administrativa, y que creen en la aplicación universal de los derechos humanos es: ¿tiene cabida en el marco legislativo tanto nacional como supranacional (como es el de la UE) la implantación real del acuerdo firmado por PP y VOX en Extremadura?
El pacto extremeño se compromete a “oponerse por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales” y a “trabajar activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”. Pero la repatriación de menores no acompañados es competencia de la Administración General del Estado, o por lo menos así lo dice la CE (Constitución Española) en su art. 149.
Otro punto referente a la migración, y esta sí es una competencia autonómica, es la suspensión de ayudas a menores migrantes. Sin embargo, esta medida está subordinada a la obligación ineludible (de las instituciones y gobiernos) de atender al menor en desamparo; así lo ha dictado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional.
En materia de sanidad, el acuerdo se formula en términos potencialmente excluyentes: garantizar una sanidad “accesible y de calidad para los españoles”. Sin embargo, la Constitución introduce límites claros a este planteamiento.
El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos su organización y tutela, mientras que el artículo 14 prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, origen o cualquier otra condición. En este marco, una restricción del acceso basada en criterios como la nacionalidad o el arraigo no solo resultaría jurídicamente cuestionable, sino difícilmente sostenible sin incurrir en discriminación.
“El mensaje es claro: existen ciudadanos de primera y de segunda, y ya no hablemos de tercera o cuarta.”
Llegamos a vivienda, para la que se plantea la priorización de acceso a la vivienda protegida por criterio de arraigo, un criterio de discriminación encubierto que es igualmente demostrable.
Por último, pero no menos importante, es el apartado dedicado a las ONG y la retirada de subvenciones a estas entidades, especialmente, dice el texto, de aquellas que “favorecen la inmigración ilegal”. Estas definiciones que son ideológicas, basadas en conceptos políticos, y no jurídicos, penalizarían el ejercicio de una actividad legal, es decir, estarían violando el principio de libertad de asociación.
La razón: más odio. Nuestra respuesta: más radicalidad
Ahora bien, esto que acabamos de contar y que da a entender que lo que se firma es simple papel mojado, no es del todo cierto, y todas sabemos que hay muchas y muy distintas maneras de discriminar desde las instituciones, y para eso no hace falta saltarse la ley, ni siquiera buscar maneras retorcidas de eludirla, basta con no aplicarla o dejarla en su mínima expresión tanto en lo legislativo como en lo económico, pues una política pública sin partida presupuestaria es la nada.
No hace falta prohibir legalmente que un migrante acuda al médico, basta con exigir más condiciones de cumplimiento para el acceso a dicho “servicio”, aun siendo este un derecho. Esto que es una especie de criba se ha usado en numerosas ocasiones, dejando fuera del sistema sanitario a las personas más vulnerables. No olvidemos el caso de la Comunidad Madrid.
No hace falta que la Comunidad Autónoma expulse a los menores no acompañados, de hecho, el acuerdo se compromete a una cosa muy distinta: no proveer ni una sola plaza para los mismos, así como “reducir el gasto al mínimo legal posible”. Así pues, ¿dónde queda esa obligación constitucional que dice que las comunidades tienen la obligación de proteger a los menores en desamparo? ¿Qué ocurre si simplemente se deja de hacer? ¿Qué ocurre cuando no se abren plazas, no se contratan educadores y educadoras, en definitiva, no se gastan recursos? Lo que ocurre es la desprotección, la explotación y la desigualdad. Ocurre que el odio empieza a florecer.
En cualquier caso, el pacto es peligroso por sus propuestas y es preocupante por lo que deja en la memoria y el vocabulario colectivo. El mensaje es claro: existen ciudadanos de primera y de segunda, y ya no hablemos de tercera o cuarta.
La victoria de este pacto va mucho más allá de las políticas efectivas que estos dos partidos puedan llegar a aprobar, la victoria de VOX reside en la implantación de sus ideas, discursos racistas, islamófobos, LGTBIfóbicos y misóginos en la sociedad.
Así pues, cuando ya nadie se escandalice al aflorar estos discursos y se acepte la normalidad del odio y de todas estas ideas reaccionarias, entonces será cuando no habrá ni tan siquiera una barrera legal, social o ideológica para pararles.
El pacto de Extremadura no es un programa de gobierno: es un experimento para ver hasta dónde pueden llegar sin que nadie les plante cara. Un atropello intencionado contra los derechos más básicos de la clase trabajadora y de quien llega buscando una vida digna. Mientras tanto, la “izquierda” que está en las instituciones sigue demasiado ocupada en la gestión de la resignación y nos muestra que las respuestas frente a VOX difícilmente vendrán de los escaños.
La respuesta ya no es ganar el debate: es impedir que la barbarie se vuelva rutina. Y eso solo se consigue con más calle, más desobediencia y políticas que vayan de verdad a la raíz. No son tiempos de matices. Son tiempos de poner el cuerpo entre el odio y quienes lo sufren. Cualquier otra postura es mirar hacia otro lado.
