A principios de noviembre se celebró en Belém, Brasil, la cumbre sobre el clima, COP30.
El presidente español, Pedro Sánchez, participó e hizo un discurso en que alabó “el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático”. En septiembre, declaró en una reunión pre-COP30 en la ONU que “combatir la emergencia climática no es una idea abstracta, es proteger nuestras casas, nuestros empleos y nuestro modo de vida”.
Esto es cierto, y está bien que haga declaraciones en este sentido. En comparación con la derecha, y aún más con el negacionismo de la extrema derecha, sus palabras suenan muy bien.
El problema es que la práctica de su gobierno no acompaña sus palabras.
Hablan de sostenibilidad, de la biodiversidad, de movilidad sostenible… pero después aprueban la ampliación del aeropuerto del Prat. Aprueban más infraestructuras, como carreteras, que no son realmente necesarias, sino que solo fomentan el modelo actual.
Modelo insostenible
En vez de apostar claramente por un gran avance en la calidad y disponibilidad del transporte público, dedican dinero nuestro a subvencionar la compra de coches privados. Aun siendo eléctricos, representan un modelo insostenible a corto y largo plazo.
Las mercancías se transportan fundamentalmente por carretera en vez de en tren. En el transporte ferroviario de personas, priorizan el AVE, en vez de mejorar el servicio local y regional que más utilizan las personas trabajadoras.
Sánchez celebra la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del Estado español y esta reducción es esencial, pero la mejora no es suficiente. Las emisiones per cápita del Estado español están el 30% por debajo de las de 1990. En Francia y Alemania, por ejemplo, han bajado un 45% con respecto a esta misma base.
Más en general, el problema es que el gobierno “más progresista de la historia“ no lleva a cabo realmente una política de reparto de la riqueza y de decrecimiento para los ricos.
No aprietan el cinturón a la gente que más tiene, por ejemplo, mediante la prohibición de los jets privados. Está demostrado que las personas superricas tienen un impacto negativo desproporcionado contra el medio ambiente.
Superricos
Un reciente informe de Oxfam-Intermón explica que, del 0,1% de la población con mayores ingresos, unas 50 mil personas, emitió cada una de ellas 55 veces el carbono emitido por una persona del 50% con menores ingresos en 2022.
Señalan que, para reducir el riesgo de un cambio climático desastroso, los superricos deben asumir un esfuerzo proporcionalmente mayor en la reducción de emisiones.
Pero esto no está ocurriendo. Tampoco se ponen frenos a los sectores más contaminantes.
Increíblemente, en abril, Pedro Sánchez anunció un aumento de más de 10 mil millones de euros en gasto militar, para cumplir con el 2% del PIB dedicado a “defensa”. Explicó que se financiaría en parte con los Fondos Next Generation, dinero europeo que, en principio, se debía dedicar preferentemente a la transición ecológica.
En conjunto, de nuevo, el reformismo se dedica a gestionar el capitalismo, no a cambiarlo por otro sistema diferente y realmente sostenible.
Intentan dar al sistema actual una cara más verde, lo que se podría llamar el ecocapitalismo, pero en realidad ni llega a eso.
Frente a la urgencia de la crisis económica y ecológica global, y en concreto la crisis climática, lo que hace la socialdemocracia es agravarla.
Estamos al borde del precipicio. Las declaraciones del gobierno —del PSOE y Sumar, no lo olvidemos— no son realmente la respuesta que necesitamos la mayoría de la gente. La mayoría de las personas vivimos en ciudades, respiramos aire contaminado, consumimos comida contaminada…
El gobierno actual es incapaz de poner en cuestión el crecimiento del capitalismo, sino que lo potencia. Y esto ocurre a costa de la salud ambiental y de la salud pública.
La solución al caos climático pasa por combatir contra el sistema que lo produce, el capitalismo. Y esto no se arregla dentro de las instituciones, sino solo luchando colectivamente por un mundo diferente.
