Natalia Boffa
Todos los miércoles, desde hace cinco semanas, los y las jubiladas se están movilizando pacíficamente frente al Congreso de la Nación para reclamar la ley de movilidad jubilatoria.
Esta ley prometía cierto alivio a la situación de pauperización que, aunque no es nueva, se ha profundizado abruptamente durante este año. Ya desde abril, se están movilizando jubilados y jubiladas auto-convocadas, como la organización “Las canas no se manchan”, quienes desde entonces viene reclamando “nos licuaron el salario”. Esto se refería a la caída del 43% del poder adquisitivo de las personas jubiladas, comparando marzo de 2023 y marzo de 2024.
Más recientemente, en las movilizaciones de agosto se escuchaba, por ejemplo:
“Estamos acá en el Senado porque se está discutiendo la movilidad jubilatoria. (…) Mientras que giran y giran plata para el FMI y la SIDE (la Secretaría de Inteligencia de Estado presentó un presupuesto de 100 mil millones de pesos de gastos reservados en el momento que se discutía la ley de movilidad jubilatoria), para espiarnos, para reprimirnos. Por eso estamos acá las personas jubiladas, haciendo el aguante y diciendo que no vamos a parar, que vamos a seguir luchando por nuestros derechos”.
Como en tiempos de Norma Pla, las movilizaciones siempre terminaron en represión, con el uso de gases lacrimógenos, empujones y golpes hacia cualquier persona participante. Esto incluyó abuelos, abuelas e incluso criaturas gaseadas. En estas movilizaciones, el despliegue policial suele triplicar al número de manifestantes y esto responde al Protocolo Anti-piquetes de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La gente se pregunta, con los recursos que se destinan a estos operativos ¿cuántas jubilaciones se podrían pagar? Lo que se sabe es que cada gas-pimienta utilizado cuesta más que una jubilación mínima. Si el Estado cuenta con recursos, entonces, ¿no hay plata? ¿qué es lo que realmente subyace bajo estas decisiones y operativos?
¿La culpa del déficit fiscal la tendrían los y las jubiladas?
Según el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la canasta básica total en Argentina rondaba los 304.170 pesos mensuales por adulto en agosto (unos 150€; un euro son unos dos mil pesos argentinos en el mercado informal, el único accesible para pensionistas). Los y las jubiladas que cobraron en el mismo mes la pensión mínima recibieron unos 225.000. Por lo tanto, en ese momento los ingresos de los y las jubiladas estaban por debajo de la línea de pobreza para una sola persona adulta. Para las personas jubiladas con familiares a cargo la situación era aún más grave, porque se estimaba que una familia de dos adultos y dos criaturas necesitaba unos 940.000 pesos por mes.
A pesar de este pésimo panorama, la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el congreso el 22 de agosto de este año parecía aliviar la situación. Incluía la recomposición de jubilaciones y pensiones actualizadas de acuerdo a la inflación, aunque solo de 2024, con la condición de que se mantuviesen un 9% sobre la línea de pobreza, entre otros reconocimientos. Esto equivaldría tan solo a una inversión del 0,45% del PBI, que, a su vez, equivale a la recaudación del Impuesto a los Bienes Personales que este gobierno ha dado de baja.
De todos modos, el presidente Javier Milei vetó la ley con el Decreto 782/2024, acusando de “degenerados fiscales” a quienes votaron a favor, porque ataca la meta del gobierno, que apunta hacia el equilibrio fiscal y déficit cero. Así, se justificó que entre el 30 y el 40% del ajuste fiscal recaiga sobre el sistema previsional en la misma maniobra que se reorientaban los beneficios hacia otros sectores.
El veto pasó por el congreso, donde había sido aprobada la ley, pero esta vez fue aprobado el veto por 153 votos. ¿Cómo logró el presidente revertir la situación? Días antes, el presidente había convocado a una comisión de negociaciones con diputados del PRO y del partido Radical; logró el apoyo de 87 diputados negociadores. Unos días más tarde, después de aprobado el veto, los “87 diputados héroes” que salieron en “defensa del equilibrio fiscal” fueron agasajados con un asado en la residencia presidencial. De esta forma, los de la “casta”, los “degenerados fiscales”, pasaron a ser “héroes”.
“Desde ya que, si no salimos a pelear, nadie nos regaló nada nunca”
En este contexto, los y las jubiladas se siguen movilizando en el congreso todos los miércoles y surge el interrogante por la participación del resto de los y las trabajadoras, los sindicatos y las instituciones que deberían representarnos:
“Desde ya que, si no salimos a pelear, nadie nos regaló nada nunca, y las mujeres lo sabemos más que nadie, y los trabajadores y trabajadoras también, entonces primero celebramos este plenario que es de unidad para la acción, lo que necesitamos ahora y en ese sentido, yo pensaba, ¿por qué no salió todo el mundo a repudiar el veto? ¿Dónde está la CGT?”, dice Alicia en uno de los Plenarios de Organizaciones de Jubilados/as.
Tenemos que tener presente que el ajuste no termina con “el veto”. Milei ya ha expresado que fue un gran error estatizar las AFJP (Administración de Fondo de Jubilaciones y Pensiones) y que pretende volver a privatizar el sistema previsional.
Mientras tanto, el resto tejemos desde abajo. El miércoles 2 de octubre convergen las movilizaciones de los y las jubiladas con la Marcha Federal Universitaria por la Educación Pública.
- Nota de la autora: Agradezco a Francisco J. Cantamutto sus contribuciones para mejorar el texto.
- Natalia Boffa es simpatizante de Marx21 en Argentina.
