Xoán Vázquez
El 23 de mayo de 2024 entró en vigor la Ley de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials Act) de la Unión Europea, una ley destinada a asegurar el suministro de las denominadas materias primas críticas y reducir la dependencia de proveedores externos.
Ya en marzo, la vicepresidenta de la UE, Margrethe Vestager, había viajado “de compras” a Chile, Colombia y Brasil con el objetivo de diversificar las fuentes de materias primas y no depender tanto de China.
En ese momento, la propia Vestager no dudó en ligar la compra de esas materias críticas con la transición ecológica afirmando: “sin un suministro seguro y sostenible de materias primas críticas, no habrá una transición verde e industrial”. Ninguna mención al hecho de que casi todas son también esenciales para la producción armamentística.
Unos meses antes, la OTAN había publicado una lista de 12 materiales críticos señalando que “la disponibilidad y el suministro seguro de estos materiales son vitales para mantener la ventaja tecnológica y la preparación operativa de la OTAN. Las interrupciones en su suministro podrían afectar la producción de equipos esenciales para la defensa. Identificar estos materiales clave es el primer paso de la OTAN hacia la construcción de cadenas de suministro más fuertes y mejor protegidas, fundamentales para la defensa y seguridad de los aliados”.
Y es que en un mundo de recursos limitados y muy polarizado, la autonomía estratégica y la seguridad económica dependerán en gran medida del acceso a esas materias.
Pero, ¿cuándo entendemos que una materia prima es crítica? Existen tres factores que nos permiten determinar si una materia prima pasa a ser considerada como crítica:
Sus reservas mundiales son escasas, no existen materiales alternativos que puedan ejercer su función porque sus propiedades son únicas o muy singulares y, por último, son materiales indispensables para sectores económicos clave del futuro, y/o su cadena de suministro es de elevado riesgo.
La batalla tecnológica entre China y Estados Unidos, la invasión rusa de Ucrania, las pretensiones expansionistas de Trump y sobre todo la alteración e imprevisibilidad de las cadenas de suministro después de la pandemia han motivado que el acceso a las materias primas críticas —aquellas que son esenciales para la transición digital y en el ámbito militar— se haya convertido en prioridad política para la Unión Europea.
El listado de materias primas críticas ha pasado de 14 en 2014 a 34 en 2023. Algunas son conocidas, como el litio y el níquel, utilizados para producir baterías; otras más desconocidas como el galio o el boro.
Lucro empresarial
El 25 de marzo la UE anunciaba que, con objeto de reducir la brecha de dependencia del exterior y aumentar la autonomía estratégica, iba a financiar la apertura de decenas de minas. 47 son los proyectos que se desarrollarán en el territorio de la UE de un total de 170 solicitudes.
La Península Ibérica acapara el mayor número de proyectos ganadores, con cuatro seleccionados en Portugal y siete (seis minas) en el Estado español, la mayoría para extracción y procesamiento. Se centrarán en el litio, el cobre, el cobalto, los metales del grupo del platino y el níquel.
Pero la decisión de la Comisión Europea en relación a los siete proyectos en el Estado español —que parece que agrada a los políticos y empresarios involucrados— cuenta con el rechazo de organizaciones sociales y medioambientales desde mucho antes del apoyo de Bruselas.
Poco después de conocerse el aval de la UE, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y Amigas de la Tierra emitieron un comunicado que recordaba el rechazo social de tres de las minas y las “malas prácticas ambientales” de otras tres, por lo que solo se salvaría el proyecto de reutilización impulsado por Atlantic Copper en Huelva.
Además, de su declaración como proyectos estratégicos supone, según la Comisión, el recorte de los plazos para el desarrollo de estos proyectos de los 10 o 15 años habituales a poco más un año asegurando que esta reducción de los tiempos se hará “salvaguardando las normas medioambientales y sociales”.
Pero esto es algo que no convence a las organizaciones ecologistas, que alertan del riesgo de que este acelerón se traduzca en un mayor relajamiento en la aplicación de normas ambientales como las directivas de hábitats o aguas.
Prueba de por dónde van los tiros fue el evento organizado por Euromines (organización que representa a la industria minera) el pasado 9 de abril titulado: “Geopolítica en juego. La guerra subterránea por la defensa de Europa”. Contó como ponente con la jefa de la Unidad del Fondo Europeo de Defensa en la Dirección General de Defensa y Espacio de la Comisión Europea. Además, participaron en el debate el jefe de la Sección de Política de Defensa de la OTAN y la subdirectora de la Iniciativa Europea para la Seguridad Energética.
Se trata, en última instancia, de una tentativa de priorizar el lucro económico de empresas extractivas, energéticas y tecnológicas por encima de los derechos sociales, siendo además propuestas con importantes perjuicios medioambientales que van en sentido opuesto a las necesidades que exige el desafío del cambio climático hoy día.
