Xoán Vázquez, Marx21
La industria metalúrgica de Pontevedra volvió a dar una lección de dignidad obrera, protagonizando un nuevo día histórico para la clase trabajadora gallega.
Paralizaron casi por completo la actividad de las principales empresas de sectores, como la naval, los talleres mecánicos y los concesionarios de automóviles, y dejaron prácticamente desiertos los distintos polígonos industriales de la provincia.
Cientos de piquetes recorrieron los polígonos industriales y miles de personas salieron a las calles de Vigo y Pontevedra para exigir convenios colectivos dignos, tanto para el sector metalúrgico como para el comercio del metal, sector que se sumó a la demanda tras un año y medio con el convenio caducado.
El éxito de la huelga también quedó patente en la gran movilización que tuvo lugar en Vigo, donde más de 10.000 personas marcharon por el centro de la ciudad, desde los astilleros de la Avenida de Beiramar hasta el edificio de la Xunta. Allí se celebró una asamblea en la que se revisaron las propuestas inaceptables de la asociación empresarial y se reiteraron las convocatorias de huelga para los días 13, 14, 19, 20 y 21 de mayo.
La ciudad de Pontevedra también acogió una marcha multitudinaria desde Mollabao hasta la Plaza de la Peregrina, al igual que localidades como Vilagarcía y Lalín.
Inicialmente la convocatoria de huelga la hizo la Confederación Intersindical Galega, CIG, la central sindical mayoritaria, y combativa, de Galiza. Sin embargo, la última reunión de la mesa de negociación del convenio metalúrgico no hizo más que confirmar la falta de voluntad de la asociación empresarial de Pontevedra para llegar a un acuerdo, por lo que CCOO y UGT decidieron sumarse a la huelga en ambos sectores.
El secretario regional de la CIG-Industria, Xulio Fernández, criticó la actitud de una patronal que se niega a negociar de buena fe, intentando imponer sus propuestas y rechazando las principales propuestas incluidas en la plataforma conjunta del acuerdo, con la que se pretende dignificar las condiciones laborales de las más de 30.000 personas empleadas por el sector en la provincia.
Estas demandas constituyen líneas rojas, sin cuya inclusión en el acuerdo es imposible su firma, empezando por la excesiva duración del mismo (cuatro años) y el insuficiente aumento salarial (14% en total); “ya que en el actual contexto de incertidumbre económica no tenemos garantía de recuperación del poder adquisitivo.”.
También es necesaria una reducción real de la jornada laboral —que sigue siendo una de las más altas del Estado—, dada la insuficiente y engañosa propuesta de los empresarios, “que hablan de un día más de vacaciones, pero a costa de los ajustes en la jornada laboral anual”. En cuanto a la jubilación anticipada, no se facilita ni se regula de forma adecuada
Por eso frente al inmovilismo patronal que pretende precarizar los convenios debemos despertar en cada trabajador y trabajadora el deseo de transformar su revuelta individual en una lucha colectiva.
