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Rodrigo Lombo, Marx21

Tras la regularización extraordinaria de migrantes, el gobierno del Estado español parecía caminar por otra senda frente a las políticas antimigración de Estados europeos de todo color político, desde el social-liberalismo danés al neofascismo italiano.

Sin embargo, nunca ha parado de seguir defendiendo las fronteras de la vergüenza en Ceuta y Melilla, presumiendo de su colaboración para ello con estados como el Reino de Marruecos para que le haga el trabajo sucio a la “humanista” Unión Europea.

La entrada de miles de personas en Ceuta el pasado 31 de julio y algunos cientos a Melilla en esa misma fecha fue respondida por ministros del gobierno progresista —como Marlaska de Interior o Albares de Exteriores— con que hasta el último migrante sería expulsado a Marruecos.

El adalid del progresismo mundial Pedro Sánchez habló de violación de la integridad territorial, sendero que abandonó después pero que ha servido para que la extrema derecha y la derecha hablen de invasión y en consecuencia los migrantes serían los invasores.

Con el espíritu de estas palabras y hechos se puede entender la reforma de la Ley de Extranjería y la nueva ley de asilo de finales del agosto pasado. El gobierno se adapta a lo exigido por la Europa fortaleza, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA).

La nueva Ley de Asilo busca descartar a personas que procedan de Estados aliados de la UE, aunque huyan por miles de los mismos, como es el caso de Marruecos.

Por ello, además del rechazo a las solicitudes que provengan de estos países, también se habla de retenerlas de 3 a 4 meses por las autoridades cuando su único crimen es buscar una vida mejor.

Se eliminan garantías que tenían las personas migradas, aumentando la burocracia, acortando el plazo para las solicitudes de asilo a 7 días desde que se acuerde la devolución de estas personas o modificando el proceso de notificación, que sería vía BOE sin tener en cuenta las capacidades lingüísticas o habilidades digitales de las personas solicitantes.

En definitiva, otra medida que acepta los marcos de la extrema derecha, restringiendo la capacidad de las personas que huyen de situaciones de vulnerabilidad y que, a fin de cuentas, no serían más que estorbos que sobran.