El 10 de julio de 2025, las 6 de la Suiza entraron en prisión. Seis sindicalistas condenadas por hacer sindicalismo.
Entran presas por defender los derechos laborales. Por practicar la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras. Es decir, se está condenando la actividad sindical en su aspecto más esencial: la puesta en práctica de la defensa de nuestros intereses como clase trabajadora.
Este tremendo atentado contra la libertad sindical no es un caso aislado. Forma parte de una deriva represiva contra el sindicalismo que incomoda, el que no se pliega y planta cara, como ha ocurrido recientemente con los 23 detenidos en la Huelga del metal de Cádiz.
Todo comenzó en 2017, cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza, en Gijón, contacta con la CNT para que le ayuden a negociar su salida de la empresa debido a sus problemas laborales, que se resumían en jornadas maratonianas, salario inferior al del convenio y horas extras sin remunerar; además de soportar abusos por parte de su jefe.
Tras una serie de reuniones buscando una salida negociada del conflicto, y ante la negativa empresarial de llegar a un acuerdo, el sindicato inició una campaña de protesta con concentraciones frente al local, reparto de panfletos y difusión de vídeos denunciando el acoso laboral al que estaba sometida la trabajadora. La campaña de concentraciones de denuncia continuó hasta el cierre del negocio.
Conviene recordar que esas acciones de protesta contra el acoso empresarial a una trabajadora embarazada contaban con autorización gubernamental y que se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes.
Pero lo que comenzó como un mero conflicto laboral de los que se podrían contar a decenas en el sector de la hostelería y el comercio, acabó llevando a seis sindicalistas a la cárcel.
En enero de 2021, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón, juzgó a ocho personas —incluida la trabajadora— por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia. La Fiscalía solicitó dos años y medio de prisión para cada acusado y una indemnización de 60.000 euros. El empresario les acusa de ser causantes del cierre de su negocio.
En junio de ese año, el juez dictó sentencia: tres años y medio de prisión para siete de los acusados (dos años por coacciones y un año y medio por obstrucción), y ocho meses para la octava persona. Además, se les impuso una indemnización conjunta de 125.428 euros a favor del empresario.
Nueve meses después, la Audiencia Provincial de Asturies ratificó la condena para seis de los acusados y absolvió a dos. En 2023, la defensa presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de derechos fundamentales.
En junio de 2024, el Supremo confirmó la condena. La sentencia del Supremo sostiene que las protestas provocaron el cierre del negocio cuando lo cierto es que el local donde se ubicaba la pastelería llevaba anunciado en portales inmobiliarios desde al menos un año antes del inicio del conflicto.
En noviembre de 2024, la defensa presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue desestimado. Con esta decisión, se agotaron las vías judiciales en el Estado español.
Taxista, camarera, reponedora, cantante, auxiliar de clínica y docente son las profesiones de las condenadas.
Enfrente la familia propietaria de la pastelería formó parte de la denuncia de un grupo de hosteleros que pretendía ilegalizar al sindicato CNT por “extorsión y asociación ilícita”. El juzgado determinó que no había caso y procedió a sobreseer la denuncia, decisión ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial.
Y mientras se desarrollaba este largo proceso, la respuesta en la calle ha sido impresionante.
En Gijón, Madrid y otras ciudades, miles de personas se han manifestado bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”. Más de 22 sindicatos —entre ellos CCOO, UGT, CGT, CSI, Solidaridad Obrera, SUATEA y la propia CNT— han respaldado la petición de indulto.
El día 10 de julio, se presentaron voluntariamente en el Centro Penitenciario de Asturias para cumplir la condena. Permanecerán en régimen abierto en un centro de inserción social anexo a la cárcel.
En un comunicado, afirmaban: “Actuamos con coherencia y dignidad. Apoyamos a una trabajadora en situación de vulnerabilidad. Estábamos haciendo algo que es un derecho”. Y así lo reflejaron algunos medios de comunicación que señalaron que no entraron seis sindicalistas en la cárcel, entraron la dignidad de muchas, la voz de muchas más y, con ellas, un trozo de nuestra democracia.
