Óscar Corb, Marx21
Que la salud puede ser negocio lucrativo y muy rentable, lo demuestra la cantidad de grandes empresas que operan en el sector.
A pesar de ello, a menudo nos dicen que el sistema de salud público es insostenible y es necesario “introducir elementos de mercado” para garantizar su buen funcionamiento y ahorro de costes, pues, según la cosmovisión neoliberal, la empresa privada sabe gestionar, mientras que la gestión pública es ineficiente y hasta insostenible.
Esta obsesión neoliberal por mercantilizarlo todo —incluso un servicio tan esencial como la sanidad— con el único fin de aumentar los beneficios de grandes empresas privadas, pone en riesgo este servicio público y universal, y la propia salud de las personas.
Sin embargo, lo que hay detrás de todos esos tecnicismos de la economía dominante (eficiencia, rentabilidad, gestión, innovación, sostenibilidad…) no es una intención real de mejorar el servicio, de atender y resolver las dolencias de las personas o simplemente de curarlas. Lo único que mueve a estas empresas es el lucro por encima de todo lo demás.
El escándalo del hospital de Torrejón
En mayo de este año, 260 profesionales del Hospital Universitario de Torrejón firmaron un manifiesto en el que denunciaron públicamente la alteración de las listas de espera para aumentar las ganancias de Ribera Salud, empresa privada que actualmente gestiona este hospital público, situado en el municipio de Torrejón de Ardoz de Madrid.
Ahora lo sabemos de primera mano. La filtración de unos audios en los que un directivo de Ribera Salud pedía a su equipo que alterasen las listas de espera para priorizar a los pacientes “rentables”, para así aumentar los beneficios de la empresa, nos demuestra cómo gestionan estas empresas nuestros hospitales públicos.
Para entender el modelo de concesión administrativa (público con gestión privada), y tomando como ejemplo el hospital de Torrejón, lo primero que hay que saber es que la empresa que lo gestiona, en este caso Ribera Salud, recibe 581€ anuales por cada persona que tiene adscrita a su área. Estos pacientes, habitantes de Torrejón de Ardoz, son denominados “cápita”. Los pacientes que vienen de fuera del municipio y a los que les corresponde otro hospital son denominados “no cápita”.
Lo que se destapó con los audios, aunque ya lo venían denunciando los profesionales de este centro, desvela que este hospital estaba rechazando o alargando las listas de espera a los pacientes de Torrejón (cápita) por no ser rentables, para priorizar a los que venían derivados de otros centros (no cápita), que les proporcionaban ingresos extraordinarios importantes.
Esto es porque cuando un paciente que no pertenece a este municipio, decide que quiere ser atendido en este hospital, la Comunidad de Madrid tiene que pagar un extra a esta empresa por los servicios. Y lo que supondrían 581€ por un vecino de Torrejón, se convierte en varios miles de euros que se embolsa Ribera Salud por dar el mismo servicio.
De pacientes a clientes
La asignación de pacientes a otros centros no se hace por criterios médicos o técnicos, sino que el servicio de citación de la Comunidad de Madrid puede ofrecer a los pacientes una derivación a un hospital privatizado para una operación, prueba diagnóstica o un especialista. Y es el paciente quien decide si acepta esta derivación por “libre elección”.
Todo esto es posible por el sistema de libre elección que implantó Esperanza Aguirre (PP) al final de su mandato, con el que los pacientes pueden elegir el centro en el que desean ser atendidos. Esto hace que estos hospitales públicos compitan entre sí, como en el mundo empresarial, para atraer a más clientes y aumentar sus beneficios gracias a los que pertenecen a otras áreas. Esto supone un trasvase millonario de las arcas públicas a empresas como Ribera Salud o Quirónsalud.
A través de este mecanismo, los hospitales públicos con gestión privada han recibido ingresos extra millonarios.
En la Comunidad de Madrid, hay cinco hospitales públicos con gestión privada y la cuenta final que reciben estos centros por parte de la Comunidad nunca coincide con la inicialmente presupuestada. En los nueve primeros meses de 2025, estos cinco centros ya han recibido 228 millones de euros extras a los previstos a principios de año. Y desde que Ayuso gobierna la Comunidad, las arcas públicas han pagado a estos cinco centros 2.365 millones de euros de más.
Por lo tanto, lo que nos venden con palabrería neoliberal, como la innovación de la gestión pública para modernizar la sanidad, o el argumento de reducir listas de espera, mejorar la satisfacción del cliente e incentivar la calidad, al final acaba siendo una privatización encubierta, en la que hay un trasvase de millones de las arcas públicas a estas empresas privadas.
Además, gestionar un hospital público con la lógica empresarial, no solo supone un deterioro del servicio debido el ahorro de costes y al afán de aumentar las ganancias a toda costa, también supone el maltrato del personal que sufre condiciones de precariedad, alta rotación y jornadas maratonianas.
El auge de los seguros privados
El abandono y la infrafinanciación que están sufriendo los hospitales que sí son públicos, con el consiguiente deterioro del servicio que prestan, está llevando a muchas personas a desconfiar de los servicios públicos en general, y una de las consecuencias es el auge de la contratación de seguros privados.
Estos planes nunca te van a cubrir una operación, un tratamiento crónico o una enfermedad grave. Para eso ya está la sanidad pública, la de todos. Pero poder pedir una cita rápida para cualquier cosa menor o una prueba médica sin tener que esperar semanas como ocurre actualmente en los centros públicos, da la falsa sensación a sus clientes de que tienen una cobertura mucho mejor de lo que les puede ofrecer el sistema público. Aunque para lo realmente importante, siempre necesitemos la sanidad pública.
Inevitablemente, el ahorro de costes (necesario para aumentar los beneficios empresariales) y la supuesta eficiencia, van de la mano del deterioro del servicio, pues si el principal objetivo es obtener más ganancias, el paciente (ahora cliente) pasa a un lugar secundario y su dolencia o enfermedad es atendida, inevitablemente, con menos recursos y menos personal.
