El autor, un socialista independiente, reflexiona acerca de la experiencia bolivariana en Venezuela, tanto los aspectos positivos como los negativos. Colgó el texto en su muro de Facebook, en inglés. Lo hemos traducido y lo publicamos aquí con su consentimiento.
Sirantos Fotopoulos
Durante un breve momento histórico a principios del siglo XXI, la revolución bolivariana en Venezuela pareció romper el consenso neoliberal global que había dominado América Latina.
Bajo el mandato de Hugo Chávez, elegido en 1998 en medio de un profundo agotamiento social por la austeridad y el control de la riqueza petrolera por parte de las élites, Venezuela se embarcó en un experimento que prometía redistribuir el ingreso, ampliar los derechos sociales y reafirmar la soberanía popular frente a las oligarquías nacionales y la disciplina imperial.
El proyecto nunca fue una transformación socialista plenamente realizada, pero sí logró, durante un tiempo, mejorar materialmente la vida de millones de personas venezolanas pobres y reabrir posibilidades políticas que habían estado vetadas durante décadas. Que al final acabara en un colapso de forma tan catastrófica bajo el gobierno de Nicolás Maduro no niega esos logros, pero sí exige una autopsia seria, que resista tanto la caricatura de la Guerra Fría como la nostalgia acrítica.
El período bolivariano inicial estuvo marcado por logros tangibles. Impulsado por el aumento de los precios mundiales del petróleo en la primera década de los años 2000, el gobierno de Chávez canalizó las rentas petroleras hacia amplios programas sociales que redujeron drásticamente la pobreza, ampliaron el acceso a la educación y la atención médica, e incorporaron a las poblaciones marginadas a la vida política a través de consejos comunales e iniciativas participativas. El analfabetismo disminuyó, la desnutrición disminuyó y millones de personas obtuvieron acceso a alimentos y atención médica subvencionada por primera vez.
Estas fueron mejoras concretas en las condiciones materiales y explican por qué Chávez mantuvo un genuino apoyo popular hasta bien entrados los últimos años de su presidencia. Cualquier análisis serio debe comenzar reconociendo que el proyecto bolivariano abordó el sufrimiento real y lo hizo de maneras que el anterior gobierno liberal ortodoxo en Venezuela no había hecho.
Debilidades
Sin embargo, estos logros encubrían debilidades estructurales que nunca se resolvieron y que se volvieron decisivas una vez que se evaporaron las condiciones externas favorables.
Venezuela siguió siendo una economía profundamente rentista, dependiente de las exportaciones de petróleo para la abrumadora mayoría de sus ingresos externos e ingresos estatales. La redistribución no se financió con una base productiva transformada, sino con la volatilidad de los ingresos de las materias primas, lo que dejó a las ganancias sociales extremadamente vulnerables a las fluctuaciones de precios que escapan del control nacional.
Las nacionalizaciones, si bien simbólicamente importantes, a menudo no lograron establecer un control obrero democrático ni mecanismos de planificación coherentes, sino que reprodujeron jerarquías burocráticas dentro de la propiedad estatal. La producción nacional se estancó, las importaciones se expandieron y los controles de precios y divisas —introducidos para controlar la inflación y la fuga de capitales— distorsionaron gradualmente los incentivos y diezmaron la capacidad productiva en lugar de reconstruirla.
Mientras tanto, el poder político se centralizó cada vez más en el ejecutivo, con instituciones subordinadas a la presidencia y la disidencia fue vista como una amenaza existencial en lugar de como una fuerza correctiva.
Estas contradicciones no se originaron con Nicolás Maduro, pero su presidencia las expuso e intensificó.
Cuando Maduro asumió el cargo en 2013, el auge mundial de las materias primas había terminado, los precios del petróleo estaban cayendo y el modelo fiscal venezolano ya se encontraba bajo una fuerte presión. En lugar de recalibrar las políticas para afrontar estas realidades, el gobierno redobló los controles, improvisó una expansión monetaria y toleró el deterioro constante de la capacidad estatal. La producción petrolera se colapsó debido a la subinversión crónica, la disfunción gerencial y la politización de instituciones técnicas como PDVSA (Petróleos de Venezuela SA, la empresa estatal venezolana de petróleo y gas).
La hiperinflación se desató cuando el Estado recurrió a la impresión de moneda para cubrir déficits en medio del colapso de la producción. La escasez se volvió endémica, la infraestructura se deterioró y los salarios reales se desplomaron. Mucho antes de que se impusieran las sanciones internacionales más severas, Venezuela ya se encontraba inmersa en una crisis económica, lo que desmiente las afirmaciones de que la presión externa por sí sola explica la catástrofe.
Respuesta política
Al mismo tiempo, la respuesta política a la crisis resultó desastrosa. En lugar de ampliar la participación democrática para enfrentarse al colapso económico, el gobierno de Maduro recurrió cada vez más a la represión, la manipulación legal y la elusión institucional para mantenerse en el poder.
La marginación de la Asamblea Nacional, la erosión de la credibilidad electoral y la criminalización de la disidencia alienaron a amplios segmentos de la población, incluyendo a muchos que alguna vez apoyaron el proyecto bolivariano. Lo que quedaba de la legitimidad de la revolución fue reemplazado progresivamente por la coerción y el clientelismo, socavando la base popular que la había sostenido con Chávez.
El resultado no fue solo un colapso económico, sino también una desintegración social, reflejada en la migración masiva de millones de venezolanos cuya partida debilitó aún más la vida productiva y cívica.
La experiencia venezolana se entiende mejor, no como el fracaso del socialismo, sino como el fracaso de un proyecto de reforma centrado en el Estado y dependiente de las rentas, que nunca eludió las limitaciones estructurales del capitalismo.
La Revolución Bolivariana redistribuyó el excedente sin transformar fundamentalmente las relaciones de producción que lo generaban. Las y los trabajadores eran beneficiarios del gasto estatal, pero rara vez sujetos del poder económico democrático. La planificación era burocrática, no colectiva, y las instituciones populares carecían de la autonomía necesaria para disciplinar al propio Estado.
Cuando llegó la crisis, no existían mecanismos sólidos mediante los cuales la clase trabajadora pudiera intervenir para corregir políticas, reorganizar la producción o exigir responsabilidades a los líderes. La revolución había movilizado a las masas electoral y retóricamente, pero no las había integrado lo suficiente en la gobernabilidad cotidiana de la economía.
La dependencia de las rentas extractivas, combinada con la autoridad centralizada y el débil control obrero, crea un equilibrio frágil que no puede sobrevivir a crisis prolongadas. La burocracia, lejos de ser una herramienta administrativa neutral, tiende en tales condiciones a convertirse en una fuerza conservadora que prioriza la autopreservación institucional sobre los objetivos transformadores.
La corrupción y la ineficiencia no son aberraciones morales en este marco, sino resultados predecibles de la concentración de poder sin contrapesos democráticos. Cuando la legitimidad revolucionaria se basa más en la narrativa histórica y el antagonismo externo que en la mejora material actual, se erosiona rápidamente una vez que el nivel de vida se desploma.
Antiimperialismo
El caso venezolano también expone los límites del antiimperialismo cuando se desvincula de la democracia interna. La oposición a la intervención y las sanciones extranjeras no solo está justificada, sino que es necesaria; sin embargo, no puede sustituir a una gobernabilidad responsable ni excusar la represión interna.
Una política que trata las dificultades populares como daños colaterales en una lucha geopolítica, en última instancia, pierde la lealtad de la misma clase a la que dice representar. La solidaridad internacional no puede sostenerse solo con consignas; depende de la credibilidad de un proyecto que mejore visiblemente la vida de las personas.
Las lecciones extraíbles de aquí son incómodas, pero indispensables para la izquierda marxista.
La redistribución sin transformación estructural es reversible. La propiedad estatal sin control democrático es frágil. Un liderazgo carismático sin instituciones duraderas invita al colapso una vez que el líder desaparece. Y la soberanía económica construida sobre un solo bien no es soberanía en absoluto, sino dependencia con otro nombre.
Venezuela cayó, no porque desafiara al capitalismo global, sino porque lo hizo de forma incompleta, inconsistente y sin construir las bases materiales e institucionales necesarias para superar la crisis.
Nada de esto borra la importancia del movimiento bolivariano ni las verdaderas esperanzas que generó. Al contrario, su tragedia reside precisamente en la distancia entre lo que prometió y lo que finalmente entregó.
Para quienes nos comprometimos con la política emancipadora, el colapso venezolano no debería servir como una advertencia contra la ambición, sino como un recordatorio de que la verdadera transformación requiere más que redistribución, más que retórica y más que el control del Estado.
Requiere de la construcción paciente de un poder económico democrático desde abajo, capaz de sobrevivir tanto a la presión externa como al fracaso interno. Sin eso, incluso las revoluciones más inspiradoras siguen siendo vulnerables a sus propias contradicciones.
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