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Anna Riberas, Marx21

Una militante de Marx21 que trabaja en Correos en Cataluña, explica el problema de la “amazonización” de la entidad.

Afirmar que el sector postal y de entregas es uno de los más precarios de la economía no es una mera expresión.

Sabemos que el proceso de circulación de las mercancías requiere el coste más bajo dentro de la cadena producción-consumo y, por lo tanto, la forma de llevarlo a cabo presupone intrínsecamente la precarización de las condiciones de trabajo.

Tales condiciones empezaron a agravarse en la década de 1990 y posteriormente se agudizaron con el aumento exponencial de la paquetería. La respuesta de los Estados para agilizar las entregas y colaborar con el mercado fue un amplio proceso de desregulación, liberalización y privatización del sector postal.

Las grandes empresas públicas, como Correos, dejaron de operar exclusivamente en los circuitos de entrega y entraron en competencia con nuevos operadores logísticos.

La Unión Europea, en un momento de pleno vigor del neoliberalismo, empezó a preparar el terreno para la nueva realidad que se avecinaba. En 1992, presentó un diagnóstico sobre la ineficiencia del sector postal (Libro Verde del Mercado Postal), justificando la necesidad de una apertura progresiva. Entre 1997 y 2008, publicaron directivas mediante las cuales se rediseñó el sector hasta alcanzar la plena competencia en el mercado interior europeo.

El único elemento que se preserva es el Servicio Postal Universal (SPU), que intenta garantizar a la población los envíos de cartas y paquetería a precios accesibles, con calidad y de forma permanente en todo el territorio.

Los inicios del desmantelamiento

El primer gran impacto en Correos fue su transformación de empresa estatal a Sociedad Anónima en 2001. A partir de ese momento, podía actuar en el mercado como los demás operadores privados y, poco a poco, su área de exclusividad se fue reduciendo hasta quedarse con el SPU, recibiendo financiación pública para garantizarlo.

El cambio de estatus de Correos tuvo un impacto directo en la plantilla. Ya no ingresaban funcionarios, sino personal laboral. Aunque el funcionariado logró preservar sus derechos, para el personal de nuevo ingreso esto significó la sujeción al despido, mayor flexibilidad de horarios y turnos, contratación a tiempo parcial y aumento de la temporalidad y del personal eventual, proceso que los sindicatos denominan “amazonización” de Correos.

Gestiones desastrosas y ajuste estructural

A medida que disminuía la circulación de cartas y crecía el flujo de paquetería, se justificaba la necesidad de un cambio de rumbo en las estrategias de la empresa.

En 2018, Juan Manuel Serrano inició una gestión que llevó a un deterioro general de Correos al emprender un proceso de internacionalización y adaptación del modelo de funcionamiento con énfasis en la paquetería, dejando en segundo plano la función pública.

El resultado, según CCOO y UGT, fueron unas pérdidas acumuladas superiores a los 1.200 millones de euros durante su mandato.

En julio de 2026, Serrano fue imputado en el caso Leire. La investigación también ha puesto el foco en su etapa al frente de Correos y en la contratación de Leire Díez en la empresa pública, dentro de las pesquisas sobre su presunta participación en la trama.

En 2023, empezó la gestión del actual presidente, Pedro Saura, que está llevando a cabo un severo ajuste estructural con la intención declarada de sacar a Correos de los números rojos.

El Plan Estratégico 2024-2028 plantea una profunda reorganización de la empresa y, dentro de él, se está implementando un Nuevo Modelo Operativo con rutas variables, concentración o cierre de centros, traslados, cambios de turno y no cobertura de las ausencias. Un cambio de organización territorial y de flexibilización del trabajo.

Esto está llevando al límite a la plantilla, ya que uno de los pilares es la reducción de la plantilla, bajo el argumento del aumento de la productividad. Según los sindicatos, el aumento de la carga de trabajo, la escasa o casi nula realización de procesos internos —concursos de traslados, conciliación familiar, movilidad de turnos—, el empeoramiento del mantenimiento de los centros de trabajo, la falta de materiales y los incumplimientos en prevención de riesgos laborales tienen como consecuencia el aumento del absentismo, los accidentes y las bajas laborales.

A esto se suma que todavía no se han recuperado las pérdidas salariales acumuladas durante estos años y que los sueldos se acercan cada vez más al salario mínimo interprofesional.

Todo ello forma parte de un mismo cuadro de precarización. Una cartería, por ejemplo, que antes tenía diez carteros y carteras puede encontrarse actualmente trabajando con la mitad del personal, aumentando brutalmente la carga de trabajo.

De acuerdo con el nuevo modelo, también se propone flexibilidad horaria, calendarios estacionales (jornada de 9 horas en temporada alta) y jornadas de martes a sábado.

Aunque se ha renovado la designación de Correos como operador del SPU hasta 2030, garantizando ingresos por parte del Estado, y se han destinado recursos públicos a la recuperación de la empresa, el ajuste estructural está significando un continuo proceso de empeoramiento de las condiciones laborales.

Mientras tanto, Correos continúa con un convenio de 2011-2013, cuando la paquetería no tenía el peso que tiene ahora. Por lo tanto, ese convenio no contempló esta nueva configuración en el día a día de los y las trabajadoras: manipulación de paquetes de mayor peso, volumen y peligrosidad. En el Acuerdo Marco firmado entre la empresa y los sindicatos mayoritarios se delinearon puntos que debían ser negociados, desde las salidas voluntarias hasta la flexibilización que Correos presiona para adoptar.

La aplicación del Nuevo Modelo Operativo está generando ahora nuevas tensiones entre la empresa y los sindicatos. Ahí está la tensión y la lucha de este momento: una lucha para no perder los ya muy limitados derechos de las personas trabajadoras de Correos, cada día más amenazadas.

¿Qué Correos queremos?

Actualmente, una de las principales luchas es reconocer en la práctica diaria a Correos como una empresa estatal prestadora de Servicios de Interés Económico General ante el Estado, las administraciones públicas y la sociedad, por su capilaridad en el territorio, alcanzando los territorios despoblados del Estado español, desatendidos por las empresas privadas; por la proximidad de los y las trabajadoras con los vecinos de cada barrio; y por su experiencia y capacidad para garantizar el Servicio Postal Universal.

Esto implica contar con una plantilla suficiente, no cerrar oficinas, y garantizar condiciones laborales adecuadas y seguras. Significa renovar el convenio con una propuesta de 35 horas, contratación suficiente, contratos de trabajo de calidad —no jornadas parciales—, garantizar el cumplimiento de derechos como la conciliación familiar y cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales para garantizar la salud de su plantilla.

Correos no es Amazon. Es una empresa pública en la que los derechos de su gente trabajadora deben ser una prioridad.

¿Cómo conquistaremos nuestros derechos?

Podemos empezar con el trabajo de hormiga en nuestros centros de trabajo. Poner palabras a nuestro malestar como personas trabajadoras de Correos y, poco a poco, buscar los motivos y pensar estrategias.

Aunque comprendamos los límites de los sindicatos dentro de este sistema, cabe exigirles y presionarlos para que cumplan con sus tareas de organización como nuestros representantes, ya sea en los centros de tratamiento, carterías u oficinas, dándonos respaldo jurídico y formal, así como sobre todo en las luchas.

El trabajo para cambiar nuestra realidad está en nuestro quehacer cotidiano y empieza con nuestra acción diaria, al dialogar con nuestros compañeros y compañeras y ayudar al reconocimiento de nuestra condición de clase trabajadora. Este reconocimiento nos dará fuerza, unión y confianza para hacer huelgas y paralizaciones.

El sector logístico es uno de los más precarios, sí, pero, a la vez, es uno de los que más daño puede hacer al parar las cadenas de suministro y paralizar el circuito producción-consumo.