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Ira Vent, Marx21 Madrid

En abril de 2026, la empresa pública Planifica Madrid compró en “secreto” un ático de 486 metros cuadrados en uno de los barrios más caros de Madrid, Chamberí. El valor: 6,3 millones de euros.

No hubo concurso, ni debate, ni informe al Consejo de Gobierno.

Lo que sí hubo, en julio de 2026, fue una noticia en el periódico El País que desvelaba la compra, el coste y el fin del inmueble que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó como “oficina temporal” para la presidencia mientras se realizaban las obras en la Real Casa de la Moneda.

Lo interesante del asunto no es el ático ni los metros cuadrados, ni siquiera las justificaciones que ha ido dando el Gobierno de la Comunidad de Madrid (en la mayoría de los casos, poco o nada aceradas), lo verdaderamente interesante o preocupante es la lógica política e institucional que ha hecho posible dicha compra.

Exigir explicaciones es una de las formas de respuesta más practicadas en el escenario político y, aunque esa respuesta es muy necesaria, no es suficiente para dibujar el mapa del tejido político, social y empresarial que han hecho realidad los caprichos de la presidente de la Comunidad madrileña.

Por lo general, las explicaciones a las que nos tiene acostumbrados la presidenta y sus medios de comunicación son convertir sus errores en ataques directos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a la completa victimización de su figura. En este caso, y a diferencia de otros, hubo silencios que han hecho sonar alguna que otra alarma, anunciando el posible hartazgo por parte de su “jefe” por sus tropiezos, de cara a las generales de 2027.

Otra respuesta es la fiscalización de los poderes públicos, en este caso, el del Gobierno de la Comunidad. Esta debería ser la vía que nos llevase a entender y dar un juicio fundamentado sobre las posibles responsabilidades que puede o no tener la compra de dicho ático.

Pues bien, lo revelador de esta vía es que muestra a la perfección las impunidades que operan cuando quien se debe fiscalizar es designado por quien debe ser controlado: los votos de la mayoría de PP y Vox en la Asamblea rechazaron la comisión de investigación sobre este caso.

Ahora bien, las relaciones de poder que llevan décadas operando en la Comunidad de Madrid muestran de forma clara y coherente cómo se comporta la lógica neoliberal cuando está en el poder: convierte lo privado en sinónimo de eficiencia mientras garantiza los privilegios privados con el erario público, y todo ello bajo la cobertura de la impunidad.

El ático es una más de la lista de negocios privados financiados con fondos públicos, es la misma lógica que opera cuando están convirtiendo la sanidad pública en cartera de negocio para los de Kiron o Ribera Salud, cuando la educación pública pierde recursos mientras crecen la lista de centros concertados, o cuando las obras de infraestructuras clave son asignadas a dedo bajo el paraguas de la urgencia.

El ático sintetiza a la perfección cómo la derecha de la capital española opera en su Villa Madrid, transfiriendo recursos públicos a circuitos privados. Lo irónico de todo ello es que el privilegio no consiste en comprar el ático, sino en que no haya consecuencias, y ya no decimos a nivel político, como podría ser la dimisión, sino a nivel electoral.

La verdadera respuesta a esta lógica no será ni institucional ni electoral. Lo público debe convertirse en gestión colectiva, transparente y de escrutinio permanente de quienes lo sustentan. Hasta entonces, el ático está en venta; la lógica de la impunidad que lo compró, no.