Xoán Vázquez
El desproporcionado precio de los alquileres es una de las primeras causas del empobrecimiento de la clase trabajadora y de la imposibilidad de los jóvenes de construir proyectos de vida.
En las ciudades turísticas, la situación es aún más grave: los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a las vecinas de sus barrios y precarizan a las trabajadoras del sector.
Pero frente a los gobiernos que protegen los intereses de la patronal inmobiliaria y turística, los sindicatos de inquilinas crecen en las principales ciudades del Estado y sus activistas tienen claro que para acabar con el negocio de la vivienda tienen que lograr con su acción diaria atraer a su lucha a esos millones de personas inquilinas afectadas por unos precios insostenibles y por los abusos de los caseros: no devolución de fianzas, falta de reparaciones, etc.
“Sabemos que convertir la vivienda en un derecho, tras décadas de especulación, es un camino largo”, comenta un activista del Sindicato de Inquilinas de Madrid “pero hay un primer paso claro que es conseguir bajar los alquileres un 50%. En un contexto de precios en constante aumento, lograr una reducción radical supondría un golpe directo al negocio que han montado con nuestras casas, y por tanto un paso decisivo en la consolidación de la vivienda como un derecho”.
Movilización estatal
El pasado 5 de abril, más de 40 ciudades de todo el Estado salieron a la calle bajo el lema: “Acabemos con el negocio de la vivienda” convocados por decenas de organizaciones del movimiento de vivienda del Estado a las que se unieron organizaciones y plataformas aliadas como la Comisión 8 de marzo o el Sindicato de Manteros.
El sonido de miles de llaveros volvió a acompañar las consignas, algunas recuperadas de las movilizaciones de 2006 como “ni casas sin gente, ni gente sin casas” o “fuera rentistas de nuestros barrios”.
Tras las multitudinarias manifestaciones por el derecho a la vivienda que tuvieron lugar el 13 de octubre del pasado año en las principales ciudades del Estado, el notable éxito de la convocatoria del 5 de abril estaba casi asegurado por un método de trabajo que busca el contacto personal y recupera una tradición de lucha que incluye asambleas semanales, las brigadas inquilinas que recorren los barrios y las huelgas de alquileres. Métodos que resultaron efectivos en otros momentos de la lucha por una vivienda digna.
Un poco de historia
Las movilizaciones de los dos últimos dos años han permitido rescatar del olvido algunos momentos relevantes en la defensa del derecho a la vivienda y que ponen de relieve que este derecho es vulnerado y cuestionado en todas las épocas ya sea por condiciones insalubres, desahucios o alquileres abusivos
Los primeros años del siglo XX inauguraron un ciclo de luchas de inquilinos sin precedentes en el Estado español. Surgieron de manera especial en el País Vasco, donde las huelgas de inquilinos, a los que la prensa de la época denomina turbas desenfrenadas, provocaron la declaración del estado de alarma en 1903 y 1905. En un mitin en Bilbao para protestar contra la subida de los alquileres acudieron 20.000 inquilinos que gritaban “¡Abajo los caseros tiranos! y ¡Viva la renta módica!”.
En marzo de 1914 hubo protestas de inquilinos en Bilbao, San Sebastián y València.
Y así llegamos 1931 cuando en Barcelona miles de familias dejaron de pagar los alquileres a la vez.
En los primeros años del siglo XX, Barcelona vivió un crecimiento brutal. Las obras de la Exposición universal de 1929 y las del metro generaron unas expectativas de trabajo que motivaron que miles de familias del sur de la península y de la Catalunya interior, se trasladaran a la ciudad.
Y mientras en varios países europeos se ponían en marcha proyectos sociales de construcción de viviendas, en Barcelona la burguesía impidió la puesta en marcha de planes similares por lo que todas estas familias tuvieron que alojarse en barracones siendo posteriormente realojadas en las conocidas como “Casas baratas”. La Exposición universal había servido de motor económico y demográfico, pero una vez concluida, la caída del sector de la construcción y la crisis mundial dispararon el desempleo en un momento en el que la única prestación pública eran las ayudas para la indigencia.
Es en ese contexto marcado por el desempleo provocado por el crac del 29, la caída del sector de la construcción después de la Exposición universal de 1929 y el encarecimiento de los alquileres y de los precios de los alimentos en un 40% que el sindicato de la construcción de la CNT crea el Comité de Defensa Económica que planteó al Ayuntamiento y a la Cámara de la Propiedad varias demandas como la reducción del precio de los alquileres y parar los desahucios.
El 7 de mayo, en las casas baratas se hizo un llamamiento a la huelga. En agosto ya eran más de cien mil familias obreras las que habían dejado de pagar el alquiler. La movilización se extendió a L’Hospitalet y a Santa Coloma de Gramenet y a barrios como el Clot, el Raval y Sants. Con la extensión de la huelga se endureció la represión y el Gobierno envió a los guardias de asalto que en los desahucios eran los que tiraban los muebles de las familias desalojadas y que no dudaban en disparar contra mujeres embarazadas que se colocaban en la cabecera de las manifestaciones.
Con un saldo de 18 muertos, cientos de heridos y la detención de todo el Comité de Defensa Económica a finales de 1931, se consideró finalizada la huelga que logró varias conquistas: se frenaron los desalojos, miles de familias se ahorraron los alquileres de varios meses, se logró un acuerdo con los pequeños propietarios y sobre todo, se logró el fortalecimiento de la solidaridad vecinal, con líderes como Victoria Ruiz Rodríguez, apodada la Benita y Dolores Maldonado Ruiz.
La vivienda durante la dictadura
Dos frases definen a la perfección la política franquista de vivienda. La primera, atribuida a Franco, dice “Un propietario más es un comunista menos” y la segunda al exministro Arrese “No queremos una España de proletarios sino de propietarios”.
José Candela Ochotorena señala en un artículo reciente sobre el Plan de Vivienda Sindical del franquismo que “en los años cincuenta del siglo XX, se generaron en España las estructuras económicas y sociales que enmarcarían el desarrollo de la construcción y el negocio inmobiliario hasta el pinchazo de la burbuja en 2008… Porque… los años cincuenta supusieron una mutación capitalista del nacionalcatolicismo municipal, que confirió una idiosincrasia típica al negocio inmobiliario en España.”
El II Congreso nacionalsindicalista, convocado en 1951 por José Solís, jefe de los Sindicatos, puso de relieve los problemas de la vivienda y la carestía de la vida, si bien acompañados de discursos triunfalistas sobre el sindicalismo español.
Una serie de artículos publicados en el diario Arriba sacaron a la luz la polémica sobre el atraso de la industria de la construcción, carencias de las industrias auxiliares y, sobre todo, la especulación con el suelo urbano.
En el primero de esos artículos su autor elevaba las carencias de hogares nuevos a construir en 850.000 viviendas. Se apoyaba ese cálculo en datos de la encuesta del INE de 1950, que decía: “solo el 30 por 100 (de las viviendas) son higiénicas, el 42 por 100 son defectuosas y el 28 por 100 francamente insalubres… El actual déficit de vivienda solo afecta a la clase media y a la clase modesta, y en ésta última el déficit es tres veces mayor”.
En 1954 se publicó la Ley de Viviendas de Renta Limitada o Vivienda de Protección Oficial (VPO). A través de la VPO se obligó a los promotores privados a construir un pequeño porcentaje de sus viviendas a un precio menor a cambio de subvenciones públicas. Al ser viviendas en régimen de compraventa, estos inmuebles han terminado por favorecer la especulación al terminar su periodo de protección
Mientras tanto la situación en los suburbios era terrible, pues el despegue industrial de los años cincuenta agudizó la migración interior. La gente abandonaba el campo y se alojaba en infraviviendas, sin desagües ni agua, de las cuales también podían ser desalojadas, dejadas a la intemperie o devueltas a sus pueblos de origen.
En 1957 se creó el Ministerio de la Vivienda y el Plan de Urgencia Social que trajo como resultado grandes procesos de urbanización en los 60 y 70 y luchas vecinales por unas condiciones de vivienda dignas. Con sus movilizaciones, todos esos barrios lograron la dignidad que la Administración les negaba.
La transición vio consolidarse el modelo de las VPO y después llegó el crédito hipotecario fácil que dio origen a un nuevo ciclo de luchas
V de vivienda y la PAH
La difusión de un correo electrónico anónimo reunió el 14 de mayo de 2006 en Madrid a cerca de 3.000 personas por el derecho a la vivienda. Tras varias concentraciones en otras ciudades, el movimiento se constituyó como Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna, o V de Vivienda, que convocó en julio de ese año manifestaciones en Madrid y Barcelona y en diciembre apoyaron los siete días de lucha social.
Poco después surgió la PAH, que representa años de lucha incansable contra la injusticia habitacional, de resistencia frente a los desahucios, de apoyo mutuo y de conquista de derechos. Desde su nacimiento en 2009, en plena crisis financiera, la PAH ha sido el faro que ha guiado a miles de familias en riesgo de perder su hogar y ha demostrado que la organización colectiva es la herramienta más poderosa para transformar la realidad.
Cuando organizaron su primera asamblea, vivíamos en un contexto de crisis hipotecaria y de ejecuciones de desahucios masivas de viviendas. La burbuja inmobiliaria, alimentada por bancos irresponsables y políticas neoliberales, estalló dejando a miles de familias en la calle y con una deuda impagable que las condenaba de por vida.
La PAH se constituyó como un espacio de apoyo mutuo y acción directa para defender el derecho a la vivienda y visibilizar la violencia económica ejercida por los bancos y una legislación criminal. En poco tiempo se convirtieron en un movimiento masivo que se extendió por todo el Estado, llegando a sumar más de 250 asambleas, convencidas de que era necesario cambiar las cosas.
Los fondos buitre
En 2019 comenzó una de las protestas más numerosas en el Estado español contra los fondos buitre, en la que centenares de familias en Madrid, Barcelona y municipios a su alrededor como Badalona o Terrassa, se organizaron para plantar cara a subidas de hasta el 80% del alquiler y exigir una negociación colectiva.
Las familias vivían en bloques de pisos que había comprado en su totalidad el fondo buitre Azora, de los más grandes que operan en el Estado y conocido por estar gestionado por el hijo de José María Aznar.
En la actualidad el tema de la vivienda está marcado por las importantes movilizaciones de los últimos meses en las que actúan como dinamizadores de las protestas el precio de los alquileres y la masificación de apartamentos turísticos.
En las luchas actuales y venideras, será importante recordar y aplicar la lección clave de este largo siglo de luchas por la vivienda digna: que la clave es precisamente la lucha colectiva y amplia, la movilización desde abajo, y que, sin esto, las instituciones no nos regalarán nada.
