El primero de junio del pasado año, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconoció el derecho de las prostitutas a formar un sindicato, dando así la razón a la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) al considerar que sus miembros tienen derecho a sindicarse sin que esto determine “la legalidad (o ilegalidad)” de la actividad, una decisión que corresponde al Poder Legislativo.
La sentencia fue el resultado de un rocambolesco proceso que comenzó el 4 de agosto de 2018 cuando la Dirección General de Trabajo registró los estatutos del sindicato OTRAS, registro que se convirtió en un asunto polémico cuando a finales de agosto se difundió en la prensa la noticia. ¿Cómo un gobierno declaradamente abolicionista permitía la inscripción de un sindicato de trabajadoras sexuales? Lo curioso es que las asociaciones de empresarios y dueños de locales estaban registradas en la D.G de Trabajo desde 2004, eso sí, vía sentencia del Supremo.
Audiencia Nacional
Como si del Camarote de los hermanos Marx se tratara, en todo ese largo proceso han estado involucradas la Audiencia Nacional, la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM), la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP), la Fiscalía, los Ministerios de Trabajo e Igualdad, la expresidenta de la Junta de Andalucía y el presidente del gobierno. Todos ellos formando un frente común abolicionista contra las trabajadoras sexuales.
La decisión de registrar el sindicato OTRAS el 4 de agosto de 2018 le costó el puesto a la directora general de Trabajo, Concepción Pascual. La entonces ministra, Magdalena Valerio, consideró que formalizar su creación en el BOE fue “un gol por la escuadra”.
Con menos cobertura y una semana antes, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) presentaba en Barcelona la primera sección sindical del Estado de trabajadoras sexuales. La sección sindical se ha propuesto que tod@s l@s trabajador@s del sexo del Estado estén sindicadas porque “una puta sindicada es una puta empoderada”.
Sobre este tema tan polémico conversamos con Mónica Blanco, activista de larga tradición y colaboradora en actividades de OTRAS.
¿Crees que normalizar o dignificar la prostitución como un trabajo más supone verdaderamente dignificar a la mujer o realmente solo dignifica la industria del sexo?
Lo primero es definirlo como trabajo sexual y no prostitución, palabra que tiene connotaciones sociales de rechazo. Reconocer que es un trabajo es el primer paso. Hay tener claro que la dignidad no está en la entrepierna, sino que está en que la persona sea libre para desempeñar mil facetas laborales. Si soy libre para vender mis conocimientos para cualquier trabajo también soy libre para alquilar mi cuerpo.
Lo que es indigno es que me quiten la posibilidad de hablar como trabajadora sexual y sí lo hagan otras mujeres en mi nombre, y nos traten como inferiores e incapaces de actuar con un criterio propio.
Y también es indigno el trato de los poderes públicos que permiten que no tengamos derechos y miran para otro lado cuando somos agredidas, insultadas o expulsadas a las afueras de las ciudades. Lo que es indigno es querer lavar la conciencia de esta sociedad solo llevándonos comida y preservativos. Lo que es indigno es no ser consideradas grupo de riesgo para la vacuna de la Covid-19. Lo que es indigno…
¿Qué opinión te merece la afirmación de las abolicionistas de que la prostitución es una forma extrema de violencia de género?
Es querer justificar su actitud como sea. Violencia de género son otras cosas que ya sabemos y se recogen en el Código Penal. Yo decido qué hacer con mi cuerpo, no tienes tú que decidir por mí. Quieren atacar al machismo a través de nosotras. Como mujer me he sentido violentada por salarios de miseria y por la explotación laboral sufrida en muchos trabajos de los considerados “dignos”. Eso sí fue una explotación hacia mi persona.
Los datos que se conocen de aplicación de la Ley Mordaza a las trabajadoras sexuales por “exhibición obscena” hablan de 329 multas en 18 meses ¿Ha cambiado algo la actitud y el trato de la policía con relación a los años 80 y 90?
La “exhibición obscena” la vemos todos los días en nuestros políticos y administradores de lo público en todos sus estamentos. ¿Ver a una mujer en la calle trabajando es obsceno?
Antes era escándalo público y las redadas eran continuas y ahora se ceban con las personas migrantes. Cuando recaudan punitivamente nuestro dinero para las arcas del Estado, parece ser que ese dinero no es inmoral. Intimidan a nuestros clientes para disuadirlos con campañas públicas o con multas. Hemos pasado de las redadas intimidatorias a las multas. Al final nada ha cambiado.
Un buen ejemplo del diferente empeño que pone la policía en reprimir las consideradas diferentes conductas delictivas lo vemos en EEUU.
Según la Oficina de Estadística de Justicia en 2012 hubo 56.000 arrestos por prostitución frente a sólo 18.000 personas por violación. Las cifras estimadas por esa oficina de violaciones superan las 248.000.
Parece que dentro del anteproyecto de ley del Gobierno de libertad sexual está recuperar el castigar la tercería locativa o lucro por alquilar un local o vivienda donde se prostituye una persona. ¿Cómo afectaría esto a las trabajadoras sexuales que comparten casa? ¿y a las trabajadoras sexuales migrantes que tienen dificultades de acceso a vivienda y precisan de compañeras con vivienda para poder trabajar?
Como no pueden prohibir la libertad de movimientos de las trabajadoras sexuales en la calle, tratan de que todo lo que se relacione con nosotras sea penalizado. La inclusión de la tercería locativa hará que nuestra situación sea crítica y nadie quiera alquilarnos nada por miedo a las multas, empobreciendo aún más a las mujeres, promocionando la clandestinidad, fomentando las mafias y haciéndonos dependientes de los dueños de los locales y, además, sin derechos laborales.
La aplicación del modelo sueco de criminalizar al cliente ¿supone no solamente una disminución de ingresos, sino también un mayor peligro e inseguridad a la hora de trabajar?
La criminalización del cliente supone para nosotras no solo mayores dificultades para ganarnos la vida, sino el riesgo añadido de que el cliente busque lugares alejados de la intervención policial; lugares en los que nosotras estamos más indefensas.
Somos las nuevas esclavas sociales de ciertas ideologías hipócritas que ni siquiera dejan que nos expresemos en los foros de debate como sucedió en 2019 en la Universidad de A Coruña. O la estigmatización sufrida cuando participamos en las manifestaciones del 8 de marzo. Así se fomentan las mafias y lo saben.
En las discusiones y debates tanto internos como externos en los que he participado, el modelo que en general goza de mayor aceptación es el de Nueva Zelanda de despenalización y que da a las trabajadoras sexuales la posibilidad de autoorganización, y, sobre todo, de actuar como interlocutoras en todas las elaboraciones legales. La única crítica que podría haber es que no permite a las migrantes ser trabajadoras sexuales.
¿El Estado capitalista que genera precariedad puede, como afirman las abolicionistas de la industria del rescate, dar una salida real a las trabajadoras sexuales que quieren dejar la prostitución?
Me parece perfecto que se pueda elegir entre estar o no en el trabajo sexual, pero las salidas son: una renta mínima que no da casi ni para comer y escasas o nulas salidas laborales.
Entrevista realizada por Xoán Vázquez, militante de Marx21.
