Héctor Sierra
[euskaraz]
78.000 personas salieron a las calles de Bilbao el pasado 14 de enero para demandar «derechos humanos, paz y resolución». Desde 2012, cuando se celebró por primera vez, la manifestación se ha convertido en una tradición anual que alcanzó su punto álgido en 2014 cuando 130.000 abarrotaron las calles después de que la convocatoria fuese prohibida por el sistema judicial español.
Los manifestantes en Bilbao han exigido reiteradamente el final de las políticas penitenciarias de excepción que se aplican a los prisioneros políticos vascos. Aprobadas a mediados de los 80 por el gobierno de Felipe González, las nuevas medidas carcelarias formaron parte de una nueva estrategia contra ETA.
Como se sabe hoy, la línea impulsada por el PSOE hasta ese momento había consistido en la creación de cuerpos parapoliciales (GAL) y colaboración con grupos de extrema derecha para perseguir y ejecutar miembros de la banda. En contra de lo que se cree, esta estrategia, heredada directamente del franquismo, no se abandonó por tener un coste político para el gobierno sino porque Francia, donde la mayoría de estas operaciones ilegales se producían, dejó de reconocer a los militantes vascos como refugiados políticos y se prestó a colaborar con la persecución.
Las políticas de excepción pusieron en el punto de mira al elemento más vulnerable de la organización: sus cientos de presos. Empeorando sus condiciones y aislándoles de su entorno (familiares, amigos, equipo legal y otros militantes), el aparato del Estado, con éxito en algunos casos, intentó que los prisioneros se desvinculasen y condenaran públicamente a su organización a cambio de un tratamiento más favorable.
Las medidas incluyen sentencias alargadas, presos con enfermedades graves o terminales siendo mantenidos en prisión y la dispersión: los presos políticos vascos no son encarcelados cerca de su lugar de residencia sino a kilómetros de distancia a lo largo de las geografía española y francesa.
Una vez al mes, familiares y amigos recorren estas distancias para una visita de 40 minutos. 16 personas han muerto a lo largo de los años en accidentes de tráfico. Otros pueden ser interceptados por la policía, acosados o descubrir después de un viaje de veinte horas que no se les permite hacer la visita.
En octubre de 2011, ETA anunció un alto al fuego incondicional y su compromiso a disolverse y destruir sus arsenales. Cinco años después, estas políticas inhumanas continúan en vigor. En el momento en que se escriben estas líneas hay aún 349 presos diseminados a lo largo y ancho del sistema penitenciario español y francés.
Dictadura y transición
En 1982, durante unas jornadas internacionales sobre lucha antiterrorista, un alto cargo del ejército español lamentó que durante los pasados 150 años no había habido una sola generación de vascos que no hubiese contemplado a sus compatriotas a través de la mira de un fusil. ETA fue la última manifestación de esta tendencia. Creada a finales de 1950, durante las siguientes cinco décadas sus militantes lucharían por la instauración de un estado vasco socialista e independiente y provocarían con sus acciones más de 800 muertes.
ETA gozó de cierto apoyo durante los años finales de la dictadura, no sólo en el País Vasco y Navarra sino en la mayoría del movimiento antifranquista, gracias a operaciones contra altos cargos del ejército y policías torturadores o secuestros de empresarios cuyos trabajadores estaban en huelga. Especialmente celebrado fue el asesinato en 1973 del almirante Carrero Blanco. Con el coche del almirante saltó también por los aires el sueño de una transición sin exabruptos tras la muerte de Franco.
Hoy en día la opinión dominante en círculos de izquierda es que las acciones de ETA, como las de otros grupos similares, podían justificarse hasta cierto punto durante la dictadura, pero fueron indefendibles una vez el periodo democrático comenzó. Estas narraciones ignoran tres hechos fundamentales:
En primer lugar, la constitución de 1978 fue boicoteada con éxito en el País Vasco. La participación fue muy baja e incluso entre los que votaron sólo un 30% lo hizo favorablemente. Sin embargo la constitución fue impuesta, como lo sería la OTAN en 1986 a pesar de un voto mayoritario en contra.
En segundo, ETA combatió ferozmente el viejo régimen fascista, pero para el grupo el final del franquismo siempre fue un medio y no un fin. El objetivo detrás de sus acciones era la instauración de un estado socialista e independiente de España y Francia. La nueva constitución fue diseñada cuidadosamente para prevenir cualquiera de las dos posibilidades, confiando al ejército la defensa de la unidad nacional.
En tercero, tanto el PSOE como el PCE, cediendo a las exigencias del bloque franquista, abandonaron la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos en el Estado español, que como parte del movimiento antifranquista habían apoyado.
Si bien nada de esto conduce a la conclusión inevitable de que la lucha armada era el único camino a viable, estos factores demuestran por qué había pocas razones para que aquellos que bajo Franco habían apoyado a ETA dejaran de hacerlo en los nuevos tiempos. Asimismo explican la supervivencia de la banda a lo largo de tantos años.
Aislamiento
Conforme los años avanzaron y España se convirtió en pleno miembro de la Unión Europea, las dificultades de ETA para llevar a cabo sus operaciones se acrecentaron. Atrapada en la lógica de un conflicto militar, la banda progresivamente renunció a la selectividad de sus objetivos en nombre de la efectividad. Cuanto mayor la represión en el País Vasco, más violentas se volvieron sus acciones.
Como resultado, el apoyo popular se desplomó. A partir de los años noventa, consecutivos gobiernos socialistas y conservadores aprovecharon la coyuntura. El venenoso discurso que pronto se convirtió en un mantra en los medios de comunicación fue que el problema no era el terrorismo, sino el deseo de independencia que lo impulsaba. Los demócratas debían poner a un lado sus diferencias y unir fuerzas para contra la amenaza secesionista.
Cualquier desviación de este discurso pasó a denunciarse como traición y un insulto a las víctimas de ETA. Poco a poco se forjó una atmósfera en la que ilegalizar partidos políticos, cerrar por la fuerza periódicos en euskera, detenar a sindicalistas o torturar periodistas se convirtió en algo aceptable.
Los hechos de Altsasu el pasado diciembre, donde varios jóvenes involucrados en una pelea de bar con varios Guardias Civiles fueron arrestados, encarcelados y van a ser juzgados por actos terroristas, demuestra que esa atmósfera no ha desaparecid.
Muchas de estas injusticias podrían haberse impedido si la izquierda española hubiese estado preparada para actuar con valentía y en solidaridad. La mayoría de las veces, sin embargo, el silencio ha sido ensordecedor. La mezcla de un análisis desastroso y el miedo a costes electorales llevó a los líderes de Izquierda Unida a marchar codo con codo con las figuras más raccionarias del nacionalismo español en manifestaciones anti-ETA impulsadas por el PP.
La naturaleza de la lucha armada
Sin embargo, el comportamiento cobarde e insolidario de la izquierda española o la brutal represión de consecutivos gobiernos no es suficiente para explicar por qué el Movimiento Vasco de Liberación Nacional no consiguió ganar. En su lugar, debemos examinar los límites de la estrategia que durante demasiadas décadas la mayor parte del movimiento respaldó.
La organización en los puestos de trabajo crea el potencial para la acción colectiva y el despertar de la conciencia de clase. Un proyecto revolucionario que descansa en la acción de un grupo armado, que por su naturaleza debe ser clandestino y pequeño, conduce, si acaso, al apoyo pasivo de las masas a las heroicas acciones llevadas a cabo por unos pocos.
Por otro lado, la subordinación de los sectores políticos del movimiento a los militares imposibilita la existencia de una verdadera democracia interna: crea una jerarquía de militantes en la que aquellos que más arriesgan son a menudo los que tienen la última palabra en asuntos importantes.
Además, como ya se ha explicado, la existencia a largo plazo de la lucha armada hizo posible al Estado neutralizar a la izquierda con una facilidad que no habrían tenido en otras circunstancias.
Las implicaciones a largo plazo de la lucha armada, sin embargo, se harían dolorosamente visibles en años recientes. Tras la crisis financiera de 2007-2008 y la posterior agenda de austeridad impulsada igualmente por el PSOE y el PP, un extraordinario movimiento civil por la independencia estalló en Catalunya, donde millones han participado en manifestaciones y la presión popular condujo en 2015 a la creación de una mayoría parlamentaria comprometida a soltar amarras con el Estado español.
Activistas en Euskal Herria han contemplado con admiración e impotencia estos eventos sin ser capaces por ahora de poner en marcha un proceso similar. Cuando la coyuntura se presentó, la sociedad vasco-navarra se encontraba atrapada en una dinámica muy diferente a la catalana y las redes y mecanismos que hubieran posibilitado movilizar a la sociedad no existían o habían sido pulverizadas. Como resultado, a diferencia de la burguesía catalana, el PNV no se ha encontrado bajo suficiente presión para dar pasos hacia la independencia.
El alto al fuego
El último proceso de negociación entre ETA y el gobierno español se frustró en 2006, torpedeado por los conservadores y asociaciones de víctimas controladas por la derecha pero también por la falta de una visión unitaria en la izquierda radical vasca y el creciente cisma entre los que apostaban por la continuidad de la lucha armada y los que defendían un cambio de ciclo.
Tras el fracaso de las negociaciones, Otegi junto con otros dieron comienzo a un largo debate interno con el que esperaron convencer al conjunto del movimiento de que la lucha armada debía desaparecer del escenario. El debate no se enmarcó en términos morales, sino, crucialmente, en torno a la cuestión de si la lucha armada era o no eficiente.
No era la primera ocasión en que sectores de la izquierda vasca intentaban dar pasos en esa dirección, pero en este caso, con la mayoría de partidos independentistas expulsados de las instituciones, niveles de represión asfixiantes y una ETA debilitada pero decidida a emprender una nueva campaña, los partidarios del cambio de estrategia ganaron el debate.
Privada de sus últimos nucleos significativos de apoyo, los militantes de ETA perdieron el liderazgo del movimiento y se vieron obligados a anunciar el cese de su actividad.
Poco antes del anuncio, Otegi y aquellos que hicieron posible el nuevo escenario fueron arrestados y pasarían los próximos seis años en prisión.
Sabotaje
La razón detrás de sus detenciones es la misma que explica el hecho de que, después de cinco años, ningún proceso de paz se ha puesto en marcha en Euskal Herria. La clase dominante española se había percatado para entonces de que una ETA de baja intensidad podía ser mucho más beneficiosa para sus intereses que una inexistente, especialmente en un momento cuando los efectos de los recortes comenzaban a hacerse notar y el movimiento 15-M iba tomando forma.
El ejecutivo de Rajoy, en el gobierno desde 2011, continuó como si nada hubiera cambiado: deteniendo militantes de la organización y empeorando las condiciones de los presos, lo que en el pasado había sido suficiente para que ETA interrumpiera una tregua.
En 2014 un grupo de mediadores internacionales ayudaron a ETA a destruir uno de sus arsenales y difundieron la grabación, con el objetivo de demostrar la voluntad real de la banda a disolverse e instar al gobierno a facilitar el proceso. Los mediadores fueron obligados a testificar en la Audiencia Nacional.
Más recientemente, un grupo de activistas, sindicalistas y periodistas en la zona de Euskal Herria bajo dominación francesa fue arrestado mientras llevaban a cabo la destrucción de otro de estos arsenales.
Atónitos expertos en resolución de conflictos han repetido durante los últimos años que no existen precedentes históricos de grupos intentando desarmarse y no pudiendo hacerlo.
Después de cinco años sin explosiones ni tiros, el País Vasco y Navarra continúan siendo zonas increíblemente militarizadas, con una de las mayores proporciones de agentes armados por ciudadanos en toda Europa.
Estos intentos de sabotear el proceso persiguen tres objetivos. Primero, imponen el relato del fin de ETA no como una decisión de la banda o una exigencia de la sociedad vasca, sino como una victoria militar de la clase dominante; segundo, buscan posponer tanto como sea posible la llegada de un escenario donde el proyecto independentista pueda ser defendido bajo los mínimos de libertad que son presumibles en una democracia burguesa; y tercero, justifican la permanencia de las medidas penitenciarias de excepción, y la situación de los presos es usada como chantaje contra las aspiraciones de autodeterminación de la sociedad vasca.
Mientras que en el pasado tanto gobiernos socialistas como conservadores se mostraron interesados en comenzar negociaciones, desde su actual posición de superioridad el PP no ve qué beneficios podría obtener de hacerlo ahora.
La nueva izquierda
Tras el cese de la actividad de ETA, las diferentes sensibilidades de la izquierda independentista presentaron la coalición EH Bildu, que logró evadir el veto consitucional y obtuvo el mayor voto que la izquierda independentista había conseguido en décadas, convirtiéndose en la segunda fuerza tras el PNV en el Parlamento Vasco. La coalición se mantuvo en esa posición en 2016 pese a la potente irrupción de Podemos.
La naturaleza de esta coalición, que une a socialdemócratas (EA, escisión a la izquierda del PNV) con sectores de la izquierda radical, se ha traducido en un movimiento del conjunto de la izquierda vasca hacia posiciones reformistas. La lucha armada ya no existe, pero su cultura política permanece: también ahora unos pocos toman las decisiones, mientras el papel reservado para la mayoría es el de observadores pasivos que periódicamente expresan su respaldo en las urnas.
Como resultado de esta falta de confianza en la mayoría trabajadora, la nueva izquierda vasca ha depositado sus esperanzas en su actividad parlamentaria y en la participación de agentes internacionales como la mejor manera de superar el bloqueo de los gobiernos español y francés.
Sin embargo, sólo acción de masas como la vista en Bilbao y otras de mayor envergadura, que consigan que la posición del gobierno pase de ser beneficiosa a perjudicial, lograrán que la situación de los prisioneros cambie y hará avanzar al movimiento independentista. Una nueva izquierda revolucionaria es urgentemente necesaria para agitar, impulsar estas movilizaciones y defender un proyecto independentista coherente desde una perspectiva socialista.
Revolucionarios en otros lugares del Estado español deberían defender que sólo una defensa inequívoca del derecho de autodeterminación puede solucionar de forma duradera el conflicto en el País Vasco. Su apoyo no debería limitarse a este derehco, sino ir más allá y apostar claramente por la independencia, sea vasca o catalana, por las posibilidades rupturistas que esto desencadenaría tanto en los dos territorios como en el propio Estado español, en un momento en el que la clase dominante española empieza a recuperarse de su peor crisis en décadas.
 

Este texto se publicó originalmente en inglés, en Socialist Review, la revista mensual del SWP, la organización hermana de Marx21.net en Gran Bretaña.