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José Hernández

La celebración de los Juegos Olímpicos (JJOO) suele ser presentada como una oportunidad de desarrollo y modernización para las ciudades anfitrionas.

Sin embargo, detrás de la fachada de progreso y celebración deportiva, se esconden desigualdades que perjudican y excluyen a los sectores más vulnerables de la población.

París 2024 no es una excepción. Las diversas instancias gubernamentales que participan en la organización de los Juegos, se han aliado para disimular estas contradicciones. Para colmo de males, también se han aliado con inversionistas del sector privado a quienes han confiado el desarrollo de las obras y los beneficios que de ellas puedan obtener.

El objetivo compartido radica en deslumbrar a los turistas que habrán de visitar la Ciudad de la Luz durante dichas semanas. Se trata, pues, de una vasta empresa de maquillaje social que esconde la realidad tétrica que viven cada vez más parisinos, aunque no todos. Mientras el ciudadano de a pie sufre el embate de la precariedad (ej. falta de vivienda pública, deterioro del transporte público y condiciones de trabajo cada vez más insoportables) los inversionistas, los acaudalados y las grandes multinacionales disfrutan del maná que fluye a borbotones desde las arcas públicas.

La gentrificación como telón de fondo

Entre las desigualdades que saltan a la vista, sobresale la gentrificación. Ésta se manifiesta de diversas maneras.

En primer lugar, el caos social potencial que se avecina espanta a los residentes que, ante el panorama desolador, optan por abandonar la ciudad para evitar los inconvenientes causados por las multitudes de turistas, a saber: el ruido, la saturación del transporte público y el encarecimiento del coste de vida. Consciente del malestar, el gobierno ha puesto en marcha una campaña de mercadeo que —en lugar de tranquilizar— confirma los temores: “lo importante es anticipar” [el caos de los Juegos] y prepararse para ello.

Aunque insoportable, este desplazamiento palidece en importancia si lo comparamos con el asedio a las residencias estudiantiles que han sido requisadas para destinarlas al uso de delegaciones invitadas. Los estudiantes se verán, pues, “invitados” a hacer las maletas y abandonar sus hogares.

Siguiendo la misma lógica de desplazamiento, el gobierno municipal del Partido Socialista ha tomado control de un albergue donde se brinda acogida a menores migrantes sin techo para hospedar la delegación japonesa, país ultrarrico del G7 que muy bien podría costear el hospedaje de su delegación. Nos referimos a la Maison des Métallos, un espacio ocupado hace varios meses por el Colectivo de Jóvenes del Parque de Belleville. Se trata de un colectivo que apoya a aquellos refugiados que se encuentran a la espera de su regularización.

Hay otro tipo de desplazamiento aún más dramático que se escuda en la Ley relativa a la evolución de la vivienda aprobada en 2018. Esta ley permite a los propietarios alquilar vivienda a corto plazo (de 1 a 10 meses). Normalmente, alquilan estas viviendas a estudiantes o a trabajadores en misiones temporales en la ciudad. La flexibilidad de esta ley ultraliberal permite a los propietarios acortar el término de duración del contrato unilateralmente. Haciendo un uso abusivo de la ley, estos últimos han comenzado a cancelar los contratos que se extienden más allá del inicio de los JJOO. De esta manera, optan por alquilar a los turistas que llegarán a París. De paso, duplican o triplican el precio de alquiler. Así, efectivamente, desplazan a estudiantes y personas trabajadoras mientras engordan sus cuentas bancarias.

En fin, no resulta muy absurdo afirmar que las personas sin techo de París también sufren el embate de la gentrificación puesto que muchas de ellas han sido desplazadas por el gobierno a centros de acogida en distintas regiones del país. París tiene muy claro que estará bajo la lupa de periodistas del mundo entero. Por ello, las persigue, las esconde y las desplaza a lugares donde no alteren el maquillaje social que las autoridades han puesto en marcha. En otras palabras, siguiendo el razonamiento de la vitrina, se esconde la fealdad social y se violan los derechos a una vida digna de todas aquellas personas que han quedado rezagadas.

Este clima social degradado afecta a la ciudadanía por un lado y, por el otro, beneficia al sector privado cuyo futuro luce prometedor. Por ejemplo, a pesar de que el Estado ha financiado una buena parte su construcción, la Villa Olímpica quedará en manos del sector privado una vez concluyan los Juegos.

Los recortes al servicio público y la degradación del transporte

La gentrificación viene precedida de importantes recortes en el gasto público que han conducido al deterioro del transporte público.

Allí donde antes había un sistema de metro y autobuses muy robusto, ahora queda un sistema fragilizado en el que el tiempo de espera se alarga por 5, 7 o 9 minutos para coger el metro cuando antes la espera no superaba los 2 minutos en hora punta o 5 minutos en horario nocturno o de fin de semana.

El resultado de la eliminación de puestos y la falta de mantenimiento desemboca en líneas principales atestadas tanto en hora punta como en horario regular. Con la automatización de varias líneas —estrategia que responde al deseo de dificultar las huelgas de los sindicatos y que se traduce en menos empleos— el sistema ha quedado fragilizado y los apagones en medio de los túneles se vuelven cada vez más frecuentes. El personal lo justifica mediante anuncios de “regulación” en la circulación del metro. Pero todos sabemos que se debe al caos instaurado por una automatización precipitada y desorganizada.

La fragilidad del metro constituye otra de las razones por la cuales las personas residentes de la ciudad esperan los Juegos con aprehensión. El impacto será real y el temor bastante bien fundado. Si la ciudadanía es consciente, el gobierno lo es aún más.

Ante la evidencia del reto y para superar dificultades colosales, el gobierno ha puesto en marcha un plan para incentivar el teletrabajo durante los Juegos. El propósito es mantener en sus casas —en una especie de confinamiento voluntario— a las personas trabajadoras de la ciudad mientras se reservan los servicios de transporte para los visitantes.

Conscientes del virtual saqueo —en forma de recortes— al que ha sido sometido el sistema de transporte, el gobierno ha doblado el precio del metro en esta antesala de los Juegos. Esta carga económica la pagará el visitante puesto que el metro de París cuenta con un sistema binario en el que residentes y visitantes pagan tarifas diferentes para ser transportados a los mismos lugares. El metro se vuelve, pues, metáfora y concreción de las grandes dificultades que deberán sufrir tanto las personas residentes como visitantes de la capital francesa.

La pérdida de libertades

Los inconvenientes muy tangibles de la vivienda y el transporte público quedan enmarcados por el inconveniente intangible de la pérdida de movimiento.

En efecto, la movilidad de los parisinos quedará sensiblemente restringida a los barrios donde acogerán competiciones y actividades oficiales. El uso de códigos QR para acceder a espacios públicos será obligatorio para aquella ciudadanía a la que se le permita el acceso. Paralelamente, el gobierno ha desarrollado un poderoso sistema de reconocimiento facial que estrenará durante los Juegos. Ha sido justificado mediante razones de seguridad, pero todos sabemos que el propósito real entronca más con el deseo de controlar a las multitudes, entiéndase en caso de protestas o disturbios.

A este vasto sistema de control de movimientos, se añadirá la presencia de la policía y el ejército en las calles. La ciudad estará virtualmente militarizada como si se encontrase en estado de excepción. Aquí también, el gobierno evoca razones de seguridad, pero todas sabemos que simplemente se aprovecha un evento multitudinario para probar estrategias que restrinjan el libre movimiento. En tiempos normales, dichas estrategias serían frontalmente rechazadas por el conjunto de la sociedad.

Los Juegos como propaganda

En un artículo publicado en l’Humanité, el sociólogo Jean-Marie Brohm afirmó que “los Juegos de París 2024 —pretendidamente ‘ciudadanos’, ‘festivos’, ‘ecológicos’, ‘financieramente estables’ y ‘seguros’— constituyen una vasta campaña de propaganda y de comunicación orquestada por poderosos intereses económicos, políticos e ideológicos asociados a los profesionales de la opinión pública”.  Se trata de una efeméride que beneficia a las multinacionales, a los inversionistas y a los deportistas de élite.

El gobierno, con el pretexto de dinamizar la economía, entrega los recursos del Estado al gran capital por un lado y, por el otro, participa en un juego de influencias que le permite afianzar su poder sobre la ciudadanía a un costo muy alto para las libertades y, sobre todo, para el bienestar general. Mientras se vacían alegremente las arcas para beneficio del capital, las y los obreros libran batallas titánicas para obtener compensación por el exceso de trabajo que inevitablemente requerirán los 15 millones de visitantes que se acercarán a la ciudad.

Hay múltiples anuncios de huelga provenientes de los conductores del metro, de los sanitarios y muchos otros sectores de la clase obrera. Cómo evolucionará la creciente polarización social, queda aún por verse. En todo caso, obreros y sindicatos se han movilizado y están preparando la batalla. No queda excluido que los Juegos terminen siendo Juegos Combativos.


El autor milita en nuestro grupo hermano en Francia, Autonomie de Classe.