Maria Dantas
Es importante que todo el mundo sepa que el 20 de diciembre de 2023, tras ocho años de negociaciones, los Estados de la Unión Europea finalizaron un acuerdo político entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE sobre las principales líneas del futuro Pacto sobre Migración y Asilo (a partir de ahora, PEMA), que comprometerá aún más los derechos humanos y fundamentales.
En abril de 2024, reformarán el Sistema Europeo Común de Asilo, lo que en la práctica supone imponer aún más obstáculos para el acceso al procedimiento de protección internacional.
Los eurodiputados están vendiendo la narrativa de que han alcanzado “un acuerdo histórico para gestionar la migración de manera eficiente y garantizar la solidaridad entre los Estados miembros”.
¡Esa es una gran mentira!
La migración como un elemento mercantil y de seguridad
El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) consta de cinco normas principales que restringen el acceso de las personas que, huyendo de guerras, persecuciones diversas, terribles crisis económicas y climáticas, intentan llegar a la UE.
El nuevo PEMA incluye la creación de centros de detención fronterizos donde las personas pueden ser detenidas por hasta seis meses, e impone un “mecanismo de solidaridad”, que permite a los Estados cumplir con sus cuotas de reubicación o pagar 20.000 euros por persona migrante/refugiada para evitar que se queden en su territorio.
Y no termina aquí, ya que este dinero se invertirá en políticas migratorias más inhumanas que, en lugar de activar canales legales y seguros para que nadie tenga que arriesgar su vida migrando, crearán más obstáculos al derecho de asilo.
El nuevo PEMA es la continuación e intensificación de las políticas europeas de contención y disuasión, centradas en el rechazo y las expulsiones arbitrarias de las personas migrantes/refugiadas en sus fronteras. El objetivo es que gente no llegue y, para conseguirlo ¡los Estados de la Unión Europea están dispuestos a todo, absolutamente a todo!
Se aplicarán novedades terribles e ilegales del PEMA, como el procedimiento de selección, que no cumple con las debidas garantías y aplica criterios discriminatorios; también se inventa una ficción jurídica, el concepto de “pre entrada”, para evitar cumplir con el principio de no devolución, que es una garantía para las personas refugiadas prevista en el artículo 33 de la Convención Relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951, que impide a un Estado devolver a una persona cuando su vida o sus derechos humanos se ven amenazados.
El Comunicado de Prensa enviado por la Comisión Europea, en el cual “se congratula del acuerdo político alcanzado con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo”, es de un cinismo monumental y de una total falta de empatía hacia las personas que necesitan o que desean migrar.
Ni rastro de vías seguras
Las vías legales y seguras son imprescindibles para que las personas puedan acudir a las embajadas y consulados españoles, solicitar protección internacional y para que sean trasladadas a Europa con permisos y sin tener que arriesgar la vida en el mar, saltar la valla, perderse en el desierto, sufrir tortura, cárcel y todo lo demás que conlleva hacer una ruta migratoria.
De hecho, el artículo 38 de la Ley 12/2009, del 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria trata específicamente ese tema:
“Con el fin de atender casos que se presenten fuera del territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la Representación diplomática y corra peligro su integridad física, los Embajadores de España podrán promover el traslado del o de los solicitantes de asilo a España para hacer posible la presentación de la solicitud conforme al procedimiento previsto en esta Ley.
El Reglamento de desarrollo de esta Ley determinará expresamente las condiciones de acceso a las Embajadas y Consulados de los solicitantes, así como el procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a España de los mismos.”
A la medida de la extrema derecha
El discurso principal de la extrema derecha europea es: “migrants, go home!”. En el Estado español, por ejemplo, VOX y Aliança Catalana, hacen de la migración su mayor herramienta electoral, y ganan muchos escaños; ya gobiernan regiones en todo el Estado español y son legitimados por la mayoría de medios de comunicación. Sus programas electorales están centrados, desafortunadamente, en la gestión de las migraciones de los gobiernos de centro derecha, e incluso de centro izquierda.
Es difícil de explicar —y digerir— que la masacre de decenas de personas migrantes en la frontera entre Melilla y Nador (2022), la devolución de menores migrantes no acompañados (Ceuta, 2021); las 6.618 personas muertas intentando llegar al Estado español por la frontera occidental euroafricana en 2023, las más de 500.000 personas que continúan sin papeles; las devoluciones y criminalización de ciudadanos activistas por su condición de musulmanes; y un largo etcétera. Es muy difícil pensar que todo eso ocurrió en un Estado gobernado por la social democracia y los y las que se dicen estar a su izquierda.
El nuevo PEMA suspende, de facto, el derecho a la protección internacional; avala las devoluciones en caliente; externaliza y militariza muchas más fronteras. Pero todo esto lo hace con buenas palabras y gestos pulidos de los partidos de la hegemonía liberal europea.
Legitiman los programas electorales de los ultras.
¿Qué dicen las entidades y la mayoría de la clase trabajadora?
Más de 200 entidades sociales defensoras de los derechos humanos presentaron un manifiesto, que fue firmado por muchísimas personas de todo el Estado español, en contra de la propuesta del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo.
Denuncian que: su base son las fronteras como espacios en los que no aplica la legalidad; comporta una mayor discriminación y menos garantías de acceso al asilo; normaliza las detenciones masivas, incluso de menores; es un sistema indiscriminado de expulsiones exprés; habrá más presión en los países de paso para llegar a la UE; es un sistema injusto de solidaridad a la carta; dará vía libre en los países de la UE para saltarse las obligaciones internacionales; hay una mayor criminalización de las personas que migran; pone herramientas digitales para la vigilancia masiva de las personas migradas; evita la aplicación de vías legales y seguras y delega la gestión migratoria en terceros países…
Capitalismo neoliberal, migraciones y racismo
Una frase de la canción del Movimiento RegularizaciónYa, dice: “Qué rareza, que ilegales son las personas y no sus riquezas”.
Esta parte de la canción resume la dicotomía entre la movilidad necesaria de la fuerza laboral con el capitalismo, que está relacionada con el carácter mercantil que asume la capacidad de trabajo de las personas; y las migraciones internacionales de dicha fuerza de trabajo que se encuentran con rigurosas delimitaciones territoriales: las fronteras de todo tipo; las físicas, las legales, las que imponen el racismo y la xenofobia, entre muchas otras.
Las condiciones en las que las personas trabajadoras migrantes y refugiadas, que están extremadamente precarizadas y sometidas a explotación laboral, señalan la forma en la que la dinámica capitalista actual se ve retroalimentada por la esclavitud y el racismo contemporáneos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que:
Artículo 13:
- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
- Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
En la práctica, las personas no tienen reconocido su derecho a migrar libremente a otro país para desarrollar, también libremente, su fuerza de trabajo. En el Estado español, por ejemplo, se dan con la frente en el muro de la Ley de Extranjería, los protocolos y las circulares administrativas antinmigrantes.
El capitalismo neoliberal, lejos de crear mecanismos para las vías de migración legales y seguras, con una base en los derechos humanos y fundamentales, decidió, desde hace décadas, conectar el derecho humano y universal a migrar, a la libre circulación, en función de las necesidades y demandas del mercado laboral.
Migración circular, la propuesta estrella
La contratación en origen, la propuesta estrella del actual gobierno español, se materializa en la migración circular. Ésta no es nada más ni nada menos que una visión mercantilista de las personas migrantes, que siempre han tenido los Estados-nación. Así, naturalizan el pasado colonial —cada día más presente— en las relaciones bilaterales, en los tratados de cooperación migratoria y de libre comercio entre el norte y el sur global.
Las migraciones circulares, caracterizadas por la idea del retorno al país de origen y la repetición del movimiento migratorio, tal y como apunta Gualda Caballero en su libro Migración circular en tiempos de crisis. Mujeres de Europa del Este y Africanas en la provincia de Huelva, 2012. (Papers. 97/13.), “marcan y dirigen el desarrollo de los procesos migratorios, limitando el poder de decisión de las personas migrantes. Volver al origen o seguir en el país de destino no es una opción para las temporeras marroquíes. El retorno es la única posibilidad.”
El Gobierno español no contempla aprobar la ILP RegularizacónYa, para regularizar de forma extraordinaria la situación administrativa de más de 500.000 personas; sin embargo, continúa haciendo propaganda de “proyectos piloto cofinanciados por la Unión Europea a través del mecanismo Migration Partnership Facility (MPF), que busca fortalecer las relaciones sobre la base de una colaboración reforzada en materia de migración regular”. Es decir, Migración Circular.
Sobre el tema, recomiendo bastante la lectura de los informes de las compañeras “Jornaleras de Huelva en lucha”, que llevan años denunciando la contratación en origen, la migración circular, por: discriminación en la selección en origen; incumplimientos en material laboral; incumplimientos en material de prevención de riesgos laborales; vulneraciones de derechos fundamentales; discriminación por razón de sexo y acoso sexual; indicios de trata laboral; ausencia de dispositivos para el asesoramiento de derechos; insuficientes actuaciones de la inspección laboral; insuficientes actuaciones judiciales y el ninguneo de las administraciones competentes que no erradican las vulneraciones de derechos que padecen las trabajadoras marroquíes en el contexto de la campaña de recolección del fruto rojo en Huelva.
Como Marx21 nos oponemos radicalmente al nuevo PEMA.
En pocas palabras: ¡El PEMA mata!
