David Karvala
Como es bien sabido, el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez incluyó el compromiso de efectuar una amnistía para los miles de persones represaliadas por sus actividades políticas alrededor del referéndum de Catalunya.
Se ha montado un enorme escándalo ante una medida democrática que ya estaba tardando. La claca en contra incluye a todos los sospechosos habituales: el PP y VOX compiten entre sí para ver quien grita más fuerte. A ellos se les han sumado varios dinosaurios del PSOE, como Felipe González.
Aún así, parece que Sánchez ha logrado superar la oposición dentro de su partido, en su enésima maniobra de supervivencia.
En todo caso, es un buen momento para hacer balance del “tema catalán”. La triste verdad es que durante todo el procés, casi ninguna fuerza política —ni española ni catalana— ha estado a la altura.
Hemos hablado muchas veces del tema, y no lo repetiremos todo aquí. Ya desde antes del referéndum del 1-O de 2017 señalamos las diferencias de intereses entre la gente trabajadora y la izquierda consecuente, por un lado, y la burguesía y sus partidos, por el otro. De aquí la necesidad de que la izquierda no dependa de alianzas con la derecha. Desde entonces hemos insistido en el tema, una vez tras otra.
Golpes y la derecha
Increíblemente, la derecha repetidamente tilda de “golpistas” a políticos elegidos que intentan llevar a cabo decisiones democráticamente votadas; evidentemente, a diferencia de los golpes militares y fascistas, este “golpe” no les gustó.
Por otro lado, hay que poner en cuestión su “respeto hacia las decisiones judiciales” y su rechazo hacia las amnistías. Resulta que Felipe González concedió 5.944 indultos entre 1982 y 1996. Solo con sus dos mandatos, José María Aznar lo superó, concediendo 5.948 indultos entre 1996 y 2004. Estos incluían a 10 personas condenadas por un secuestro realizado por los GAL —es decir, una acción de terrorismo de Estado— además de muchos casos de corrupción.
El total de 10.720 indultos concedidos desde 1996 superan con creces los tres o cuatro mil casos previstos en la ley de amnistía.
Recordemos, con sus indultos estos ex presidentes anularon decisiones de los tribunales, y no tenemos constancia de que ni ellos mismos ni los jueces se preocupasen por ello.
La única explicación del escándalo actual es que a la derecha y al sistema judicial (“independiente”, recordemos) les caen más bien los del GAL y corruptos diversos que las y los activistas a favor de los derechos democráticos de Catalunya. ¿Quién lo habría pensado?
La izquierda española
Tristemente, a veces, ésta es más españolista que de izquierdas. En 2017, cuando el PP había enviado a 10.000 policías antidisturbios a Catalunya para llevar a cabo ataques brutales, el PSOE en efecto respaldó la represión y la suspensión del gobierno catalán, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Incluso dos años más tarde, Pedro Sánchez volvió a amenazar con otra aplicación del 155.
Entonces, Pablo Iglesias de Podemos criticó la posición del PSOE. Aun así, se notaban las contradicciones dentro del partido morado, entre las promesas radicales iniciales con las que Podemos había reivindicado el legado del movimiento 15M, y el “realismo” electoralista que caracteriza a todo partido reformista.
Ya en 2017, una parte de la dirección expresó preocupación por la pérdida de votos; Carolina Bescansa quería que Podemos “hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas”. Alberto Garzón de Izquierda Unida y el Partido Comunista de España advirtió que “nos van a acusar de cómplices del independentismo”.
Las tensiones en 2017 fueron un preludio de la reciente separación entre Podemos y Sumar.
Y no se trató, ni siquiera entonces, de un choque entre el oportunismo y una defensa coherente de los principios; más bien entre el oportunismo abyecto y el de “nadar y guardarse la ropa”. Pablo Iglesias defendió una posición de “ni independencia ni 155”; totalmente inadecuada en un momento en el que el gobierno del PP llevaba a cabo un golpe constitucional contra el independentismo.
Es evidente que hoy, de Sumar, podemos esperar aún menos.
¿Y la izquierda radical?
Hay que reconocer que la izquierda radical del Estado español respondió de manera muy solidaria en 2017. Desde el sindicalismo más combativo hasta grupos revolucionarios, se volcaron en las acciones de solidaridad con Catalunya frente a la represión. Centenares de representantes de estas organizaciones se unieron a delegaciones internacionales en el encuentro organizado en Barcelona por la iniciativa solidaria “WithCatalonia”, e impulsaron diversas acciones posteriores.
Sin embargo, recientemente, ante el debate sobre la amnistía, han aparecido argumentos matizables, como “amnistía sí, pero no solo para una élite”.
En principio, es correcto que también debería haber amnistía para las personas represaliadas en otros contextos: tanto bajo la Ley de extranjería, como por otras luchas: sindicales, ecologistas, por la vivienda, contra el fascismo, etc. Pero este deseo de una amnistía más amplia no puede ser un motivo para reforzar una de las quejas eternas del españolismo, de que se trata de “privilegios para los catalanes”.
Claramente, se trata de matices. Lo mismo que insistir en la importancia de la clase social al hablar de las opresiones: es totalmente correcto. Pero sabemos que existen sectores de la izquierda que recurren a “la importancia de la lucha de clases” para evitar tomar una posición clara frente a la islamofobia, la transfobia, etc. Hay que asegurarse de que esta apelación a otras causas no sea una excusa para evitar el debate sobre Catalunya.
Un procés que reforzó la izquierda
Dentro de Catalunya, es evidente que el procés y los años de masivas movilizaciones por el derecho a decidir han reforzado a la izquierda.
Durante dos décadas, Convergència i Unió (CiU) fue el partido hegemónico en Catalunya. Sin embargo, entre sus propios casos de corrupción y una inaguantable tensión entre su histórico planteamiento autonomista y el giro hacia la independencia de sus bases pequeñoburgesas, CiU se fragmentó. Desde entonces, han perdido apoyo y han pasado por innumerables cambios de nombre e intentos de reinventarse.
En cambio, Esquerra Republicana, partido independentista de la izquierda reformista, fue ganando apoyo. Donde antes del procés, CiU le había superado en dos, tres, incluso más de cinco veces, en 2015 Esquerra Republicana le hizo el sorpasso electoral. Tras haber sido socio menor en gobiernos de CiU, ERC ahora gobierna Catalunya en solitario.
Mientras, la coalición anticapitalista e independentista CUP creció de manera vertiginosa. En sus orígenes municipales, subió de las 20 concejalías obtenidas en 2007, a una cifra récord de 382. En 2012, lograron entrar en el Parlament catalán con tres escaños, y en 2015 subieron a diez, un resultado inédito para una fuerza declaradamente de izquierda radical.
Todo esto desmiente el argumento de algunos sectores de la izquierda española que intentan presentar la independencia como una causa únicamente de la derecha y la burguesía de Catalunya.
Retrocesos y contradicciones
Sin embargo, el asunto no termina aquí. En los últimos años, la extrema derecha catalanista ha crecido, de ser meros grupúsculos totalmente marginales, ahora existen formaciones con presencia institucional, a destacar la xenófoba alcaldesa de Ripoll.
Y esto, a su vez, y como ocurre en otros países, está llevando a algunos partidos institucionales a imitar sus políticas racistas y reaccionarias. Aquí destaca Junts (la principal encarnación actual de CiU) que recientemente intenta ligar la presencia de migrantes con la “inseguridad” y “delincuentes multireincidentes”. Siempre había voces racistas dentro del centro derecha catalanista; el problema es que ahora el partido como tal se apunta a estas tesis.
Es obvio que un motivo central es la preocupación por perder votos a favor de la extrema derecha.
Pero también que el crecimiento de la xenofobia es fruto de la frustración con el procés. En el otoño de 2017, muchas personas estaban gritando “somos república”. Al ver que se estaban engañando —y quizá los estaban engañando— ahora buscan responsables, y como casi siempre, en el lugar equivocado.
Al racismo y la extrema derecha, hay que combatirlos, y el movimiento unitario Unitat Contra el Feixisme i el Racisme hace tiempo que señala y combate contra los ultras catalanistas.
Pero una izquierda consecuente también debe analizar el fracaso del procés y plantear estrategias ante la situación actual.
¿Qué falló?
Como se ha comentado al principio, hemos hablado de este tema una vez tras otra.
En breve, CiU tenía ilusiones en la posibilidad de cambios dentro del sistema, sin rupturas radicales. Dentro de ERC, algunas personas veían la necesidad de construir alianzas más amplias, pero en el fondo, el partido seguía la misma estrategia de conseguir la independencia mediante acciones institucionales, y sin plantear ningún cambio social real.
La CUP habla de “independencia y socialismo”, pero toda su estrategia para conseguir la independencia se basa en el bloque nacionalista con CiU y ERC, partidos que no van a luchar por el socialismo, más bien todo lo contrario. Estos partidos dejaron claro que no estaban por la labor de ruptura radical, pero la CUP no ha ofrecido ninguna estrategia independiente, simplemente intenta reanimar, con cargas eléctricas de retórica, el bloque nacional.
Lo que ha faltado es una visión de clase, y la comprensión de que la independencia solo tendrá sentido si supone un cambio social fundamental; es más, solo si se ofrece una mejora social real se va a inspirar al conjunto de la clase trabajadora del propio país.
De hecho, para superar la oposición desde el Estado español —jueces, policía, etc.— haría falta contar con una base de apoyo mucho más sólida dentro del resto del Estado. Esto no vendrá de mesas de diálogo con el PSOE, ni de que alguna u otra persona VIP firme un manifiesto.
La única fuerza real que podría aportar este apoyo es la gente trabajadora, y esto a su vez requiere un planteamiento de ruptura con lo que representa el Estado español ahora, y trabajar por establecer conexiones, lo que no se puede hacer en términos nacionalistas, sino de clase y cambio social.
Ahora mismo, no consta que ningún sector de la izquierda pro independencia se plantee una visión así.
¿Ahora qué?
Debemos seguir defendiendo el derecho a decidir, el derecho a romper con el Estado español, pero ahora mismo no puede constituir el eje central para la izquierda radical.
Los crecientes conflictos militares alrededor del mundo, y sobre todo el ataque genocida en Palestina; el caos climático; el auge de la extrema derecha; la pandemia de racismo y sexismo; la crisis económica que acecha, y especialmente los esperados intentos de hacer pagar el precio a la clase trabajadora y la gente pobre… todo esto requerirá mucho trabajo por parte de una izquierda revolucionaria organizada que es ahora bastante reducida.
Pero, insistamos, nada de esto quita la responsabilidad de que, especialmente, la izquierda española, rechace el centralismo español y defienda plenamente los derechos nacionales de Catalunya, lo que ahora mismo significa defender la amnistía frente a una derecha rabiosa.
A Sumar —y también al PSOE— debemos exigirles que respeten los derechos democráticos, pero sin demasiadas ilusiones. Esperemos que Podemos sea más consecuente, pero si quiere mostrar que tiene utilidad ahora, sin mucha presencia institucional, tendrá que hacerlo contribuyendo a la construcción de luchas reales y amplias, no solo con unos tuits o con actividades centradas en su propio partido.
Insistimos, la izquierda —de hecho, todas las personas corrientes del mundo— nos enfrentamos a muchísimos problemas. La independencia de Catalunya no es el número uno. Pero una izquierda en el Estado español que no sea capaz de mantener una visión propia contra el sistema sobre este tema, que tenemos muy cerca de casa, no servirá para mucho ante los retos más globales a los que nos enfrentamos.
