Rodrigo Lombo
En las elecciones del 28 de mayo, el Partido Socialista del primer ministro Pedro Sánchez perdió el poder que ostentaba en importantes ayuntamientos y comunidades autónomas. Tras esta derrota Sánchez convocó apresuradamente para el 23 de julio las elecciones legislativas que se tenían que celebrar en el otoño.
Estas elecciones serán todo un plebiscito para el actual gobierno de coalición con Unidas Podemos —ahora refundado como SUMAR en torno a la ministra de trabajo y vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, militante durante muchos años de IU y el PCE— al que la derecha del PP y el ultraderechista VOX pretenden derrotar.
El gobierno de coalición constituido a finales de 2019 se ha enfrentado a numerosos desafíos: la pandemia mundial de la Covid-19 y sus consecuencias económicas; una erupción volcánica a finales de 2021 en la isla de la Palma, en Canarias; o los efectos de la invasión rusa de Ucrania.
Ha aprobado importantes medidas sociales —gracias a la presión de Unidas Podemos en el Gobierno, y a las exigencias en el Congreso de Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu— como la subida del salario mínimo interprofesional, la ley de vivienda o la ley Trans.
Pero también han intentado contentar a las grandes empresas y a la banca.
En consecuencia, a pesar de estas medidas, la inflación hace que incluso con la subida del salario mínimo, la gente trabajadora sea más pobre: el año pasado los salarios reales bajaron en un 5%, mientras que los beneficios de las empresas se duplicaron. La ley de vivienda no ha puesto topes a los precios del alquiler y los especuladores se siguen aprovechando de la gente. El año pasado el gobierno dio el visto bueno al asesinato de decenas de personas migradas y refugiadas, la mayoría de origen africano, en la frontera entre Melilla y Marruecos; la actuación represiva de la policía marroquí fue una recompensa por el reconocimiento por parte de Sánchez de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. También está el apoyo sin fisuras a la estrategia de la OTAN en la guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania, y el enorme aumento en gasto militar.
La izquierda y los movimientos de base
Cuando nació Podemos en 2014, se presentó como la plasmación política del movimiento 15M, de las huelgas generales, de las Marchas de la Dignidad o del movimiento STOP Desahucios. Aunque nació con un programa reformista radical —prohibición de despidos en empresas con beneficios, nacionalización de sectores estratégicos, el reconocimiento del derecho a decidir de Catalunya…— pronto dio un giro hacia la gobernabilidad, pactando con el PSOE y rebajando el programa inicial.
Mucha gente activista fue cooptada por las instituciones —con el caso paradigmático de Ada Colau, ex activista clave de la PAH, que pasó a ser alcaldesa de Barcelona desde 2015 hasta 2023— y otras muchas personas dejaron de estar activas, se decepcionaron tras simplemente confiar en los políticos electos de Podemos y sus variantes en diferentes territorios.
En consecuencia, ha habido un descenso general en las grandes movilizaciones, aunque algunos, como el movimiento feminista, el LGTBI+, el ecologista o los sindicatos de inquilinos han mantenido el pulso todo este tiempo.
Por tanto, llegamos a un punto en que la izquierda aparece como un elemento sistémico más, mientras que la izquierda revolucionaria es muy débil para impulsar grandes movilizaciones o para empujar al gobierno hacia la adopción de medidas más radicales a favor de las personas corrientes.
La amenaza de la derecha y la extrema derecha
El gran partido de la derecha española, el PP, ha ganado poder institucional en las recientes elecciones locales y autonómicas. Tras desarrollar una oposición basada en mentiras y bulos desde el principio del mandato de la coalición de izquierdas —queriendo rebajar por ejemplo las insuficientes medidas sociales aprobadas o difamando y apoyando acosos como el desarrollado contra el exvicepresidente del gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias y la ministra de igualdad Irene Montero— se presenta como favorito en las elecciones generales del próximo 23 de julio.
Su cabeza de lista, Alberto Núñez Feijóo, fue presidente de Galiza durante 13 años, imponiendo medidas antisociales al pueblo gallego. Un símbolo de ese período es una foto de él con un famoso narcotraficante en un yate, mientras miles de madres enterraban a sus hijos como consecuencia de la drogadicción.
Lo único que promete el PP es la derogación de las medidas sociales de un Gobierno al que han tachado de “social-comunista” por la presencia en el mismo de ministros de Podemos e IU. Pero los gobiernos autonómicos del PP —ahora con VOX— muestran bien cuáles son sus políticas. Intentan desmantelar los servicios públicos, como la amenaza a la sanidad pública en Andalucía. Defienden a los grandes propietarios, convirtiendo las ocupaciones de viviendas vacías —la mayoría, propiedad de los bancos— en un gran terror de que tu casa sea ocupada mientras vas por el pan. Mantienen políticas antiecológicas, por ejemplo, destruyendo ecosistemas naturales como Doñana en Huelva, Andalucía.
Todo esto está agravado por el ascenso de VOX. Con representación a nivel local, autonómico y estatal, se trata de un partido de extrema derecha que acoge a numerosos fascistas que defienden la dictadura de Franco, incluso a históricos neonazis. Es un partido racista que tilda de delincuentes a menores de edad que tuvieron que huir de su país y ahora viven sin apoyo familiar. Es un partido machista que niega la violencia contra las mujeres. Sus primeras medidas al llegar a ayuntamientos y otras instituciones han sido quitar banderas LGTBI+, atacar a lenguas como el catalán o el euskera, entre otras, censurar publicaciones en las bibliotecas, o quitar partidas contra la violencia de género, mientras defienden la propiedad y los derechos de los grandes empresarios y banqueros con políticas económicas neoliberales.
Aun así, hay esperanza
¿Qué esperanza tenemos entonces la gente de izquierdas? Las encuestas no son nada halagüeñas, pero la diferencia de escaños será de unos pocos diputados entre PP-VOX y los miembros del gobierno de coalición y las izquierdas soberanistas e independentistas.
El voto para la izquierda revolucionaria es algo táctico, y ante la falta de una alternativa creíble de la izquierda radical, tenemos que llamar masivamente al voto por la coalición estatal SUMAR, o bien otras opciones a la izquierda del PSOE donde se presenten, como ERC y la CUP en Catalunya, EH Bildu en Euskal Herria, o Adelante Andalucía en Cádiz. Si SUMAR llega a ser tercera fuerza política a nivel estatal, probablemente impediría que se formase un gobierno de derechas con VOX.
Y más allá de ello, tenemos que seguir apoyando cada movilización social por modesta que sea. Y en este ciclo electoral, hay que impulsar el movimiento unitario para parar a VOX. Esta lucha, liderada por Unitat Contra el Feixisme i el Racisme en Catalunya y por movimientos similares, pero más reducidos, en lugares como Andalucía y Asturias, es igual de importante para mandar a VOX al basurero de la historia, del que nunca debería haber salido.
Una versión de este artículo apareció en inglés en Socialist Worker, nuestra publicación hermana en Gran Bretaña.
