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Lo vendieron como “el gobierno más progresista de la historia de la democracia española”. El acuerdo de gobierno incluía compromisos como “la derogación de la ley mordaza, la regulación del precio del alquiler, la Ley de transición ecológica, la Ley Anticorrupción o la derogación de la reforma laboral…”
Aquí no cabe hablar de todos los ámbitos en los que se han traicionado las promesas. Sin ir más lejos, se está produciendo una escalada militar sin precedentes, con la participación (por ahora, a distancia) en una guerra que amenaza con la destrucción planetaria, y un aumento enorme en el gasto en armas.
Aquí nos centraremos en otras cuestiones que también son de vida y muerte, y que son responsabilidad directa del Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su historial durante estos años es suficiente para imposibilitar su permanencia en cualquier gobierno “progresista”.
Racismo: recordemos Melilla
Repasemos brevemente los hechos. El 24 de junio de 2022 un importante grupo de personas refugiadas/migradas intentó cruzar la valla entre el territorio marroquí y Melilla, la ciudad semienclave bajo control español en el norte de África. Buscaban escapar de las violentas redadas de la policía marroquí allá donde malvivían en las colinas cerca de Melilla; redadas que se intensificaron con la mejora en las relaciones hispano-marroquíes.
En ocasiones anteriores la gente había logrado cruzar la valla sin problemas. Ahora la colaboración entre los dos Estados conllevó una brutal represión policial desde ambos lados.
La propia Guardia Civil afirma que dispararon 65 balas de goma y al menos 85 botes de gas. La BBC informa que en un solo lugar las fuerzas de “seguridad” españolas dispararon más de 40 balas de goma en solo 2 minutos, contra personas subidas en una valla de 8 metros de altura. Un superviviente contó que “Les golpearon y cayeron… En el suelo, algunos no se movían”.
Mientras, la policía marroquí asaltaba a la gente refugiada desde el otro lado, con lo cual se encontraba atrapada en medio de dos fuegos. Hubo escenas terribles de cuerpos tirados en el suelo siendo golpeados por policías.
Una investigación independiente afirma que las autoridades españolas y marroquíes colaboraron en aproximadamente 470 devoluciones en caliente. El derecho internacional de asilo exige que se lleve a cabo una investigación completa de la situación de cada individuo: estas devoluciones fueron ilegales.
La BBC afirma que, cuando todo acabó, 24 migrantes habían muerto; según otras fuentes, habría 37 o más muertos. Además, otras 77 personas siguen desaparecidas, con lo cual el total de muertos podría superar el centenar.
Tras toda esta tragedia, Grande-Marlaska declaró en el Congreso que la actuación de la Guardia Civil había sido “proporcionada”, “oportuna”, “absolutamente rigurosa y profesional”. Negó que se hubieran producido muertos en territorio español, aunque todo el complejo en que se produjo la masacre se encuentra en el lado español de la frontera. Declaró “No hubo desatención ni falta de asistencia a personas migrantes”.
En definitiva, mintió ante el Congreso, y justificó lo que había sido una terrible masacre.
Si las muertes las hubiera causado Rusia contra la población ucraniana, o Irán contra manifestantes pro democracia, se habría producido —y con motivos— un escándalo enorme. Pero este caso no produce la misma indignación.
Muchos movimientos antirracistas y de derechos humanos sí exigieron la dimisión de Grande-Marlaska. Esta llamada llegó al Congreso de la mano de varios partidos de izquierdas, socios de investidura. El PP también exigió la dimisión, por motivos oportunistas, por supuesto. Al final, el Congreso reprobó a Marlaska por la masacre de Melilla. Tristemente, Unidas Podemos no solo no exigió su cese, sinó que incluso votó en contra de reprobarlo.
A pesar de sus tuits y declaraciones expresando preocupación, al final la formación se dejó atrapar por su deseo de ser un socio leal del PSOE, en un Gobierno que tiene la responsabilidad política de la muerte de hasta cien personas.
Una izquierda consecuente y antirracista debe mantener la exigencia, aún hoy: ¡Marlaska dimisión!
Racismo: deportaciones
Ya hemos comentado extensamente el caso de Mohamed Said Badaoui, miembro destacado de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de Catalunya, que el pasado noviembre fue deportado a Marruecos —país de donde salió con su familia hace tres décadas, con solo 10 años— en base a un informe policial compuesto de fabricaciones islamófobas.
Mohamed es un activista social conocido en su ciudad, Reus, que recibió el respaldo de su Ayuntamiento, mientras que una llamada de apoyo a Mohamed recibió más de 1.400 adhesiones, incluyendo a más de 160 entidades.
Mohamed nunca tuvo un juicio para poder defenderse y exigir pruebas de las graves (e inventadas) acusaciones contra él. Fue un proceso básicamente administrativo, llevado a cabo bajo la ley de extranjería racista vigente. Su deportación fue una decisión política que dependía, en última instancia, de Fernando Grande-Marlaska.
En esa misma época salieron a la luz dos otros casos de deportaciones a activistas sociales musulmanes. Sabemos que hay muchos más.
Estos años, se han producido otros casos aun más preocupantes.
En 2021, la policía española detuvo a Mohamed Abdellah, un antiguo militar argelino que había denunciado la corrupción dentro de las fuerzas armadas de su país. Por eso en 2018 se exilió en el Estado español y pidió asilo. Pero tres años más tarde, le comunicaron la negación de su petición y acto seguido lo metieron en un CIE para poco después deportarlo a Argelia. Aquí, como él había advertido y temía, sufrió malos tratos y su encarcelación.
En 2022, se produjo otro caso parecido, con la detención y deportación de otro solicitante de asilo argelino que también había denunciado la corrupción, Mohamed Benhalima. Se le denegó el asilo y lo entregaron al régimen autoritario de Argelia, a pesar de que éste ya lo había condenado a muerte.
Hasta hoy, Amnistía Internacional sigue levantando la voz sobre estos casos.
En ambos casos, la responsabilidad de la entrega de estos activistas al régimen al que habían denunciado fue directamente del Ministerio de Interior.
En todos estos casos, los intereses políticos y económicos de los Estados pesaron mucho, y los derechos humanos no contaron para nada. De nuevo, un claro motivo para exigir ¡Marlaska dimisión!
¡Deroguen la Ley Mordaza!
Como se ha comentado arriba, el gobierno de coalición se formó con el compromiso de derogar la “ley mordaza”; llamada en lenguaje orwelliano, la “Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (2015)”. Esta ley había sido señalada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, incluso por mandatarios de la ONU y de la Unión Europea, como una amenaza para los derechos humanos.
Recientemente, una propuesta de reforma parcial presentada por el PNV cayó tras más de un año de trámites y negociaciones en el Congreso.
Jaume Asens, de En Comú Podem, tuiteó que “Es una decepción que el desacuerdo en un 2% impida avanzar en más del 98% acordado. Hoy se votaba la derogación de 36 artículos de la ley mordaza. ERC y Bildu lo han impedido sumando sus votos al PP y VOX.” También señaló que “Al PSOE le ha faltado valentía.”
No es el lugar para un análisis detallado de todos los artículos en cuestión. Es cierto que se había acordado eliminar de la ley bastantes infracciones específicas.
Sin embargo, hay unos grandes “peros”.
Primero, que la promesa era derogar la ley, no retocarla.
Segundo, que ese “2%” que no se había eliminado supone el 70% de las multas aplicadas bajo la Ley Mordaza. Nos referimos al artículo 36.6, la “infracción grave” de “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, y el artículo 37.4, la “infracción leve” de “faltas de respeto y consideración” a agentes de la autoridad. No necesitan los artículos específicos referidos a protestas, identificaciones, registros, trabajadoras sexuales, etc.; les basta con estos artículos indefinidos y abiertos a la interpretación.
Esto no solo le debe preocupar a la izquierda anticapitalista. Ismael Rodrigo Rodríguez, el Presidente de la Federación Española de Naturismo, declaró que:
“Mientras cualquier agente policial pueda imponer una sanción a cualquier ciudadano que él entienda que no le obedece adecuadamente o no lo trata con el respeto debido, nadie en este país puede sentirse libre a la hora de manifestarse, protestar o ejercer sus derechos (incluida la vestimenta) en público. La amenaza constante de arbitrariedad policial desalienta el ejercicio de los derechos fundamentales de un modo inaceptable en democracia.”
Si las fuerzas policiales se destacaran por su respecto total por los derechos humanos, el antirracismo, antisexismo, etc., y si, además, no hubiera ninguna “manzana podrida”, quizá podríamos confiar en que estos artículos se aplicarían de manera justa. Pero sabemos que no es así.
Una investigación muy reciente en la Policía Metropolitana de Londres reveló que “es institucionalmente racista, misógina y homófoba”. En el caso de que se realizase un estudio igualmente profundo de las fuerzas policiales del Estado español —lo que sería una idea excelente— seguramente los resultados no serían muy diferentes.
Otro punto clave de la reforma limitada fue la no-prohibición de las balas de goma. Algunas voces afirman que “quedaba pendiente llegar a un acuerdo” sobre este punto, pero si el Ministerio de Interior se había resistido sobre este tema durante toda la tramitación hasta ahora (seguramente, cediendo a los deseos de las entidades policiales, que a su vez reproducen cada vez más las posiciones de VOX), no hay motivo para pensar que un par de reuniones más fueran a cambiar la situación.
Aún menos cuando resulta que “En 2022, mientras se tramitaba la reforma de la ley mordaza, el Ministerio del Interior adquirió 58.630 pelotas de goma para las unidades antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.” Es decir, material suficiente para casi mil operaciones como la de la masacre de Melilla. El Ministerio de Grande-Marlaska no tenía intención alguna de prohibir estas armas quita-ojos, y a veces mortales. Insistimos: ¡Marlaska dimisión!
Espiando a los movimientos
Se van revelando cada vez más casos de policías infiltrados (y alguna infiltrada) en los movimientos sociales: en Barcelona, Madrid, Sevilla, València…
En las películas, existe la figura heroica del “agente secreto”, que combate a las mafias o evita atentados terribles. Pero aquí se trata de espiar a movimientos ciudadanos que luchan con métodos democráticos por la justicia social. Hay casos de agentes masculinos que han establecido relaciones (supuestamente) afectivas con mujeres en el movimiento. Esto es básicamente violación, como si las hubieran drogado: estas mujeres no consintieron tener sexo con un agente policial.
En este tema podríamos aprender de Gran Bretaña, donde se ha revelado que entre 1970 y 2007, al menos 144 agentes policiales se infiltraron en 124 diferentes organizaciones. Casi todas éstas eran de izquierdas; solo tres grupos de extrema derecha fueron espiados. Por motivos que no se explican, aproximadamente un tercio de todas las infiltraciones fueron en el Socialist Workers Party (SWP), organización hermana en Gran Bretaña de Marx21.
Un caso especialmente terrible es el espionaje llevado a cabo contra la familia de Stephen Lawrence, un joven negro asesinado por ultras en el sureste de Londres en 1993, cerca del local de un partido fascista. La familia realizó una campaña —apoyada, entre otros, por el SWP— para exigir justicia. En vez de investigar a los fascistas, la policía espió la campaña, para combatir mejor las acusaciones de racismo que ésta les hacía.
Por fin, en Gran Bretaña se está llevando a cabo a una investigación oficial sobre el tema. Su primer informe es condenatorio, y sugiere que la unidad espía se debía haber disuelto.
Pero donde un gobierno conservador en Gran Bretaña llegó a reconocer que estas actividades eran cuestionables, y se creó la comisión de investigación, en el Estado español el gobierno de coalición justifica el uso de estos espías: insistimos, contra movimientos sociales que actúan mediante medios democráticos. ¿Quién tiene la última responsabilidad en esto? Grande-Marlaska, que debe dimitir o ser cesado.
Más que individuos
Huelga decir que las injusticias comentadas aquí no son simplemente culpa de una sola persona. El racismo institucional, los abusos policiales, la represión estatal en general… son elementos estructurales del sistema capitalista.
Por tanto, no basta con derogar algunas leyes, ni con cesar a un ministro; no hay solución definitiva sin derribar el sistema entero.
Pero en el contexto actual, con todo lo que se ha comentado arriba —y muchísimos más ejemplos que no han cabido aquí o que aún ni conocemos— la dimisión o cese de Fernando Grande-Marlaska sería una pequeña victoria simbólica, especialmente para las personas que han sufrido estos abusos en carne propia, y sus familias.
No se trata de una exigencia abstracta y ultraminoritaria; lo desean y lo han pedido muchos movimientos sociales, igual que muchos sectores de la izquierda más allá del PSOE. Por tanto, es un objetivo que se podría alcanzar.
Sin embargo, ante esta situación, diferentes sectores de la izquierda y los movimientos cometen lo que nos parecen graves errores.
Por un lado, y como ya se ha comentado, está la reacción de Unidas Podemos (UP).
Gran parte de su militancia seguramente comparte las preocupaciones expresadas arriba, pero UP se ha quedado atrapado en su lealtad institucional. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿para qué sirve su participación en el Gobierno si ni siquiera planta cara ante hechos tan flagrantes? Es un desastre incluso en términos electorales; sus votantes pueden concluir que no tiene sentido votarlos. Si quieres las políticas del PSOE, vota al PSOE. Y si no las quieres, no votes a UP, porque al final, también las apoyarán.
Pero aún más grave, con esta actitud traiciona a los movimientos como el 15M, del que dice ser (en lo que es como mucho una media verdad) heredero y representante.
La trayectoria de Podemos en sus diferentes formas confirma, por enésima vez, las limitaciones de los proyectos institucionales de izquierdas, por muy radicales que puedan ser sus intenciones iniciales. No es la primera vez que una izquierda reformista se somete al chantaje de “la izquierda moderada” (por no decir derecha moderada) y acaba apoyando al sistema. Es cierto que un gobierno del PP y VOX sería aún peor, pero si la izquierda no presenta una alternativa al sistema, abre la puerta para la derecha y la extrema derecha.
También hay un error en el sentido opuesto. Ante el 8 de marzo, varios colectivos de personas racializadas denunciaron, y con mucha razón, diversos ejemplos de racismo institucional y social, incluyendo la masacre de Melilla. En algunos aspectos, sin embargo, su declaración fue más que cuestionable. Por un lado, no es justo hablar del gran y diverso movimiento de mujeres que existe en el Estado español como un bloque monolítico de “feminismo blanco”. Por otro, exigieron “las dimisiones o destituciones de Irene Montero como Ministra de Igualdad y Rita Bosaho como Directora de la DG de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico racial”.
Efectivamente, ponen a Irene Montero y Rita Bosaho en el mismo saco que a Grande-Marlaska. Esto es especialmente injusto en el caso de Rita Bosaho, que tiene un cargo relativamente menor en el Gobierno… aunque es seguramente el cargo más alto en un gobierno español alcanzado hasta ahora por una persona afrodescendiente. Su nombramiento para esta posición fue ampliamente celebrado en los movimientos. La declaración afirma que las firmantes se sienten “traicionadas” tras haber vertido muchas esperanzas en ella.
Aquí se señala el problema de fondo; que no se puede solucionar el racismo estructural —ni mucho menos el capitalismo como sistema— mediante la colocación de “las personas adecuadas” en cargos dentro del sistema. La continuidad del racismo estructural “a pesar de que Rita Bosaho está en el Gobierno” no es el fallo de una persona, sino de una estrategia.
Hace décadas que en EEUU personas negras ocupan altos cargos, desde jefaturas de policía y alcaldías hasta la misma Presidencia con Barack Obama. En cierto sentido, representa un avance, pero no elimina el racismo institucional vigente en ese país. Aún más dramático, Gran Bretaña hoy tiene el gobierno más derechista y racista de la historia, que se propone deportar a buscadores de asilo a Rwanda, aún siendo el primer ministro y la ministra de interior personas racializadas.
En este sentido la exigencia a los sectores criticados de “apartad y dejad paso” —se supone que para que otros individuos ocupen su lugar— no van al centro del problema.
Si exigimos “¡Marlaska Dimisión!”, no es porque alguien aquí quiera ocupar el cargo de Ministro de Interior. Es porque si logramos unir fuerzas alrededor de esta demanda compartida, y presionar colectivamente para conseguirla, será un paso en la construcción del tipo de movimiento que necesitamos para combatir el racismo en todas sus formas, y en definitiva para luchar por un mundo diferente, sin racismo, guerra, injusticia, etc.
Esa es la estrategia que impulsamos desde Marx21, amplias luchas desde abajo, para cambiar el sistema. Si compartes esta visión, súmate a este proyecto.
