Taíza Brito
El 30 de octubre de 2022 pasará a la historia como el día en que Brasil se deshizo del gobierno de muerte del líder de extrema derecha Jair Bolsonaro (PL). Durante los cuatro años que estuvo al frente del gobierno brasileño, el antiguo capitán del ejército fomentó el odio contra la gente opositora y la violencia contra las minorías, tales como los pueblos indígenas, los quilombolas, los negros, la comunidad LGBTIQ+, las mujeres y los pobres, principalmente de las regiones del norte y noreste del país.
Luiz Inácio Lula da Silva, fue elegido por 60.345.999 votantes, es decir, el 50,90% del electorado frente a los 58.206.354 votos recibidos por Bolsonaro, que representan el 49,10% del censo electoral. Así pues, Lula no tiene un escenario fácil de antemano. Además de ganar por un pequeño margen de votos, recibió un Brasil dividido, con la mitad de la población dominada por el odio.
El resultado de esta ebullición, provocada por Bolsonaro y salpimentada con una fábrica de noticias falsas, ampliamente difundidas y consumidas por evangélicos, militares y “brasileños de familia”, se vio el pasado 8 de enero. Fue cuando una horda que predicaba contra el “comunismo” ya favor de la “familia” atacó Brasilia, la sede del gobierno federal, e invadió los edificios de la Presidencia, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF).
Miles de personas que estaban acampadas frente a los cuarteles de las Fuerzas Armadas Brasileñas desde el día de las elecciones presidenciales, se sintieron libres de atacar a la democracia y sus instituciones. Invadieron y destruyeron bienes públicos, con la connivencia de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal.
Miles de ellos han sido detenidos, están siendo procesados y tendrán que pagar por sus delitos. Los bienes públicos están siendo reparados y restaurados. La Presidencia de la República, así como el STF están actuando para restablecer el orden. Pero los bienes destruidos en este cometido no son nada comparado con el legado de muerte de Bolsonaro.
Todo el mundo pensaba que su peor acción había sido durante la pandemia, que consumió la vida de más de 700.000 personas. En ese momento, Bolsonaro estaba en contra de las autoridades sanitarias. Contra la mascarilla, contra las vacunas, contra el confinamiento, fomentando las aglomeraciones y trabajando contra la salud pública.
Genocidio
A mediados de enero de 2023, gracias al periodismo de investigación, Brasil y el mundo se dieron cuenta de la tragedia del pueblo ianomami. Los integrantes de este pueblo indígena, cuya reserva ocupa 9.000 hectáreas cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela, están muriendo de hambre a causa de las acciones de los garimpeiros (mineros ilegales) alentadas por Bolsonaro. Las cifras dan miedo: 570 niños y ianomamis murieron por causas evitables durante los cuatro años de gobierno de la extrema derecha.
Muertos por desnutrición, malaria y enfermedades relacionadas con la contaminación de los ríos y el abandono de la atención médica en medio de las tensiones sociales entre los indígenas y los mineros. Además, existen denuncias de explotación y violencia sexual. La TV Globo, uno de los canales de televisión más importantes de Brasil, emitió el 29 de enero un reportaje en el que los periodistas Sonia Bridi y Paulo Zero mostraron la situación del pueblo ianomami. El caso está siendo investigado por la Policía Federal y existen indicios de delito de genocidio.
Trágicamente, el único caso de condena por genocidio en Brasil también se produjo en tierras ianomamis. Fue en 1993, cuando 16 miembros de la tribu fueron asesinados por mineros sedientos del oro que hay en estas tierras. Cuatro personas fueron condenadas en 1997 por estos hechos, conocidos como la masacre de Haximú, en una sentencia confirmada en 2006 por el STF.
No es ningún secreto, Bolsonaro siempre ha dicho que no era justo que los ianomamis vivieran en una tierra tan rica, que debería ser explotada. En su gobierno, impidió la fiscalización, mintió sobre la atención médica y la atención a esta población en el STF y en la Organización de Estados Americanos (OEA). Recibió a garimpeiros en su despacho y sistemáticamente negó ayuda a los ianomami.
El sufrimiento del pueblo ianomami no es el único. Bolsonaro actuó contra varios colectivos durante su mandato, tal y como se ha destacado al inicio de este artículo. Además, desmanteló las áreas de Cultura, Deportes, Salud y Educación, solo por poner algunos ejemplos.
Para poder ganar, el gobierno de Lula da Silva necesitó una alianza amplia que aglutina a miembros del PT y antiguos enemigos como el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, que en anteriores comicios ya había disputado las elecciones contra Lula por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). En estos momentos, la alianza de Lula reúne un arco de partidos y personas con pensamientos diversos y contradictorios. De momento, esto parece una preocupación menor ante el reto humanitario que tiene ante sí: el nuevo presidente ya ha declarado el estado de emergencia sanitaria en la tierra y ianomami y promete acciones para poner fin en la minería ilegal.
Además, revocó los decretos de Bolsonaro que permitían armar a la población y ahora se restringe la facilidad que había de acceso a las armas. También restableció los Ministerios de Cultura y Deportes, que pueden rescatar a muchos brasileños de la miseria.
Como se ha destacado al principio, el gobierno de Lula no lo tendrá nada fácil, ni es ideal —dado el amplio espectro de fuerzas políticas que aglutina— ante la necesidad de enfrentarse a la extrema derecha. Sin embargo, ya comporta una victoria extraordinaria: detener la política de muerte bolsonarista en varios frentes y sacar al país del pozo de la indigencia moral en la que se encontraba.
Taíza Brito es periodista brasileña, y lleva el blog Mundo Afora
