Las grandes empresas y la derecha intentaron romper el gobierno de Castillo desde el principio, pero las concesiones de éste solo sirvieron para envalentonarlos.
Sophie Squire
Una coalición de grandes empresas y partidos de derecha ha derrocado al presidente peruano Pedro Castillo después de una campaña de casi dos años para romper el gobierno. Fue destituido de su cargo y puesto bajo custodia la noche del miércoles 7 de diciembre después de ser acusado de “violar el orden constitucional”.
Apenas unas horas antes, Castillo había anunciado que “establecería un gobierno de emergencia destinado a restaurar el estado de derecho y la democracia”. Pidió la disolución del Congreso de derechas, nuevas elecciones y la redacción de una nueva constitución.
Fue un intento de evitar otra votación acerca de su destitución, después de que sus concesiones a los patrones y los ataques a la clase trabajadora lo dejaron aislado.
Castillo ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen en junio de 2021 en una segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori. Apoyó a Perú Libre, un partido amplio que incluye a autodenominados marxistas y socialdemócratas, y prometió: “No más pobres en un país rico”.
Las reformas moderadas de Castillo, como una mayor regulación de las grandes corporaciones mineras del país, fueron demasiado para ser digeridas por los patrones y los ricos. Temían que los trabajadores, los pobres y los grupos indígenas quisieran ir más allá.
Pero, ante el asalto de las clases dominantes, la estrategia de Castillo fue apaciguar a los patrones. Descartó a los izquierdistas en una reorganización del gobierno a menos de tres meses tras asumir el cargo. Despidió a Guido Bellido como primer ministro después de que el autodenominado marxista advirtiera a la compañía de gas Camisea que pagara impuestos más altos o se enfrentaría a la nacionalización.
Castillo entregó el ministerio de minería al empresario Eduardo Gonzales para apaciguar a los poderosos patrones del cobre de Perú y descartó a Iber Maravi como ministro de Trabajo.
Inversores
Pedro Francke, que prometía una “economía de mercado popular”, fue nombrado ministro de Hacienda y lanzó una ofensiva de seducción hacia los inversores extranjeros. Anteriormente había trabajado para el Banco Mundial, una institución clave que ha sustentado el orden mundial capitalista liberal dominado por EEUU y que había impulsado políticas de libre mercado.
Castillo dijo que la medida era “a favor de la gobernabilidad”, en otras palabras, para demostrar que gestionaría el Estado peruano sin desafiar al capital. Pero los patrones todavía querían deshacerse de Castillo, así que siguieron más concesiones.
En agosto, Castillo nombró al librecambista y exbanquero central Kurt Burneo como ministro de Finanzas. Después de que éste habiera hablado en una conferencia de jefes mineros en septiembre, éstos lo celebraron. La ausencia de aumentos de impuestos fue una “muy buena noticia”, según Raul Jacob, director financiero de Southern Copper Corporation. “Estamos viendo más sentido común en ciertas áreas del gobierno”.
Castillo no cumplió las promesas que hizo a la gente común durante su campaña electoral. No buscó movilizar el poder de la clase trabajadora en las calles y los lugares de trabajo para enfrentarse al Congreso dominado por la derecha y los patrones. En cambio, ha reprimido las protestas que se han desatado esporádicamente a lo largo del año contra el aumento de los costes del combustible y otros elementos esenciales.
En abril, después de que la policía ya había matado a tiros a cuatro manifestantes, Castillo declaró el estado de emergencia y envió a la policía federal a reprimir a los y las manifestantes. Se vio obligado a retroceder en 24 horas.
Miles de los que votaron por Castillo han protestado en su contra. En la región de Ayacucho, la gente bloqueó las carreteras para exigirle a Castillo que respetase un acuerdo para cerrar varias minas que dañan el medio ambiente en la región.
Barricadas
Apenas el mes pasado, camioneros y agricultores montaron barricadas alrededor de Perú para protestar contra el aumento de los precios del combustible y la escasez de fertilizantes.
Uno de sus primeros actos como presidente fue enviar a Bellido a la provincia de Chumbivilcas. Esto fue un esfuerzo por poner fin a una gran huelga contra el consorcio minero chino MMG Las Bambas, lo que mostró los límites de la estrategia de los que posicionan a la izquierda de Castillo.
Todo esto ha dejado a Castillo sin una base de apoyo masivo, una base que lo podría haber defendido de los ataques de la derecha. Entonces, con el expresidente vulnerable y aislado, la derecha vio su oportunidad de derrocar a Castillo.
La vicepresidenta Dina Boluarte fue juramentada como presidenta la noche del miércoles 7 de diciembre. Boluarte será un par de manos más aceptables para la derecha, especialmente considerando que recientemente se fue de Perú Libre, afirmando que nunca había abrazado su ideología.
La lección de la caída de Castillo no es que sea imposible ganar frente al poder de las grandes empresas, más bien, muestra los límites del “reformismo”. Éste consiste en la idea de que podemos ganar cambios reales orientándonos en las elecciones y trabajando a través de las instituciones del Estado, órganos diseñados para proteger los intereses capitalistas.
En Perú, la esperanza está en que la clase trabajadora se movilice en las calles y, de manera crucial, en los lugares de trabajo. Ahí es donde la gente común tiene el poder social para golpear las ganancias de los patrones, desafiar a su Estado y desmantelar el sistema.
Este artículo apareció en nuestra publicación hermana en Gran Bretaña, Socialist Worker
