José Angel Carrey Torralba
José Ángel es presidente de la Associació Catalana per a la Integració del Cec, una organización en Catalunya con un historial impresionante de luchas por los derechos de las personas invidentes, como el derecho al voto secreto. Escribió este texto en Facebook, y cedió su publicación en nuestra web.
La educación y el trabajo: las dos claves de la verdadera integración emancipadora de las personas ciegas.
El acceso a lo que se llamó “la educación integrada” fue la primera gran batalla de los que creyeron y creímos en nuestra integración real en la sociedad.
Hasta los años 70 del pasado siglo, una persona ciega estaba condenada por su destino a ser una sola cosa: vendedor del cupón. La ONCE le ofrecía una educación residencial en colegios especiales donde la persona ciega, segregada de su entorno familiar y social, convivía con iguales, y adquiría desde los 6 hasta los 18 años la formación académica y de autonomía personal para funcionar en la vida. La mayoría acababan trabajando para la organización en la venta del cupón o en su estructura política y administrativa. Algunos pocos accedían a la formación universitaria y al empleo integrado. Algunas carreras como la fisioterapia, y algunos oficios como el de telefonista, se convirtieron en oportunidades laborales para muchas personas ciegas.
En los 70 y 80, esa situación empezó a cambiar. Un puñado de padres y profesores —como los míos y algunos otros—, así como las obras sociales de algunas entidades bancarias empezaron a creer en nuestra integración real.
Nuestros padres nos apuntaron a la escuela ordinaria, allá donde nos aceptaron, —que en muchos colegios se nos rechazaba—. Se negaron a separarse de nosotros a edad tan temprana, y asumieron el reto y el esfuerzo de educarnos junto a ellos, en el seno de la familia, del barrio, y en la escuela normal.
Esa lucha titánica y en solitario forzó a finales de los 80 que las instituciones del sector, más o menos a regañadientes, aceptaran abandonar el modelo de educación segregada, y apostaran por la llamada “educación integrada”, estableciendo todo un sistema de servicios sociales para apoyarla.
Se ganó la batalla educativa y hoy en día parece una conquista consolidada.
¿Y la integración laboral?
Esa es la gran asignatura pendiente.
Durante muchos años, el modelo de empleo protegido del cupón vigente en el Estado español, que aseguraba a las personas ciegas ingresos por encima de la media, evitó que las generaciones formadas que provenían de la educación integrada lucharan por incorporarse al mercado laboral ordinario. También permitió a las instituciones del sector, y a la sociedad en general, cerrar los ojos al tema de la integración laboral de nuestro colectivo, que quedó en el olvido, y ello a pesar de que los avances tecnológicos la posibilitaban cada vez más. Solo unos pocos nos atrevimos a pelear por ella.
Hoy, cuando la gallina de los huevos de oro del cupón ya no depara un futuro tan prometedor, muchas personas ciegas con formación se plantean la lucha por la integración laboral real en empleos no protegidos, acordes a su formación y capacidades.
Esa es la gran batalla por la integración real y por la emancipación de nuestro colectivo hoy en día, y como en los 70 y 80 la educativa, hay que batallarla contra viento y marea y a veces en precario.
Hay mucho trabajo que hacer. No hay conciencia social en la empresa de nuestras capacidades, y ese desconocimiento nos excluye del acceso al empleo privado. Las instituciones dicen apoyarla, pero no hay políticas decididas a favor de ello.
Es la Administración pública, con sus medidas de discriminación positiva (reserva de plazas para personas con discapacidad, obligación legal de adaptación del puesto de trabajo), quien debería ser refugio y punto de partida de esa lucha concienciadora y emancipadora. Ejemplo de esa integración.
Legalmente así es, y muchas personas ciegas han obtenido empleo en la Administración pública.
Pero no es oro todo lo que reluce, y hay mucho que hacer porque perviven prejuicios seculares que nos discriminan igual que en la empresa privada.
Por una parte, en cuanto al acceso al empleo público, la exigencia legal de certificados de aptitud y compatibilidad entre la discapacidad y las funciones a desempeñar en los puestos de trabajo, tanto por vía EBEP, como a través de la legislación de riesgos laborales, están funcionando como freno discriminatorio para el acceso de nuestro colectivo a las pruebas selectivas y a las plazas reservadas.
Debería ser un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, con unas pruebas diseñadas para que fuesen accesibles y realizables por todos, el único instrumento para medir nuestra capacidad de ejercer el trabajo en la Administración. Pero no es así.
En cuanto al desempeño del puesto de trabajo, la adaptación de los puestos y las aplicaciones internas de la administración pública, en muchos casos nos impiden el desempeño correcto y en igualdad de nuestras obligaciones como trabajadores públicos. En suma, estamos todavía en una integración de baja calidad, y no exenta de cortapisas.
Y ante este panorama, aparece el terrible monstruo de la incapacidad como supuesto derecho de las personas ciegas a cobrar una pensión por el mero hecho de serlo.
La equiparación jurisprudencial de la situación de ceguera legal a la gran invalidez, y el incentivo que desde instituciones y personas se ofrece al colectivo para que solicite una incapacidad y cobre una prestación del Estado en lugar de luchar por mejorar las condiciones de integración en el empleo ordinario, es el mayor crimen y el mayor error colectivo que se ha cometido y comete contra la emancipación social de las personas ciegas y su integración real en la sociedad.
Los que creemos y hemos luchado por la integración educativa primero, y laboral después, y hemos dedicado nuestra vida a avanzar en esa normalidad que merecemos como personas libres, no podemos dejar de sentir vergüenza y tristeza ante esta situación en la que una generación formada y con capacidades, se ve arrastrada a ser una generación ociosa que cobra prestaciones en lugar de contribuir con su esfuerzo y capacidad, y por qué no, con sus cotizaciones, a la mejora de la sociedad.
Generaciones vendrán en el futuro que sufrirán las consecuencias de este disparate, y abominarán de estas actitudes.
Mientras tanto, el efecto pernicioso de esa relajación en la lucha por la integración, de esa apuesta por la incapacitación, es que las garantías de la integración se abandonan.
Pueden pasar cosas como las que se denunciaron ayer, 12 de julio, en la Comissió de Serveis Socials del Ayuntamiento de Barcelona, sin que pase nada.
Ayer, ERC a propuesta de la ACIC, denunció que en las pruebas de acceso a las bolsas de trabajo convocadas por el Ayuntamiento de Barcelona, se había discriminado a nuestro colectivo, al incluir en los exámenes pruebas inaccesibles, pruebas imposibles de realizar por una persona ciega, lo que motivó que la mayoría de aspirantes ciegos abandonase los ejercicios.
Pues bien, el Regidor de turno considera suficientes las medidas adoptadas para adaptar los exámenes y considera que ellos cumplieron con dirigirse a ONCE para su adaptación. Se vulneran nuestros derechos y no pasa nada. Porque la administración se refugia en un discurso de trámite sin molestarse en profundizar en lo ocurrido.
Verdadera integración
Al final la integración laboral no se la cree nadie, y sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra verdadera integración.
Lo peor es que el propio colectivo colabora en ese retroceso histórico que estamos viviendo.
Por eso, es importante no perder la perspectiva. La lucha por la normalidad en todo orden, cultural, económico, social, etc., a que toda persona con discapacidad debe aspirar, incluye de manera inseparable el derecho a un trabajo digno y adaptado.
Si no tenemos claro eso, seguiremos anclados en el paternalismo y la dependencia.
Colgado en el muro de Facebook de José Angel Carrey Torralba, 13 de julio de 2022
