Xoán Vázquez
La desintegración del sector público y los principales problemas a los que se enfrentan los hogares se deben solo en parte a la alta inflación. La crisis actual también pone de manifiesto las consecuencias de décadas de políticas neoliberales.
Según un estudio de The Food Foundation, durante los últimos tres meses en Gran Bretaña, la cantidad de familias que tienen dificultades para alimentarse aumentó en un 57%. Más de siete millones de adultos se saltan comidas o redujeron el tamaño de las raciones y hay 2,6 millones de menores de 18 años que no tienen acceso a una dieta saludable.
En Francia, tras un invierno sin lluvias y una primavera históricamente calurosa, las cosechas estivales se anuncian catastróficas. Un mal augurio para productores y consumidores. Estamos a mediados de mayo y la sequía ya es una amenaza real. La recarga de las capas freáticas acusa un déficit del 20% y el déficit de pluviometría es del 25% comparado con los años 1981 a 2010.
Y mientras tanto, la potencia económica alemana se desmorona. Tras una caída espectacular de su comercio exterior fruto de los confinamientos y una recuperación milagrosa hasta el comienzo de la guerra de Ucrania, el conflicto ha puesto de manifiesto que el milagro alemán no era tal y que la pujanza de su sector industrial se basaba en parte en la energía barata rusa y en sus buenas relaciones comerciales con China. El fuerte impacto de la inflación (del 7,3% en marzo, el nivel más alto desde 1990) anunciada por el grupo de economistas que asesora al gobierno alemán, y el desplome histórico del índice de confianza empresarial, han llevado al gobierno a presentar un plan de emergencia social dirigido a evitar o suavizar la conflictividad social que se avecina.
Según el Banco Central Europeo, la inflación históricamente alta es solo el resultado de una serie de coincidencias y es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a caer.
Alimentos
La inflación empezó a repuntar como consecuencia de los problemas de abastecimiento provocados por la crisis de la Covid.
A eso se sumó el bloqueo del canal de Suez y ahora la guerra en Ucrania, que está haciendo subir no solo los precios de los combustibles sino también los de los alimentos. Además, la burbuja de bitcoin ha contribuido a la escasez de materias primas para los chips informáticos, ya que los criptomineros compran tarjetas gráficas en masa. Se espera que estos problemas persistan hasta 2023.
Cabe preguntarse hasta qué punto estos eventos son en realidad una coincidencia.
Las crecientes tensiones geopolíticas son un factor estructural en el período en el que vivimos, al igual que la aparición de nuevos virus y las malas cosechas como resultado del cambio climático.
La escasez también ofrece oportunidades para los especuladores, que aprovechan con entusiasmo el aumento de los precios, echando leña al fuego y enriqueciéndose con la miseria social.
La nueva austeridad
En el Estado español, cada vez son más las familias que tienen dificultades para afrontar sus gastos cotidianos. Si en 2021 era un 8% de la población, los últimos estudios de solvencia familiar ponen de relieve que ese porcentaje no deja de aumentar, buena prueba de que la crisis se ha instalado de manera permanente en los hogares españoles.
Solo 1 de cada 3 familias vive holgadamente y según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, llenar la cesta de la compra es un 10% más caro que hace un año. De seguir así, en 2022 cada hogar gastará 500 euros más solo en alimentos básicos. El precio de la luz, el gas y los combustibles disparan el IPC, pero los alimentos básicos no se quedan atrás.
La inflación, que alcanzó en el mes de marzo un 9,8%, la tasa más alta desde 1985, tiene causas que son bastante obvias como la capacidad limitada de extracción de petróleo o gas y la especulación con las subidas de precios al consumo muy superiores al incremento real del precio en origen. Pero ambas existían ya antes de la guerra de Ucrania y el conflicto solo las ha agudizado.
Luego está el tema del precio de la luz del que no podemos echarle la culpa a Putin. La fijación de precios en el mercado eléctrico no se realiza con el cálculo del coste real, sino que se paga toda la energía al precio del método de producción más caro.
Parecía que el gobierno comprendía que esto era un despropósito y en septiembre del año pasado aprobaba un decreto temporal para limitar los beneficios de las empresas eléctricas. Mes y medio después, el propio gobierno aprobó otro decreto dejando sin efecto ese recorte de beneficios. Así que Iberdrola pudo cerrar el año pasado con unas ganancias de 3.880 millones de euros, un 7,6% más que en 2020, mientras la gente hacía malabarismos buscando las horas más baratas para poner la lavadora.
El 13 de mayo, en una reunión extraordinaria, el Consejo de Ministros aprobó el mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. La reacción de las empresas eléctricas no se ha hecho esperar y como sucedió el año pasado, han movilizado a sus despachos de abogados para defenderse de lo que han calificado, sin sonrojarse, como “expropiación de sus beneficios y ruptura de las reglas del mercado”.
Apretarnos el cinturón
El aumento del coste de la vida siempre afecta primero y más duramente a las personas más pobres a las que las políticas neoliberales de las últimas décadas han dejado cada vez más vulnerables.
Por un lado, el proyecto neoliberal ha intentado por todos los medios estimular el autoenriquecimiento de las grandes empresas. Como resultado, se limitó la carga fiscal de las empresas y las personas adineradas y se transfirió unilateralmente a las personas empleadas.
De los 701 contribuyentes en el Estado español que declararon en 2019 una fortuna superior a los 30 millones de euros, únicamente 240, el 34% del total, pagaron el impuesto sobre el patrimonio. El resto no lo abonaron por residir en Madrid, la única comunidad autónoma que a día de hoy bonifica el 100%, y por tanto suspende, el impuesto que grava a las grandes fortunas.
Con las reformas laborales, los derechos de las personas trabajadoras fueron recortados para aumentar las ganancias. Y aquí tenemos que incluir también la reforma laboral del “gobierno más progresista de la historia”.
En el primer mes de aplicación en su totalidad de la reforma laboral, las empresas se han dedicado a buscar recetas para preservar la flexibilidad de los contratos temporales, ahora restringidos, Y así nos encontramos con que, de los 698.646 contratos indefinidos suscritos en este mes, más del 60% fueron a tiempo parcial o discontinuos.
Las cosas que benefician a los sectores más precarios e indefensos como las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital o a atención sanitaria a migrantes irregulares se mantienen bajo mínimos. Esto significa que las personas tienen que caminar permanentemente en la cuerda floja para salir adelante y pueden caerse con el más mínimo soplo de viento.
El Estado neoliberal no solo debe ser lo más barato posible, sino también ha de actuar activamente como arma de las grandes empresas en la lucha de clases. Esto ha conducido a la guerra permanente actual contra los pobres.
Congelar precios, no a las personas
Cada día vemos como la electricidad, las hipotecas o los alimentos aumentan sus precios.
Mientras tanto el gobierno hace poco o nada. Esto, a pesar de que tiene el poder de imponer controles máximos de precios y de revertir las políticas que han puesto la especulación por delante de las necesidades de las personas.
Necesitamos protestar y articular plataformas contra el elevado coste de la vida porque el cambio debe ser forzado a través de la lucha, y debe llevarse a cabo tanto a nivel político como económico.
