David Karvala
El caso de espionaje a gran escala conocido como Catalangate es un escándalo enorme.
Según las primeras cifras, reveladas por la entidad canadiense, Citizen Lab, unas 65 personas fueron infectadas o atacadas con programas espía de dos empresas israelíes, NSO Group y Candiru.
Citizen Lab explica que “El software espía penetra de forma encubierta en los teléfonos móviles (y otros dispositivos) y es capaz de leer textos, escuchar llamadas, recopilar contraseñas, rastrear ubicaciones, acceder al micrófono y la cámara del dispositivo de destino y recopilar información de las aplicaciones. También se pueden vigilar las llamadas y los chats encriptados.”
Ambas empresas de vigilancia afirman que sus productos se venden exclusivamente a gobiernos y sólo para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo. Pero en este caso se utilizaron contra dirigentes independentistas, para combatir la autodeterminación de Catalunya.
Se ha utilizado Pegasus contra todos los presidentes catalanes desde 2010, contra diputadas/os, contra líderes de Ómnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, contra varios abogados que ejercían la defensa en los juicios a dirigentes independentistas…
De Catalangate a Moncloagate
La ministra de defensa de la coalición PSOE-Podemos, Margarita Robles, efectivamente justificó el espionaje como arma del Estado contra el deseo de gran parte de la población de Catalunya de decidir su futuro, y expresó su “orgullo” del CNI.
En respuesta a la diputada de la CUP, Mireia Vehí, la ministra se preguntó en el Congreso “¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, corta las vías públicas…?”
Luego las cosas cambiaron. En pleno día festivo madrileño, el 2 de mayo, el gobierno convocó una rueda de prensa urgente para denunciar que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, habían sufrido “escuchas ilícitas y externas” a través del sistema Pegasus. Se ve que esto sí les parecía preocupante.
Aún no sabemos si sus móviles fueron espiados por un gobierno extranjero, o por el propio Estado profundo español, pero es evidente que el problema es aún más amplio que el caso Catalangate.
Indignación
No debemos perder la capacidad de indignarnos ante estos hechos.
Ya sabemos que ocurren cosas malas, pero no debemos permitir que se normalicen. Si nos resignamos y nos callamos, se abre el camino para que los abusos empeoren.
Debemos denunciar estos casos, y muchos más. Los abusos por parte de las supuestas “fuerzas de seguridad” son muy extendidos, y no se limitan a las personas famosas.
Por poner sólo un ejemplo, en el caso de “Raval Vs VOX” se acusan a 8 personas del barrio popular barcelonés de “delitos de odio” a raíz de una protesta vecinal contra VOX. Pues bien, tanto la Policía Nacional Española como los Mossos de Esquadra —la fuerza policial del Govern de Catalunya— llevaron a cabo investigaciones políticas de las personas acusadas, estudiando sus cuentas de redes sociales, recogiendo fotos de cámaras de vigilancia… Incluso reconocen en sus informes la contribución a sus pesquisas de un antiguo líder neonazi.
Todos estos casos son un escándalo, todos deben ser investigados y medidas tomadas para que no vuelvan a ocurrir.
Aun así, se mueve
Pero la necesaria indignación no debe hacernos perder de vista otro hecho muy importante.
Aun con todo este espionaje, el Estado español fue incapaz de evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, la masiva huelga general contra la represión del 3 de octubre, las innumerables manifestaciones enormes…
Lo increíble y reamente impresionante es que ni tan siquiera fueron capaces de encontrar las urnas y papeletas del referéndum. No conocemos los detalles, pero se entiende que la gestión de las urnas sí dependía de acciones discretas por parte de un grupo limitado de personas, y por tanto habría sido potencialmente vulnerable al espionaje. Las escuchas son aún menos efectivas ante las movilizaciones masivas.
Es un hecho que, por ahora al menos, Catalunya no ha conseguido la independencia. Pero esto no se debe a programas espía, ni siquiera a la violencia policial que dejó mil personas heridas el 1-O.
Cambio real
La clave del problema la tenemos en la paradoja de que los partidos del Govern que protestan —con razón— en el caso del Catalangate, son los mismos partidos que envían a los Mossos a reprimir e investigar a activistas de izquierdas.
El fracaso del procés se debe al hecho de que lo han dirigido fuerzas políticas que se echan atrás en los momentos decisivos. No se trata de una falta de valentía personal; ésta la han mostrado al enfrentarse a la cárcel o al exilio. El problema es que los partidos establecidos buscan la independencia sin romper con el sistema que impide la independencia.
Para significar algo, la independencia debería implicar un cambio de modelo social, el paso a una sociedad más justa, basada en las necesidades humanas, y del planeta. Pero los principales dirigentes del procés básicamente quieren cambiar de bandera, dentro del capitalismo.
Sólo con la perspectiva de cambio real se podría “ampliar la base” de verdad, para inspirar a la gran mayoría de la gente trabajadora, y no sólo de Catalunya sino de otras partes de Estado. Sólo así se podrá salir del dilema entre “declaraciones unilaterales” vacías y “mesas de diálogo” que no llevan a ninguna parte.
Y para volver al tema actual. El escándalo de Catalangate revela —una vez más— la cara real del sistema actual. Es un motivo más para la indignación, y para luchar por un sistema diferente.
