Pamela Navarrete
“No son vacaciones, son carencias” es la frase que más sucintamente define una huelga del profesorado que, durante este mes de marzo, ha llenado las calles de Catalunya como señal inequívoca del descontento acumulado por todo el colectivo durante los últimos años.
Se trata de una huelga histórica que ha logrado poner de acuerdo a todos los sindicatos, y gracias a la cual hemos visto ir juntos no solo al personal docente, sino también a las direcciones, al alumnado, a las familias…
“Ya basta” es el grito unánime que empuja un batiburrillo de reivindicaciones que se han ido acumulando a lo largo de los años, desde los primeros recortes, y que ahora son la gasolina de un movimiento que no parece desfallecer, antes al contrario; por cada ofensa de Josep González-Cambray, titular del departamento de educación de la Generalitat de Catalunya, el movimiento crece y se magnifica.
En las últimas semanas ha fracasado el intento de mediación del Departamento de Trabajo en las negociaciones, ante la delirante fuga hacia adelante de la institución. No solo no se aceptan la mayor parte de las reivindicaciones del personal docente, sino que se proponen nuevos cambios difíciles de entender y asumir, como el aumento de las horas de permanencia en los centros.
El contexto, muy resumidamente, es el trabajo ingente e ingrato de docentes que se dejan la piel en un ambiente cada vez más precario y más complicado socialmente. La carga es muy grande, y no se limita solo a la preparación de clases, las correcciones y el contacto con el alumnado. También se añade la carga burocrática, las reuniones, la atención a la diversidad, el trabajo sin libros y, por tanto, la confección de unidades didácticas, de programaciones, de rúbricas de evaluación, la investigación de recursos…
La medida que el departamento ha puesto sobre la mesa, y que ha destapado la Caja de Pandora, ha sido una modificación del calendario que prevé un adelanto del inicio del curso y que obligará a los docentes a alargar las horas de permanencia en el centro durante la primera semana de julio. La decisión se ha tomado sin previo aviso, sin negociación ni consenso, dinamitando la paz social en una muestra de autoritarismo impropio de un gobierno que se define de izquierdas.
Este anuncio, a mediados de curso, ignora todas las circunstancias que hacen, en estos momentos, inviable la preparación del nuevo curso en condiciones. La medida rompe además las reglas del juego en materia laboral; el mes de julio se dedica a la formación y el sueldo, por categoría, es inferior a cambio de estos días de no permanencia en el centro, por lo que es evidente que los docentes perderán derechos.
Sin embargo, ésta no es la única desazón. La imposición de un nuevo currículum —donde tienen más que decir las juntas pedagógicas que el profesorado que tendrá que aplicarlo—, la consolidación de los recortes —con una inversión que se encuentra muy lejos del deseado 6% del PIB, que permitiría acabar con la infrafinanciación de los centros—, el agravio de tener que desplegar un decreto de inclusión sin un céntimo de más, el decreto de plantillas y las discriminaciones que el texto provoca, la no recuperación de los recortes salariales, y un largo etcétera…
Todas estas circunstancias han acabado provocando una decadencia del sistema educativo que ha despertado entre los y las docentes la siguiente incógnita: ¿estamos asistiendo a un desmantelamiento de la red pública, con la degradación de su calidad y a favor de la privatización de la educación? Bueno sería que, antes de conocer la respuesta, pongamos remedio para evitarlo.
Pamela Navarrete trabaja en enseñanza y participó en la huelga.
