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Entrevista a Josep Bel, del sindicato COBAS.

Tú rechazas esta reforma, igual que lo hace COBAS, tu sindicato. ¿Cuáles son vuestros motivos principales?

Los motivos fundamentales son varios.

El primero es que no recupera la capacidad de la Generalitat de autorizar o no los despidos previamente a un ERE, así como la reducción de plazos. Tampoco se acaba con el despido libre.

Antes, cuando un juez declaraba un despido improcedente al trabajador le correspondían 45 días por año (máximo 42 meses de indemnización) y lo han dejado en 33 días por año trabajado con máximo de 24 meses.

Además, antes, si ganabas el juicio, que suele tardar en salir 1 o 2 años, al final cobrabas los salarios de tramitación. Esto se perdió con la reforma del PP y ahora tampoco se recupera.

Otro motivo de rechazo es la facilidad para realizar despidos en empresas con muchos beneficios cuando prevén que estos bajarán un poco, lo que consolida la facilidad para modificar las condiciones de trabajo de las y  los asalariados mediante traslados o una jornada con horario irregular. La flexibilización que siempre quería la derechona la vota este gobierno.

Tampoco hemos recuperado todo lo que había antes sobre la negociación colectiva y se han reducido los plazos para organizar una respuesta cuando hay ERTEs en una empresa, que pasan de 15 a 7 días el periodo de consulta a gente trabajadora de las empresas de más de 50 trabajadores y de 7 a 5 días en los de menos de 50 de plantilla.

¿Es cierto, como dicen CCOO y UGT, que la nueva regulación va a reducir la temporalidad y la precariedad?

Sí, estadísticamente reduce la temporalidad por el cambio a fijos discontinuos que sustituyen a los contratos de obra y servicio, con lo que el número futuro de temporales saldrán similares en % a los de la UE.

Aunque ya veremos la evolución en pocos meses, no se reducirá la precariedad que siempre es un término que agrupa salario, riesgos y salud laboral, tipos de horarios, forzar horas extra no declaradas, no acceder ni a formación ni promoción, etc.

El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo dice la nueva ley que se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Pero no sabemos qué dirán los jueces sobre qué significan períodos determinados o indeterminados en las nuevas sentencias.

Lo peor es que aquellas empresas de trabajo temporal (ETTs), que deseábamos que desaparecieran por ser puro prestamismo laboral, han incrementado sus funciones. Ahora podrán celebrarse contratos fijo-discontinuos entre una ETT y una persona contratada para ser cedida.

Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada.

Ahora pasará que superando los 6 o 12 meses sin ser fijos y la ley dice que deberías serlo, nos seguirá pasando lo mismo, que muchos que llevaban tiempo temporales por estar en fraude de ley no demandaban para pasar a ser fijos por miedo y por la poca indemnización al llevar pocos años y sumarse el coste del abogado. Hace falta doblar el número de inspectores de trabajo para acabar con tanto fraude.

¿Es cierto que refuerza los instrumentos de los marcos estatales frente a los marcos autonómicos en la negociación colectiva?

La debilidad es muy alta en la lucha por convenios dignos en Catalunya. Ahora se recupera la ultraactividad de un convenio para seguir en vigor, transcurrido un año tras terminar su vigencia y sin que se haya acordado un nuevo convenio, aunque las partes deberán someterse a ciertos procedimientos de mediación.

Y si existe pacto expreso, previo o coetáneo, las partes se someterán a los procedimientos de arbitraje regulados por dichos acuerdos interprofesionales, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a ciertos motivos.

La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en muchos casos.

Es decir, si nos organizamos en la empresa y luchamos para conseguir un convenio digno, este es el que prevalece, como siempre fue en la historia de la lucha de clases.

¿Cómo valoras la actuación de Unidas Podemos en el Gobierno? ¿Ha cumplido con sus compromisos?

El desengaño para muchos activistas del conjunto del Estado ha sido muy grande porque el PSOE, tras haber firmado con otros grupos de izquierdas en varios acuerdos que iba a derogar la reforma laboral, nos hemos encontrado que trabajó con la CEOE y Calviño por lo contrario y no por una derogación de aquello negativo que tenía la reforma del PP.

El engaño del PSOE es el mayor ya que en el año 2015, cuando los representantes sindicales de Cobas, CGT, ESK, CIG, etc, de muchos territorios acudimos al Congreso de Diputados con las huelgas de las Contratas de Movistar, los del PSOE nos propusieron y registraron una propuesta de ley que igualaba y obligaba a tener las mismas condiciones laborales a la plantilla de la empresa de contrata que a la empresa principal para la que trabajaba. Imaginar lo que eso significa para contratas de SEAT, Nissan, Telefónica, Endesa, Agbar, Caixabank, BBVA, etc. Se tendrá el mismo convenio del sector, pero no el mismo que la empresa, no es lo mismo el convenio de hostelería para Kellys que el convenio del Hotel Princesa Sofía por ejemplo.

Hay que ser autocríticos por no haber organizado una mejor correlación de fuerzas en la calle estos meses frente al lobby UE-CEOE. Ni CCOO-UGT supo hacerlo el 12 de diciembre con unas ridículas manifestaciones, ni los partidos como ERC, Bildu y BNG han organizado nada de lucha, ni las gentes de Unidos Podemos, ni los sindicatos combativos hemos tenido esa capacidad de movilizar, tan diezmada por el sindicalismo subvencionado y con el desánimo de la pandemia. Hay que volver a las asambleas y a la calle con unidad.

¿Cómo se plantea luchar ante esta situación? ¿Hay posibilidades de impulsar una respuesta amplia, más allá de la izquierda radical de siempre?

En Catalunya, sí se plantea seguir por parte de los 6 sindicatos de la Taula pero con nuestra agenda y prioridades, con nuestros puntos básicos para la lucha, porque el relato de argumentos lo marcan sus poderes mediáticos y sus agendas que ahora seguirán con otras leyes en otros temas graves como la ley de vivienda que ha desilusionado a la PAH, la nueva ley mordaza que hasta Amnistía internacional critica por no derogar la anterior, etc.

Respecto al SMI valoramos los avances, aunque el Parlament dijo que en Catalunya debe ser de 1.200€ y según estudios publicados ya debería ser de 1.450€ al mes y no solo de 1.000€ para vivir dignamente. Los descuentos de IRPF etc. para una persona soltera sin hijos son que con un salario de 1.500€ brutos, solo le quedan 1.200€ limpios.

La subida del IPC por encima del 6% puede ser un detonante, ya que el 65% de los convenios no tienen una cláusula de revisión salarial y solo les han subido el 1%. Veremos a la Marea Pensionista seguir luchando junto a los sindicatos combativos por garantizar el IPC acumulado frente lo impuesto en el pacto de Toledo del IPC medio, que ha significado la pérdida del 3% en 2021 lo que se suma a la pérdida del 10% desde 2008.

Los puntos de los que votaron no en el parlamento o la Taula sindical de Catalunya, en la calle los seguiremos exigiendo en unidad con todos los movimientos sociales anticapitalistas.