No es el sistema eléctrico, es el sistema

David Robles

La instauración de un nuevo sistema de tarificación horaria, el precio mayorista en máximos, los beneficios caídos del cielo, los derechos de emisión disparados, la imposibilidad del gobierno para limitar la subida del precio de la luz o el empleo del gas natural como arma geoestratégica han complicado aún más el sistema eléctrico haciéndolo incomprensible para una inmensa mayoría e impidiendo el acceso a la energía a parte de la ciudadanía.

Nuevo sistema de tarificación

El pasado 1 de junio entró en vigor la nueva estructura tarifaria: nuevos peajes y cargos así como la posibilidad de tener contratadas dos potencias diferentes. La mayor polémica ha sido la instauración de una nueva tabla para la discriminación horaria que pasa a ser obligatoria para todas y todos los consumidores domésticos. Una fórmula que ya existía antes pero que era opcional y que pretende abaratar la factura de la luz, favoreciendo el desplazamiento del consumo a horarios de menor demanda y por consiguiente, kilovatios más baratos. Pero el problema no es la nueva tarificación y que sólo afecta a corto plazo a las y los consumidores acogidos a la tarifa PVPC[1], y centro de la polémica sino el mercado eléctrico en sí.

No pretendemos que entiendas las complejidades de nuestro sistema eléctrico pero analizaremos su funcionamiento: cómo se establecen los precios, quien gana el dinero, como hemos llegado a esta situación, que alternativas tenemos y que contradicciones acarrean estas alternativas.

El aumento del precio del recibo de la luz batiendo récords un día sí y otro también no es una consecuencia directa de la nueva tarificación. Es una tendencia observada desde el inicio de este año y que se acentuó con la tormenta Filomena. En el mes de marzo el recibo medio se encareció un 15% respecto al año pasado y un 16% respecto al mes anterior[2]. La causa de este periodo alcista no es única, pero posiblemente está directamente relacionada con el aumento de los costes de derechos de emisión de CO_2, un encarecimiento del precio del gas natural, además de por el modo en que se fija el precio mayorista del kilovatio a través del sistema marginalista y como no, por la propia estructura del mercado eléctrico, un oligopolio en toda regla.

Sistema marginalista, beneficios caídos del cielo y derechos de emisión

El precio del kilovatio mayorista se establece a través del sistema marginalista. Simplificadamente consiste en pagar el kilovatio de energía producida al precio más caro ofertado, independientemente de los costes variables y el sistema de producción. Es decir, consiste en pagar al mismo precio la electricidad producida en una planta fotovoltaica o eólica, con costes variables próximos a cero que la electricidad producida en una central de carbón o gas natural, con costes de producción mucho más elevados.

El sistema marginalista de fijación de precios, que en momentos de gran producción de energía renovable podría tirar hacia abajo de los precios, se instauró cuando la oferta de renovables era aún escasa y está llevando a un encarecimiento de la factura por los conocidos “beneficios caídos del cielo” y la manipulación del sistema por parte de las grandes energéticas. En el fondo el sistema marginalista es como si todos los productos de nuestra compra semanal en el supermercado se pagasen al precio del producto más caro que compramos: el día que se compra solomillo (gas natural en el mercado eléctrico) pagamos la barra de pan (la fotovoltaica) a precio de solomillo. A esto lo llaman “beneficios caídos del cielo” para la industria eléctrica.

Y el precio del gas natural (el solomillo) no ha dejado de subir. En el mes de abril de 2021 el precio del gas natural ha costado más del tripe que en el año pasado[3] y los derechos de emisión no han dejado de aumentar desde el inicio del año, triplicándose su valor en el mes de abril respecto al mismo mes del año pasado.

Pero ¿qué son los derechos de emisión que encarecen también la factura de la luz? Una de las medidas impuestas por el capitalismo para “frenar” el cambio climático ha sido que el propio mercado regulase las emisiones de gases de efecto invernadero: solventar un problema del mercado capitalista con más mercado. En Europa se autorregula a través de la Emissions Trading Sistem (ETF)[4]. Grandes eléctricas y la gran industria, así como compañías aéreas, tienen asignadas una cantidad tope de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que se va reduciendo año a año. En el caso que quieran emitir más CO₂ del que tienen consignado deben acudir al mercado y comprar los derechos de emisión y su precio, como en todo mercado, varía en función de la oferta y la demanda.

Renovables y las contradicciones del sistema

Producir energía eléctrica mediante el Sol o el viento en principio no es un buen negocio para el sistema capitalista. A un menor valor de cambio de la materia prima la posibilidad de obtener grandes beneficios disminuye. Poco trabajo se puede extraer de las energías renovables y poco beneficio de la venta de la materia prima cuando esta vale casi cero, por tanto poco interés tiene el capitalista en invertir en instalaciones privadas, de ahí la necesidad y el interés por mantener el sistema marginalista.

En los últimos años hemos vivido una caída espectacular del coste de producción de los paneles fotovoltaicos. El precio se ha reducido en un 97% en las dos últimas décadas y se espera que su precio siga bajando entre un 15 y un 20% en los próximos años[5]. Gracias a la economía de escala se ha conseguido esta reducción del precio pero sin la subvención pública para su instalación, en la primera década de este siglo por países como el estado español o Alemania, dicha disminución difícilmente se hubiera producido. Y la paradoja es que de este abaratamiento gracias al estímulo público no se ha beneficiado la ciudadanía sino los especuladores.

La fotovoltaica, pese a la poca capacidad de extracción de plusvalía que hemos explicado, también es un campo de especulación para el capitalismo. La disminución del precio de producción de los paneles fotovoltaicos, en vez de favorecer una democratización de la producción, apoyando la autoproducción o la producción colectiva y garantizando el acceso, ha atraído a especuladores y fondos de inversión extranjeros, invirtiendo en megaparques fotovoltaicos[6].

Los megaproyectos se están construyendo a costa de terrenos productivos agrícolas o de gran valor ecológico, o en zonas despobladas que obligan a tener que transportar la electricidad producida a cientos de kilómetros de distancia, aumentando considerablemente las pérdidas de energía durante el transporte, en vez de fomentar su construcción en suelos improductivos y próximos a los centros de consumo. Una vez más las fuerzas productivas acaban convirtiéndose en fuerzas destructivas.

Un ejemplo, en el valle del Guadalhorce y los alrededores del parque natural de la Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga bajo el lema “renovables sí, pero no así” se está produciendo una rebelión ciudadana contra los 110 de proyectos y 4 megaproyectos previstos en la zona[7] y nacidos a la sombra de la especulación y de los fondos europeos, donde se pretende convertir miles de hectáreas de parajes naturales y tierras de cultivo en huertas solares especulativas.

Frente a la nacionalización, una transición justa

La nacionalización de las eléctricas tampoco es la solución si no incluye un control democrático y se pone al servicio de la ciudadanía. Y no garantiza el control de precios. Por ejemplo, ENEL empresa pública y multinacional distribuidora y productora de energía eléctrica y gas italiana, siendo el accionista mayoritario el gobierno al poseer el ministerio de Economía y Finanzas más del 25% de las acciones no ha podido frenar tampoco en el país transalpino el alza de los precios.

Renovables y fotovoltaica sí, pero no así. Durante 20 años se ha puesto trabas burocráticas a la autoproducción de energía eléctrica, como el llamado impuesto al Sol. Sin estas limitaciones la ciudadanía podría haber cogido ventaja en la autoproducción frente a los grandes especuladores y haber impulsado una verdadera revolución energética. Es necesaria una apuesta firme por la autoproducción y la producción y gestión colectiva, aproximándola a los centros de consumo, la descarbonización, acabar con el modelo marginalista y sobre todo la democratización del sistema.

Por último, indicar que este modelo de transición energética impuesto únicamente beneficia a los grandes inversores y especuladores, nacionales y extranjeros, en detrimento del acceso a las energías limpias por parte de la ciudadanía, contradiciendo de esta forma los planteamientos de una transición justa y democrática.