Xoán Vázquez
“Los pecados ecológicos dañan el hogar de la humanidad”. Así de contundentes fueron las palabras del cura de Xestoso (A Coruña) durante la ceremonia celebrada el pasado 10 de agosto, día de San Lorenzo, patrón del viento. El acto tuvo una enorme repercusión mediática y sirvió para dar a conocer la batalla legal que grupos ecologistas, asociaciones ciudadanas y sindicatos agrarios libran a lo largo y ancho del Estado español para frenar la anunciada ola de nuevos parques eólicos que están tramitando las comunidades autónomas, a los que hay que añadir otros que por su potencia se tramitan en el Ministerio de Transición Ecológica.
El Estado español cuenta con 21.419 aerogeneradores, distribuidos en 1.265 parques eólicos en más de 1.000 municipios, lo que lo sitúa en quinto lugar por detrás de China, EEUU, Alemania e India.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en el Estado y la encargada de difundir sus supuestas bondades y de ocultar los problemas que genera.
Es una estructura con más de 230 empresas asociadas, representa a más del 90% del sector e incluye a promotores, fabricantes de aerogeneradores, consultores, abogados y entidades financieras, así como aseguradoras, entre otros.
Tres son los mantras que su departamento de comunicación repite año tras año.
El primero es que, en la actualidad, la energía eólica cubre el 22% de la energía consumida. Lo que no dice es que los más beneficiados del efecto reductor de la eólica han sido y son los consumidores industriales.
Pero el aumento de los precios de muchas materias primas como el acero y materiales necesarios para los molinos (los chips) elevan los costes de su actividad y ya hay empresas que planean incrementar los precios de las turbinas para compensar.
Otros de los aspectos positivos recalcados por la AEE es que evita la emisión de 29 millones de toneladas de CO2. Lo que omite es que los parques eólicos tienen un impacto directo sobre los usos ganaderos, el paisaje y los hábitats naturales de flora y fauna protegidas, incrementado por las actividades de construcción y transporte de materiales necesarios para su instalación, afectando también a acuíferos y manantiales.
Señalar que tampoco tienen como objetivo la soberanía energética de esos territorios, sino que son, una vez más, acciones especulativas con carácter extractivista y destinadas a la exportación. Algunos están en lo que se conoce como “zonas de sacrificio”, áreas que sufren el impacto ambiental y social de infraestructuras necesarias para alimentar ciudades e industrias, en muchos casos lejanas.
El tercero es que el sector da trabajo a 30.000 personas.
Vulneración de la libertad sindical, utilización “fraudulenta” de la jornada irregular, incumplimiento de los preavisos de cinco días, horas extras no declaradas, mala organización laboral e incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales: estas son algunas de las condiciones laborales que ofrece el sector.
Así, por ejemplo, en el ámbito de riesgos laborales se ha venido reclamando, desde varias empresas del sector, un protocolo de estrés térmico que fijara cómo tenían que actuar con las altas temperaturas que se dan dentro de los molinos.
En algunos casos de accidentes laborales, la inspección de trabajo, tras visitar la instalación, aclara en su informe que “el accidente se produjo cuando el trabajador prestaba servicios en el interior de un aerogenerador a una temperatura cercana a los 45 grados”. Y aclara también que, tras el accidente, “la empresa no ha adoptado ninguna de las medidas de seguridad”.
¿Qué transición energética?
En octubre del 2008, varias asociaciones de cuatro países de la Unión Europea fundaron la Plataforma Europea Contra los Parques Eólicos (European Platform Against Windfarms – EPAW). Ahora la plataforma tiene 1.615 miembros de 31 países, pertenecientes a 550 organizaciones.
El objetivo de la Plataforma es ayudar a sus miembros en sus luchas contra uno o varios proyectos eólicos específicos o para denunciar la ineficacia de los parques eólicos para resolver los problemas de la humanidad y del planeta.
En abril de este año, colectivos de Galiza, Asturias, Cantabria, Zamora, León, Palencia, Burgos, Euskadi, Navarra y La Rioja impulsaron el denominado “Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica”.
Para los colectivos que lo integran, la transición energética hacia un modelo basado en renovables es un compromiso ineludible, y esa transición debe ser justa, socialmente distribuida y respetuosa con la biodiversidad, la geodiversidad y el paisaje. Pero no está siendo así.
El modelo basado en megainstalaciones se aleja completamente de este respeto necesario y de la justa distribución social, al tiempo que representa una amenaza cierta para los últimos espacios vírgenes.
Como señala Alberto Matarán de ATTAC: “Los megaproyectos eólicos que nos venden como sostenibles, generan transformaciones que atentan de manera directa contra el derecho al territorio y con el derecho a existir de las comunidades donde se instalan. Esta nueva forma de expolio incluye en muchos casos pérdidas irreparables de la memoria biocultural que las poblaciones campesinas han ido acumulando durante siglos.”
Por ello sería necesario un plan estratégico verdaderamente participativo, crear comunidades energéticas locales, que generen la energía que se necesite en el territorio e incorporar el excedente a la red, pero con una producción máxima que no duplique el consumo del municipio.
También ven necesario repensar las localizaciones de estas plantas en zonas que no tengan un valor agrícola ni supongan una degradación ambiental.
Deslocalización
Como empresas capitalistas que buscan el mayor beneficio, las eólicas no podían ser ajenas a los procesos de deslocalización. En un artículo publicado en Praza, Miguel Pardo nos habla del desmantelamiento del sector eólico en el norte de Galiza.
LM Composites, Gamesa, Danigal, Alstom… Son algunas de las empresas de la industria vinculada al sector eólico que cerraron en Galiza. Una lista a la que se unirá Vestas, tras anunciar que cesará su producción a finales de año.
Siemens-Gamesa anunció el cierre después de comprar una planta en Portugal, en Aveiro, y Vestas lo hace después de construir un centro de I+D en Porto. Esta última planta recibió apoyo financiero público de fondos comunitarios, además de incentivos fiscales.
“Y es que Portugal facilita al sector eólico suelo industrial casi gratis y localizaciones preferentes al lado de grandes vías de comunicación” señala Pedro Varela profesor de Economía aplicada de la USC. En fin, se trata de la tradicional deslocalización para incrementar los beneficios.
En relación a este tema la profesora de Economía y experta en energía, Rosa Regueiro, quiso recordar que el decreto eólico del gobierno bipartito de la Xunta por lo menos fomenta la participación de la sociedad y de las comunidades locales. En los criterios de valoración para la selección de proyectos se tiene en cuenta el impacto socieconómico, las inversiones en empresas y tecnología, los puestos de trabajo permanentes, las iniciativas para infraestructuras básicas y la participación pública.
