Este texto es la introducción explicativa a una Proposición no de ley en apoyo y solidaridad con el pueblo brasileño en su lucha por la vida, la protección y defensa del medioambiente y de las instituciones democráticas, presentada en el Congreso de los Diputados el 1 de octubre de 2021, con las firmas de muchas y diversas fuerzas políticas del arco parlamentario español.
Maria Dantas
“Tenemos que deshacernos de esta alma de esclavista. Cualquier proyecto político que quiera cambiar este escenario tendrá que pensar en valorar la vida y necesariamente entrar en conflicto con personas que devalúan la vida”
(Silvio Almeida, filósofo y jurista brasileño)
1000 días de pobreza, muerte, hambre, pérdida de derechos e inflación
Debido a los graves acontecimientos que se han venido repitiendo en la República Federativa de Brasil, especialmente durante los últimos 1.000 días, el período de gobierno del actual presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, la crisis del modelo neoliberal ha dado lugar a cifras asombrosas: 14,7 millones de personas en riesgo de pobreza extrema; 14,4 millones de personas desempleadas; 19,1 millones de personas hambrientas; y 595.000 muertes por covid-19 (datos del 29/09/2021).
A estas cifras debe sumarse una cesta básica que subió el 34% en los últimos 12 meses, lo que conlleva que el 41% de la población brasileña se encuentre en situación de hambre o de inseguridad alimentaria.
Es importante resaltar que el actual ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, fue funcionario de la dictadura chilena de Pinochet, a quien expresa habitualmente su admiración por el supuesto “milagro económico”, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia que sitúa a Chile entre los países más desiguales del planeta.
En Brasil se ha producido una enorme crisis en muchos ámbitos desde que empezó el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, y es una constante la reivindicación de derechos y la demanda de justicia y equidad, especialmente de los sectores más desposeídos y discriminados de la población y también de organismos de defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, Amnistía Internacional Brasil, desde el 1 de enero de 2019 hasta hoy, ha hecho treinta y dos campañas, acciones urgentes y reactivas, producidas por situaciones en las que el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro tomó acciones que provocaron la pérdida de derechos del pueblo brasileño, y fueron recogidas en el documento 1000 días sin derechos – violaciones del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro.
Entre las situaciones catalogadas se encuentran la gestión de la pandemia; las amenazas a la libertad de expresión y la reducción del espacio cívico (por ataques a la prensa); los discursos anti-derechos humanos en la ONU; la negación de los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales y las violaciones de derechos humanos en la Amazonía; la política de seguridad pública, que ha provocado un mayor acceso a las armas; y, en general, las amenazas al estado de derecho. La ONG advierte, además, que los brasileños y las brasileñas actualmente están perdiendo la vida o sufriendo bajo la piel de la mala gestión y omisión que ha golpeado al país en los últimos 1000 días, desde que empezó el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro.
Pedidos de impeachment y denuncias por genocidio y crimen contra la humanidad
Durante estos 1.000 días, 138 peticiones de impeachment fueron enviadas al presidente del Congreso de Diputados, firmadas por más de 1.550 personas y más de 550 organizaciones brasileñas.
Los profesionales de la Salud denunciaron al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro por genocidio y crimen contra la humanidad ante La Haya. De hecho, una coalición de 60 entidades pide la condena del presidente de Brasil por su manejo de la pandemia, exponiendo que el presidente ignoró las pautas del Ministerio de Salud para frenar la epidemia de la Covid-19 e implantó políticas de exclusión contra los pueblos indígenas.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comparó a las comunidades indígenas que viven en tierras protegidas con los animales de los zoológicos. Nada más tomar posesión, dio un gran paso para socavar los derechos de los pueblos ancestrales brasileños y aprobó un decreto que asigna la responsabilidad de certificar la protección de los territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, que tradicionalmente ha defendido los intereses de las industrias que quieren un mayor acceso a esas tierras. Anteriormente el proceso estaba a cargo de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el organismo que se encarga de proteger los derechos y el bienestar de las comunidades indígenas.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al presidente de extrema derecha de Jair Bolsonaro por su política anti-indígena, a la que califican como genocidio y ecocidio. La denuncia está basada en relatos de líderes y organizaciones indígenas, documentos oficiales, investigaciones académicas e informes técnicos que, según la APIB, “muestran el planeamiento y la ejecución de una política anti-indígena explícita, sistemática e intencional encabezada por Bolsonaro” desde que llegó al poder en enero de 2019 y, en especial, durante el período de la pandemia. Los indígenas brasileños denuncian que la presencia de mineros y madereros ilegales en las reservas son uno de los principales factores de contagio del coronavirus en las comunidades: el coronavirus ha dejado 1.166 muertos y más de 57.000 contagiados entre los casi 900.000 indígenas que viven en Brasil.
La política anti-medioambiental
El ministro de Medio Ambiente del gobierno de Jair Bolsonaro fue destituido por un caso de contrabando ilegal de madera de la Amazonia.
Bajo el mandato de Jair Bolsonaro, la deforestación en la selva amazónica es, de lejos, la mayor del mundo, llegando hasta el nivel más alto en más de una década. La destrucción, que ha sido impulsada por los madereros que despejan la tierra para el pastoreo de ganado y para las operaciones mineras ilegales, provocó la indignación mundial en 2019, cuando enormes incendios forestales hicieron estragos durante semanas. Recordamos las tristes imágenes que hizo la NASA de la selva. Y es que un 40% de la Amazonia está en riesgo de convertirse en una sabana, hay récord de deforestación en una década y, en el último año la deforestación en la selva se igualó, en tamaño, al Líbano, creciendo en un 9,5%.
La agroindustria, que siempre ha sido una fuerza en Brasil, adquirió todavía más poder económico y político, porque ahora representa casi una cuarta parte del PIB del país, y la región de la Amazonia alberga granjas de soja, minas de oro, hierro y haciendas, que poseen más de 50 millones de cabezas de ganado.
Según los expertos, dichas industrias encontraron un aliado en el presidente Jair Bolsonaro, quien, antes de postularse a la presidencia, era un diputado de extrema derecha a favor de las empresas del agronegocio. “Eso confirma que en la Amazonía no hay ley”, dijo sobre los datos Carlos Nobre, climatólogo de la Universidad de São Paulo. “Los delincuentes del medioambiente se sienten cada vez más empoderados”. Advirtió que tal vez la Amazonía pronto rebase un punto crítico y empiece a autodestruirse. “La eficacia en la aplicación de la ley ha llegado a su nivel más bajo en una década”, dijo. “Es una advertencia preocupante para el futuro”.
Pueblos indígenas, quilombolas y comunidades campesinas
La deliberada falta de compra y distribución de vacunas ha contribuido a ampliar las desigualdades sociales en Brasil, y la falta de acción del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro en la pandemia ha perjudicado a comunidades rurales, quilombolas e indígenas.
Durante la pandemia han muerto más personas negras e indígenas que otros grupos de la población brasileña porque no han recibido la atención a la que legalmente tienen derecho. Varias organizaciones de la sociedad civil, representantes de indígenas y quilombolas y algunos partidos se manifestaron ante la Corte Suprema, a través de dos acciones, para reivindicar y denunciar que el gobierno federal ha fracasado y no ha logrado combatir la enfermedad en aldeas y quilombos. Solicitaron al Supremo Tribunal que obligara al Ejecutivo de Bolsonaro a cumplir con sus mandatos constitucionales en cuanto a la salud de estos grupos.
Las poblaciones quilombolas, descendientes de esclavos que huyeron de la servidumbre, la violencia y la muerte, históricamente han sido discriminadas y sufren el peso del racismo estructural, institucional y ambiental vigente en Brasil. El resultado de este proceso se refleja en las peores condiciones de salud, saneamiento, educación e infraestructura presentes en más de 5.500 comunidades autodeclaradas, repartidas por todo el territorio brasileño.
En el caso de la Covid-19, la mortalidad entre quilombolas puede ser hasta cuatro veces mayor que en la población general, según datos recopilados por la Coordinación Nacional de Coordinación de Comunidades Rurales Quilombolas Negras (CONAQ), que denunció al Estado brasileño ante el Tribunal Supremo a través de ADPF 742/2020 por la falta de vacuna para la población quilombola, y el proceso solo fue juzgado en febrero de 2021, a favor de la denuncia. Se presentó el plan de emergencia del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, pero no se adoptaron medidas concretas.
Amnistía Internacional Brasil se unió a CONAQ para garantizar el acceso a la vacunación, como parte de la campaña “Nossas Vidas Importam”. Y Amnistía Internacional ha incluido estas violaciones en el informe anual “El estado de los derechos humanos en el mundo 2020/2021”, dando repercusión internacional a esta terrible violación de derechos. La demanda se justifica en gran medida por la situación sociosanitaria en la que se encuentran los quilombos y debe formar parte de cualquier plan de gobierno que respete los principios constitucionales y humanitarios.
Brasil es uno de los países con mayores disparidades sociales del mundo, lo que, sumado a la falta de planificación por parte del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro para enfrentar la pandemia, se convierte en un “cóctel” perfecto para que el desarrollo de la actual crisis de salud aumente las inequidades étnico-raciales y económicas existentes. La sociedad brasileña intenta movilizarse para que este crimen no suceda.
Aumento exponencial de grupos supremacistas blancos
“El peligro de estos movimientos avivados por el odio crece día tras día. Hay que llamarlos por su nombre: Los movimientos supremacistas blancos y los movimientos neonazis son algo más que una amenaza terrorista nacional. Se están convirtiendo en una amenaza transnacional”, aseguró en febrero de este año el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien también denunció que ese peligro incluye hasta quienes ocupan puestos de responsabilidad, desde donde espolean estos grupos de un modo que hasta hace poco se consideraba inimaginable.
Brasil vive una enorme escalada del número de grupos neonazis: del año 2015 al año 2021 han pasado de 75 a 530, según el monitoreo realizado por la antropóloga Adriana Días, de la Universidad de Campinas (Unicamp), que lleva veinte años investigando las actividades de esos grupos en Brasil.
También vive un aumento exponencial de denuncias de discursos de odio y violencias, que exaltan esa ideología de extrema derecha, con el consecuente aumento de investigaciones policiales del crimen de apología del nazismo. Según la “Central de Denuncias de Crímenes Cibernéticos” de la plataforma Safernet Brasil, se contabilizó un aumento del 600% de denuncias de contenido de apología del nazismo en los medios digitales, pasando de 1.282 denuncias en 2015 a 9.004 en 2020, y teniendo que eliminar un gran número de páginas con contenido relacionado con las ideas de Adolf Hitler, llegando a un total de 1.659 URL anuladas.
Según la antropóloga Días, la presencia del neonazismo en el país ha crecido mucho y ha ganado visibilidad a raíz del discurso y de las acciones del actual presidente de extrema derecha de Jair Bolsonaro.
De hecho, ella encontró una carta en la que Bolsonaro agradecía el apoyo a los partidarios radicales neonazis, publicada por la web neonazi Econac: “Todo el retorno que recibo de los anuncios se convierte en un estímulo para mi trabajo. Sois la razón de la existencia de mi mandato”. Descubierta por Adriana Dias, en medio de su material de investigación, la carta, así como un banner con una foto de Bolsonaro, fueron publicados en tres sitios web en diciembre de 2004. La foto tenía un enlace que conducía a la página web que tenía en ese momento el entonces diputado federal Bolsonaro. Adriana Dias dispone de miles de impresiones de los sitios web para denunciar el hecho. Su objetivo permanente de estudio es obtener evidencia de actividad delictiva, que más allá de constituir un hecho muy grave, refuerza los vínculos históricos del mandatario brasileño con esa ideología y también refuerza la afirmación de que la base del bolsonarismo es neonazi.
Guiños del gobierno a la base neonazi
Cada día hay más evidencia del coqueteo, pasado y presente, del presidente Jair Bolsonaro con el nazismo y de sus fuertes lazos con una ideología totalitaria y mortal.
El ministro de Defensa de Brasil se estrenó con elogios y celebración al golpe militar de 1964, la dictadura brasileña; el ex secretario nacional de Cultura, Roberto Alvim, emuló en video institucional a Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda del régimen de Adolf Hitler; en el Senado, el asesor de Bolsonaro, Filipe Martins, hizo el gesto de organizaciones supremacistas blancas como el Ku Klux Klan; Bolsonaro se reunió con la diputada del partido de extrema derecha alemana (AfD), nieta de un ministro de Adolf Hitler, investigada por difundir ideas neonazis. Todas estas acciones son guiños a esta base: a Bolsonaro le gusta jugar con el nazismo, posar para fotos junto a un imitador de Hitler, por ejemplo, y mantener un discurso ambiguo sobre el tema, alabando el desempeño estratégico del dictador en la Segunda Guerra Mundial. Incluso dijo en 2019 que el pensamiento de Hitler era de izquierdas y terminó siendo negado, incluso por el Yad Vashem: World Holocaust Center, de Jerusalén.
Bolsonaro se considera a sí mismo un nacionalsocialista, demuestra desprecio por la democracia, el estado de derecho y el propio sistema parlamentario, y coquetea frecuentemente con el cierre de los poderes de la República y la instauración de una dictadura.
Sus hijos y sus seguidores más cercanos ensalzan las alianzas y alineaciones con el partido alemán de extrema derecha, que defiende los ideales nazis. De hecho, en 2018, David Duke, ex-líder del Ku Klux Klan, dijo en una entrevista sobre Bolsonaro: “Él suena como nosotros”.
El negocio de la muerte: el “Kit Covid”
El gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro promovió una campaña a nivel nacional para promover el llamado “tratamiento temprano” contra la Covid-19 con diversos medicamentos, entre ellos la cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, Azitromicina, Nitazoxanida, Ozonioterapia, Tamiflu, aun habiendo recibido la advertencia de que no existen medicamentos que eviten el desarrollo de infecciones o enfermedades por parte de las principales autoridades de salud y medicina en el mundo y en Brasil, incluyendo la OMS (Organización Mundial de la Salud), el CDC estadounidense (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades), la Agencia Europea de Medicamentos, SBI (Sociedad Brasileña de Infectología) y Anvisa Brasil (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que la hidroxicloroquina no funciona contra la Covid-19 y advirtió que su uso puede causar efectos adversos. El medicamento se sometió a una revisión por parte de un grupo de expertos y pacientes y recibió una “fuerte recomendación” contra su uso para combatir el coronavirus. El grupo de 32 panelistas de la OMS calificó la ineficacia del fármaco para tratar la Covid-19 como de “alta certeza”. Además, sugirieron que “los patrocinadores e investigadores deberían reconsiderar el inicio o la continuación de estos experimentos”. El documento fue publicado por la revista científica British Medical Journal.
Sin embargo, en Brasil sigue circulando la falsa idea de que existe algún tipo de tratamiento para las etapas iniciales de la Covid-19, el llamado “kit Covid”, que se considera un tratamiento temprano o inmediato y que es defendido por el presidente cada día en primera persona, por políticos afines al gobierno de extrema derecha y por algunas autoridades médicas. Además de ser ineficaces, algunos de los medicamentos incluidos en el llamado kit Covid-19 también pueden causar efectos secundarios graves en los pacientes e incluso matarlos. En marzo de 2021, por ejemplo, la prensa reportó casos de personas en São Paulo que murieron de hepatitis causada por la ingestión de ivermectina.
Es más, en junio de 2020 el Ministerio de Sanidad brasileño amplió el protocolo de pautas para el uso de cloroquina, incluida la recomendación para casos leves y moderados de Covid-19. El cambio fue una demanda expresa de Bolsonaro al entonces ministro interino de Sanidad, el General Eduardo Pazuello, nada más asumir el cargo. En enero de 2021, la carpeta incluso probó una aplicación que recomendaba un tratamiento temprano, que salió de circulación poco después ante las enormes críticas de los expertos. Sin embargo, en todo el país, hay informes de ayuntamientos y departamentos de salud que proporcionan “kits Covid”. “Algunos alcaldes distribuyeron una bolsa con el ‘kit Covid’. Las personas más crédulas pensaban que tomándola nunca les daría Covid y tardarían mucho en buscar ayuda cuando se enfermaran”, dijo Carlos Carvalho, director de la División de Neumología del Instituto del Corazón del Hospital das Clínicas, en São Paulo, a la BBC.
La Justicia Federal brasileña prohibió al gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro promover el “kit Covid” y ordenó al gobierno que dejara de realizar campañas para promover medicamentos ineficaces. La decisión también estableció que los influenciadores digitales contratados para anunciar el “tratamiento temprano” se retractaran. De hecho, ya hay personas presas por difundir la “eficacia” del “tratamiento temprano” del “Kit Covid”.
Corrupción
El día 14 de abril del 2021 el Senado brasileño creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de las acciones y omisiones del Gobierno Federal en el enfrentamiento de la pandemia Covid-19 en Brasil y, en particular, en el agravamiento de la crisis sanitaria en el Amazonas con la ausencia de oxígeno para los pacientes hospitalizados. Desde entonces, el pueblo brasileño asiste atónito, diariamente, a las respuestas de los testigos e investigados por la CPI, y a todo lo que va desenmarañando sobre la gestión pública de la pandemia. Un ejemplo de ello es que la CPI ve vínculos entre la Prevent Senior (mutua privada para personas mayores de edad) y el grupo que asesoró al Ejecutivo en la difusión de medicamentos de probada ineficacia contra el virus con los Consejos de Medicina Federal y Regional, según la abogada de los facultativos, que denuncia supuestas irregularidades en la red hospitalaria.
El presidente de la Comisión de Investigación del Senado ordenó la prisión del exdirector de Logística del Ministerio de Sanidad del gobierno de Bolsonaro, Roberto Ferreira Dias, acusado de haber mentido en su testimonio sobre la gestión de la compra de las vacunas. Según la página web, la CPI de la Pandemia aprobó solicitudes de información y violaciones de confidencialidad relacionadas con la compra de 20 millones de dosis de la vacuna india Covaxin, a un precio 4 veces superior al del inmunizante de AstraZeneca. También hay indicios de que el contrato, suscrito por el monto de R$1,6 mil millones con la intermediación de la empresa Necessidade Medicamentos, se habría suscrito a un precio un 1.000% superior al previsto inicialmente. El relator de la CPI calificó de “datos muy graves” las investigaciones que ya se han realizado sobre la compra de Covaxin. Aparte de eso, el Gobierno de Bolsonaro está acusado de pedir un soborno para cerrar el contrato para la compra de vacunas de Astrazeneca.
Según la investigación del Senado brasileño, el contrato para la compra de las vacunas se firmó antes de contar con el aval del órgano regulador brasileño (ANVISA). Además, varios documentos extraídos del Ministerio de Exteriores de Brasil confirmarían que se adquirieron a un precio once veces superior al estipulado por el fabricante, si bien el Ministerio de Sanidad niega tales informaciones. La CPI afirma que la negociación no se dio con el fabricante (Bharat Biotech) sino a través de un intermediario, Precisa, una farmacéutica privada vinculada a otra empresa que está siendo investigada por fraude.
