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Héctor Puente Sierra

Nueve presas y presos políticos catalanes salieron en libertad el pasado 23 de junio, tras los indultos anunciados por Pedro Sánchez.

Incluyen a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional de Catalunya, seis antiguos consellers del gobierno catalán, y Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament.

Su detención, a raíz del referéndum sobre el futuro de Catalunya del 1-O de 2017, por su actividad política y sus ideas, fue escandalosa.

Tras un largo juicio político, las nueve personas fueron condenadas en 2019 a entre 9 y 13 años de prisión, además de largos períodos de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

En declaraciones a simpatizantes fuera de la cárcel de Lledoners, cerca de Manresa, ​​Jordi Sánchez dijo: “Que ninguno se equivoque, la represión no nos ha vencido y no nos vencerá”.

Los indultos son solo parciales. Las inhabilitaciones siguen en vigor y los indultos podrían revertirse en cualquier momento en los próximos 4 a 6 años.

Mientras tanto, Carles Puigdemont, Anna Rovira, Anna Gabriel y más personas que huyeron del Estado español para escapar de la persecución siguen en el exilio.

Jordi Cuixart dijo en una entrevista con el Nacional antes de los indultos: “llevo más tiempo en la prisión con Pedro Sánchez que con Rajoy. La represión va a más, esto es una obviedad. Más de 3.400 represaliados, exiliados… Y, después de 4 años de los más de 1.000 ciudadanos heridos del 1-O, no hay ni un solo policía condenado.”

Incomodidad

El cálculo de Pedro Sánchez es que este gesto le permitirá reducir las tensiones y solucionar la crisis.

También refleja su incomodidad ante la decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que equipara al Estado español con Turquía en su trato hacía dirigentes independentistas. Sánchez ha llamado al diálogo y se reunirá con el actual President, Pere Aragonés.

El movimiento independentista dice que la condición previa para las negociaciones es que estén sobre la mesa un nuevo referéndum vinculante y una amnistía para todas las personas represaliadas.

Pero el gobierno español no se ha movido de su posición de hace cuatro años: cualquier referéndum que cuestione la unidad del Estado español es ilegal y no puede celebrarse. Incluso el entonces gobierno conservador británico fue más lejos que el PSOE y Podemos, al permitir el referéndum escocés en 2014.

El “gobierno más progresista de la historia” está a la defensiva, tras sufrir una aplastante derrota en las elecciones en la comunidad de Madrid y su mala gestión de la crisis del coronavirus.

La derecha se envalentona. El partido ultra VOX creció enormemente a raíz de la represión que siguió al referéndum, en un contexto en el que todos los partidos políticos españoles intensificaron su nacionalismo.

Los partidos de derecha ya han empezado a recurrir los indultos. Intentarán utilizar este tema para derrocar al gobierno de coalición y exigirán más duras medidas contra las fuerzas independentistas.

Manifestaciones masivas, desobediencia civil y huelgas generales desafiaron al Estado español en 2017. Las protestas masivas resurgieron en 2019 al anunciarse las draconianas sentencias.

En un nuevo desafío al Estado español hará falta aprender las lecciones correctas de 2017. El movimiento no fue derrotado porque fuese demasiado lejos o demasiado combativo.

Superar al poder de un Estado capitalista requiere un poder para igualarlo. Eso significa mirar no a la Unión Europea y la llamada “comunidad internacional” —cerraron los ojos ante la represión antes y lo volverán a hacer— sino al poder de la gente trabajadora, tanto dentro de Catalunya como en todo el Estado español.