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Marx21

Los titulares de las últimas semanas se han llenado de preocupación por el trágico final de varios contenedores en las protestas contra el injusto encarcelamiento de Pablo Hasél, así como por las nuevas revelaciones de la impunidad del corrupto “rey emérito”.

Un tema muy importante que ha atraído menos la atención es la situación desastrosa de la vivienda.

Emergencia habitacional

Lo explica una reciente iniciativa muy necesaria, “Una Ley de Vivienda para Todas”, respaldada por un abanico importante de entidades, como la PAH, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, CCOO, UGT, la CGT… Dice su manifiesto:

“La crisis habitacional es innegable: [Hay] más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo, 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, 1 millón de desahucios entre 2008 y el 3er trimestre del 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos sin importar que hubiera menores o ancianos dependientes.”

“En España, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos, y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden formarse, de hecho, únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.”

“Mientras, según el INE (2011), hay 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores, el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa. Después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional…”

A esto debemos añadir una última noticia: hubo 29.406 desahucios en el año 2020, en pleno confinamiento, mientras el gobierno nos aconseja a quedarnos en casa tanto como sea posible.

Traición

Recordemos que la investidura de Pedro Sánchez por parte de diversas fuerzas progresistas se basó en un acuerdo firmado a finales de 2019 entre el PSOE y Podemos que incluía el compromiso de “regular las subidas abusivas del precio del alquiler”.

Sin embargo, a finales de febrero el ministro del PSOE José Luis Ábalos anunció que su partido no iba a cumplir lo pactado. En vez de regular los precios de esta necesidad humana —ni hablar de las medidas más contundentes que serían más que justificables ante la crisis actual— el PSOE declaró su preferencia por “incentivos fiscales”: lo que se puede traducir como “dar aún más dinero a los especuladores”.

Evidentemente, no es una traición aislada. También prometieron remplazar la “Ley mordaza” para así “garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica” (sobran palabras), y dijeron que “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.

Ábalos anunció que “la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado”. Éste es el problema. Se supone que a nadie se le ocurriría permitir la compraventa del derecho a torturar o asesinar a la gente. Pero con la vivienda, sí se permite que un derecho humano fundamental se someta a la especulación.

Durante muchas décadas, bajo el keynesianismo, los partidos socialdemócratas aceptaban aplicar límites y cierta regulación al mercado —de hecho, incluso los partidos conservadores lo hacían— pero ahora esas medidas se descartan como utópicas.

El capitalismo en crisis tiene que buscar beneficios en todo para sobrevivir. No es un problema puntual, de un acuerdo no cumplido, sino una muestra de que una solución real al problema de la vivienda pasa porque deje de ser una mercancía. Pasa por romper con el sistema actual.

Mientras tanto, campañas como “Una Ley de Vivienda para Todas” —con las luchas amplias y unitarias que tendrán que impulsar— pueden conseguir mejoras esenciales a corto y medio plazo.

Machismo y racismo

Este mes se marcan dos jornadas importantes: el 8 de marzo con el día internacional de la mujer trabajadora, y alrededor del 20 de marzo hay una movilización internacional con motivo de la jornada contra el racismo y la extrema derecha.

Estos temas también se relacionan con la cuestión de la vivienda.

Por ejemplo, ahora existe un consenso amplio —incluso en el Congreso, con la única excepción de VOX— sobre la importancia de combatir la violencia de género, pero no basta con declaraciones cada 8 de marzo u otras fechas señaladas. La falta de vivienda asequible es un obstáculo para que muchas mujeres puedan escapar de situaciones de violencia.

El racismo también se expresa muy fuertemente en este asunto. Entre otras cosas, como denuncia el movimiento catalán Stop Racisme Lloguers (“Paremos el racismo en los alquileres”), a la ya existente dificultad de encontrar un piso, las personas jóvenes racializadas sufren los efectos añadidos del racismo, cuando propietarios y/o agencias de fincas se niegan a aceptarlas como inquilinas.

En resumen, debemos luchar en muchos frentes, tanto en las fechas marcadas como el resto del año. Cada lucha y campaña concreta, con sus especificidades, es esencial.

Pero en el fondo, el problema es general y se llama capitalismo. La solución real pasa por romper con él, y construir una sociedad basada en las necesidades de las personas, no en los intereses de las grandes empresas.