Marie Fauré, militante del Nouveau Parti Anticapitaliste, Francia
La pandemia que estamos sufriendo desde hace ya casi 1 año ofrece al gobierno francés la ocasión de endurecer su política represiva, tras 2 años de movimientos sociales en la calle.
El confinamiento declarado en marzo de 2020 puso entre paréntesis la lucha de los chalecos amarillos, activas cada sábado desde el 17 de noviembre de 2018, a la que se añadió el movimiento laboral contra la reforma de las pensiones.
Estas manifestaciones masivas ya provocaron una reacción violenta por parte del Estado y de sus fuerzas de represión, reacción que se ha visto reforzada desde la aparición de la Covid-19 y en sus consecuencias.
La situación sanitaria estuvo en el origen de la proclamación de un estado de excepción o estado de emergencia sanitaria, que permite al presidente Macron tomar decisiones reuniendo un consejo de defensa y aplicar medidas de restricción de libertades en nombre de la lucha contra la epidemia, como confinamientos, toques de queda, la obligación de justificar desplazamientos y la prohibición de cualquier movimiento en la calle.
Estas decisiones revelan su voluntad política de gestionar una crisis sanitaria con respuestas represivas e inversión de dinero no en la sanidad pública sino en las fuerzas policiales.
Además, la omnipresencia de la Covid-19 y ahora de las vacunas en los medios de comunicación permite crear una cortina de humo escondiendo las leyes liberticidas que se están adoptando, sin olvidar el paso atrás en el ecologismo, con la suspensión temporal de ley de prohibición del uso del glifosato, cuando sabemos que esta pandemia es una consecuencia directa del cambio climático.
Antidisturbios
La ley llamada de seguridad global se podría relacionar con la ley Mordaza que conocemos del Estado español.
Esta ley, votada mediante un procedimiento acelerado que limita el derecho a las enmiendas de la oposición en el parlamento, tiene como objetivo dar más poder a la policía, especialmente a los antidisturbios, durante las manifestaciones, con la prohibición de grabar las actuaciones policiales, cuando sabemos que muchas denuncias por parte de las autoridades se pueden desmentir gracias a estas imágenes o al contrario permiten denunciar violencias policiales.
El texto de ley tiene previsto prohibir la presencia de periodistas sin autorización previa de la misma policía, lo que constituye un grave ataque contra la libertad de información y de manifestación, cuando la policía tendría derecho a utilizar drones para grabar a la gente en la calle.
La ley de seguridad global va acompañada de tres decretos que amplían el derecho de fichaje de Interior, con informaciones como opiniones políticas, convicciones religiosas, problemas de salud física o mental, actividades en las redes, deportes, etc.
Estas decisiones van directamente dirigidas en contra del movimiento de izquierdas, al que se intenta criminalizar mediante una campaña de los medios de comunicación apuntando a la “ultra-izquierda” como violenta, hasta acusarlos de fomentar atentados contra el Estado. Darmanin, ministro de interior, no piensa dejarlo aquí, y está preparando la creación de una fuerza policial especial para la primavera, la FAR (fuerza de apoyo rápida), unos “super antidisturbios” destinados exclusivamente a la lucha contra los movimientos de contestación en la calle, y que vendrían a reforzar a los BRA-M (brigadas de represión de las acciones violentas), creados en el año 2019 para reprimir las manifestaciones de los chalecos amarillos.
Islamofobia
Junto a la ofensiva liberticida y represiva, el gobierno Macron ataca también el derecho a la libertad de pensamiento y de creencias, con una ley que está a punto de ser estudiada en el parlamento. En un principio de llamó ley contra el separatismo, ahora lleva el nombre de “ley de fortalecimiento del respeto a los valores republicanos”.
Dirigida contra “el islamismo”, va de la mano de una represión arbitraria contra todas las asociaciones musulmanas, como el CCIF (colectivo contra la islamofobia) que fue cerrado a finales de octubre. Se ve claramente aquí una voluntad de moralización de la sociedad, con una vuelta a la primera fila de los supuestos valores nacionales y de la defensa de la “grandeza de la nación”, haciendo el juego a la extrema derecha.
Arsenal represivo
Todo este arsenal represivo creciente con la ayuda de la pandemia va ligado a una voluntad de ataques sin precedente en los próximos meses contra los derechos laborales y sociales. Si con el primer confinamiento muchos trabajadores/as precarios, y a menudo no organizados, se dieron cuenta de su papel clave en el funcionamiento de la economía capitalista y de su poder de lucha, las reacciones de la izquierda francesa están hasta ahora demasiado divididas para poder crear un equilibrio de poderes a favor nuestro.
Sin embargo, sectores nuevos como la juventud, los y las trabajadoras racializadas y los/las sin papeles se están organizando para luchar contra el racismo institucional del estado y de su policía, como los trabajadores con contratos temporales del Estado que se levantan para denunciar la precariedad de su situación laboral. Pero, para llegar a una situación de movilización masiva y potente, así como para luchar contra un capitalismo cada vez más violento, es necesario que la clase trabajadora nos organicemos todas juntas para lograr un cambio de sistema y no sólo quedarnos con las migajas que nos quieran dejar.
La autora es militante del Nouveau Parti Anticapitaliste, Francia, y participa en la red Autonomie de Classe.
