Alejandro García
El pasado 1 de enero entraron en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2021, tras recibir su aprobación definitiva en el Senado el 22 de diciembre de 2020. Tuvo 145 votos a favor (básicamente los partidos del gobierno, otros de izquierdas, y algunas formaciones regionalistas), 118 en contra (PP, Vox, Cs, JxCAT…), y 2 abstenciones.
Previamente, el 3 de diciembre, ya había obtenido la primera votación favorable en el Congreso, con 188 votos a favor (PSOE, UP, ERC, PNV, EH-Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís y varios partidos regionalistas) y 161 en contra (de la derecha, PP, Vox, Cs, Junts… y de la izquierda la CUP y el BNG).
Lo primero que llama la atención de estos presupuestos, catalogados por UP como “los presupuestos más sociales de la historia”, es que, por una parte, han sido apoyados por partidos de derecha (PNV y PDdCAT) y, por otra, han sido rechazados por partidos de izquierda (CUP y BNG).
Aunque hay que tener en cuenta la cuestión nacional además del eje izquierda/derecha para analizar los apoyos y rechazos a los presupuestos, es llamativo que estos presupuestos sean catalogados como “los presupuestos más sociales de la historia” (expresión que suena muy grandilocuente) cuando hay partidos de derecha que han votado a favor del mismo y partidos de izquierda que han votado en contra.
Sí parece que, a priori, hay aspectos que mejoran considerablemente los presupuestos anteriores del PP, aprobados para 2018 y prorrogados para 2019 y 2020.
En palabras del propio Pablo Iglesias en el debate en el Congreso del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021: “estas son unas cuentas que aumentan en un 70% la inversión en educación, un 46% en dependencia, un 80% en investigación, un 22% en becas universitarias, un 30% en fomento del empleo, un 60% en lucha contra la pobreza infantil, un 70% en servicios sociales, un 157% en políticas de igualdad”.
“Reformas”
Es verdad que suponen un gran aumento en lo que podemos considerar gasto social, pero también es verdad que en ese incremento está añadido el dinero que el Estado español va a recibir de la UE en 2021 del “fondo de recuperación europeo”, debido a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. En total 140 mil millones de Euros, de los cuales 72.700 millones son en ayudas directas.
Pero la UE no va a dar todo este dinero a cambio de nada. De hecho, ha solicitado una serie de “reformas” (que suele ser un eufemismo de recortes y privatizaciones) para “liberar” la mayor parte del fondo de recuperación, entre ellas la del mercado laboral y la de las pensiones. Es muy posible que ello explique, en gran parte, que aún no se haya derogado la reforma laboral del PP, algo que está en el acuerdo de gobierno que firmaron PSOE y UP, hace ya más de un año.
Es más, la UE alabó dicha reforma en su momento, y en febrero de 2020 “recomendó” mantenerla con las siguientes palabras: “Es importante que cualquier medida nueva solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se conserven los logros de las reformas pasadas».
Por otra parte, la reforma de las pensiones que el gobierno tiene previsto enviar a Bruselas supone un nuevo ataque al poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Entre otras medidas, el gobierno tiene la intención de: subir el cómputo de la base de cotización a 35 años (este año está en 24, y quedaría en 25 años en 2022, según la última reforma), lo que implicaría una bajada en las pensiones del 5,5%; eliminar las bonificaciones a la jubilación anticipada; subir la edad de jubilación; incentivar los planes de pensiones privados, etc. Podemos comprobar que “los presupuestos más sociales de la historia” traen consigo ciertos aspectos que no tienen nada de sociales.
“Defensa”
Pero hay más. El presupuesto destinado al Ministerio de Defensa aumenta en un 6,5%, yendo la mayor parte de ese aumento a promover los Programas Especiales de Armamentos. Para poder entender mejor qué supone esto, comparemos cuánto dinero se dedica a algunos aspectos de Defensa y cuánto al gasto social:
El I+D militar tiene un presupuesto de 861 millones, mientras que el I + D sanitario de 287 millones. La adquisición y mantenimiento durante un año de un avión de combate Eurofighter EF-200 (programa cuyo presupuesto total asciende a 13.749 millones) cuesta 488 millones, lo que daría para pagar 93.440 alquileres de vivienda de protección oficial durante un año.
La adquisición y mantenimiento de un tanque Leopardo cuesta 48,20 millones, mientras que el presupuesto destinado al impulso de las energías renovables es de 38,30 millones.
Valgan estos tres ejemplos para entender las prioridades presupuestarias. A lo anterior también se le puede añadir el mantenimiento del plus de conflictividad de los policías y guardias civiles destinados a Euskadi y Navarra, más de dos años y medio después de que ETA anunciara su disolución, y casi 10 años después de que anunciara el cese definitivo de su actividad armada. Por último, pero no menos llamativo, se puede señalar el aumento del 6,5% del presupuesto de la Casa Real.
En definitiva, ¿mejoran estos presupuestos los anteriores del PP? Sin duda. ¿Son estos presupuestos los que realmente necesita la gente trabajadora?
Rotundamente no, porque no impiden que sea esta la que acabe pagando las crisis sistémicas del capitalismo, incluyendo la última provocada por el coronavirus. Para que, como gritamos en las calles, “la crisis que la paguen los capitalistas” es necesaria la autoorganización desde abajo de la clase trabajadora y mediante la movilización y la lucha arrancar medidas que mejoren nuestra vida. Ningún gobierno, por muy pretendidamente progresista o de izquierdas que se diga, lo va a hacer por sí solo.
