Marie Fauré
El pasado viernes el ministerio del interior notificaba por correo, al Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF), su intención de iniciar los trámites para su disolución.
Gérald Darmanin cumple así sus amenazas y afirma actuar “de acuerdo con las instrucciones del Presidente de la República y del Primer Ministro”.
Atacando de esta forma a una organización cuyo papel es luchar contra la violencia y la discriminación islamófoba, entre otras cosas y en particular mediante el apoyo a las víctimas y la publicación de un informe anual que elabora un inventario de islamofobia en Francia, las autoridades dan un paso más en su política autoritaria e islamófoba.
Bajo la etiqueta de “refuerzo de los principios republicanos” en realidad, se esconde el deseo de silenciar a la CCIF y, a través de ella, a los que se enfrentan al estigma y la discriminación contra los musulmanes.
Represión racista
Esta represión racista se puede ver también en la manera que tiene el gobierno de desalojar a los y las migrantes de las afueras de París.
Después de que la policía desmontase un campamento sin ofrecer una solución a las personas que vivían allí, los y las migrantes, para denunciar su situación sin salida, se instalaron en la plaza de la República, en el centro de la ciudad. Darmanin y el prefecto Lallemant enviaron una vez más a su policía para desalojarlos, con una violencia que fue denunciada gracias a las grabaciones de muchas personas presentes en ese momento. La violencia policial contra los y las migrantes también es la violencia policial contra los periodistas, que son las primeras víctimas de la represión durante las manifestaciones.
Así, el ministro del Interior quiere prohibir la denuncia de la violencia policial y la denuncia de la islamófobia.
Todos deben entender que son dos caras de una misma política, cuyo objetivo es silenciar cualquier crítica a su “orden republicano”, en un momento en el que el gobierno está en quiebra por su gestión de la crisis sanitaria y teme un estallido social.
Es este miedo a la reacción popular lo que les hace atacar todas las libertades del pueblo, mediante leyes que dan derecho a la policía a gravar a todos en cualquier momento, y prohibiendo al mismo tiempo la grabación de actuaciones policiales y la presencia de periodistas en las manifestaciones (o tan sólo de los periodistas que ellos escogen), o castigando con 45.000€ de multa y 3 años de cárcel a los que se harán culpables de “molestar la tranquilidad de la universidad”. Universidades que por casualidad son los únicos espacios de educación cerrados con la excusa del virus, cuando sabemos que muchos movimientos salen de la movilización estudiantil.
El régimen tiene miedo y sólo aguanta por la fuerza de la represión. No se equivoca, cuando sube el presupuesto de la policía, en vez de ayudar al sistema sanitario y a la clase trabajadora la más impactada por la crisis económica.
Frente a estos ataques, cada día más gente sale a la calle, en manifestaciones por todo el país. Todo el movimiento social y el movimiento obrero debería alzarse contra esta nueva medida autoritaria: está en juego el futuro de la lucha antirracista y, en general, de todas las luchas y de nuestras libertades.
