A principios de abril, Su Majestad la Reina de Inglaterra apareció en televisión para decirnos: “Juntos estamos abordando esta enfermedad y quiero asegurarles que, si permanecemos unidos y decididos, lo superaremos”. Nos dijeron que “La Reina, con 94 años cumplidos este mes y con buena salud, grabó su mensaje en el Castillo de Windsor, donde ella y el Duque de Edimburgo, con 98 años, se quedarán aislados”. Su aparición fue filmada por un camarógrafo sólo, envuelto en ropa protectora para cubrir el cuerpo. No hay escasez de EPIs (Equipos de Protección Individual) aquí. Los protocolos de distanciamiento social se mantuvieron estrictamente en el White Drawing Room (el Salón Blanco) donde se filmó.
Comparemos esto con una residencia para personas mayores en Liverpool administrada por Future Care Capital, un proveedor de cuidados que depende cada vez más del capital de riesgo (inversiones basadas en el riesgo) para mantener su negocio. La Reina es una mecenas. En la misma semana que habló la Reina, seis personas en la casa de Oak Springs en Wavertree, Liverpool, murieron a causa del virus.
En la semana antes de que la Reina hablara, la gerente de Oak Springs, Andrea Lyon, hizo una petición desesperada de ayuda al tener dos tercios de su personal en aislamiento y la mayoría de las personas vulnerables que viven en el hogar con síntomas de la COVID-19.
Un sector de la sanidad que ya se encontraba brutalmente limitado no pudo responder hasta demasiado tarde, y las autoridades locales al final encontraron recursos para cerrar algunas brechas. Mientras esto se está escribiendo, el número de muertos ha aumentado a diez. Desgraciadamente, hay demasiados ejemplos de patrones similares de propagación viral y muerte de personas mayores en residencias en toda Gran Bretaña.
Como se demostró de manera concluyente por una investigación publicada en los meses previos al impacto de la COVID-19, no son sólo los recortes en el gasto del gobierno, local y nacional, en la atención a las personas mayores los culpables de la grave situación en el sector de la atención residencial, aunque de por sí han sido malos.
Un informe del gobierno de 2018 se esforzó por resaltar la naturaleza potencialmente mortal de la situación que había ayudado a crear, donde el gasto del gobierno central asignado a las autoridades locales para la atención social disminuyó en un 8% entre 2010 y 2015. Lo que esto significa es que las autoridades locales ofrecen contratos a proveedores de atención privada que no cubren los gastos de los proveedores privados. La consecuencia de esto es un deterioro en los estándares de atención, el crecimiento de residencias más grandes en busca de economías de gran escala, menos personal, menos capacitación, menos personal cualificado, etc.
En otras palabras, no es sólo el volumen del recorte de dinero disponible, lo que en sí mismo ha significado que las autoridades locales tendrían que gastar 1,2 mil millones de euros adicionales por año simplemente para ponerse al día: es el modelo financiero mismo el que tiene la culpa, un modelo que ha puesto incluso al más grande de los proveedores de atención, por ejemplo, Southern Cross y más recientemente Four Seasons, entre la espada y la pared.
No hay que olvidar que el “gasto” principal para los proveedores de atención privada es el dividendo de los inversores. Las recompensas para los capitalistas de riesgo y otros eliminan del sistema de atención millones de libras esterlinas, dólares, euros y demás divisas cada año, dinero que debería ir a cuidar. El lucro es la causa de la muerte prematura. Pero, por supuesto, eso no preocupa demasiado a Su Majestad.
El modelo de proporcionar “cuidados” a las personas mayores de esta forma ha sido cuestionado por investigadores y políticos, quienes señalan las consecuencias financieras de este enfoque privatizado. Por ejemplo, los niveles de deuda en el sector de atención residencial británico han sido peligrosamente altos desde el colapso financiero de 2008. La investigación en 2013 encontró que más de 700 empresas eran “empresas zombie” con deudas superiores a los activos. Esto fue durante un período de tasas de interés históricamente bajas desde 2010. Incluso un pequeño aumento en las tasas —que siendo sólo un aviso y no una realidad, causó en 2018 la caída de los precios de las acciones— tendría consecuencias desastrosas en este entorno ya extremadamente frágil.
Las acciones de los anteriores líderes del mercado como Four Seasons, Care UK y NHP en 2018 se consideraban ampliamente como bonos basura o en estado de subinversión, y eran peligrosamente arriesgados para los inversores. En diciembre de 2016, el Financial Times informó que Four Seasons había cerrado o vendido 51 residencias para personas mayores durante 2016, buscando reducir gastos. Dispuso de un número similar en 2017-18 contextualizando el traslado a menos instituciones, pero más grandes.
Casi una cuarta parte de los proveedores de cuidados del sector independiente “salieron del mercado” en 2018 como resultado de la deuda y la falta de apoyo del gobierno central y local, lo que provocó una “pérdida de 40.000 camas en el mercado de atención social independiente y el empeoramiento de una crisis de bloqueo de camas que ya se evidencia en gran parte del NHS (Sistema Nacional de Salud)”.
Un informe de GMB, un sindicato con gran popularidad para los trabajadores de la industria del cuidado, mostró que una de las formas en que los hogares de cuidados de enfermos intentan lidiar con esto es contratando más clientes que paguen, con residentes privados que pagan de promedio un 40 por ciento más que los residentes financiados con fondos públicos.
LaingBuisson, una agencia de investigación de inversión en cuidados, informa que en 2015 se produjo la primera caída en el número de plazas en hogares residenciales durante una década, con 3.000 camas menos disponibles, una tendencia que desde entonces ha continuado. Más deuda, menos camas, residencias más grandes y un sistema de atención social de dos niveles son las consecuencias de este mercado en la provisión de atención médica, apuntalando las desigualdades en salud y la creciente brecha social en los resultados de salud en Gran Bretaña y las poblaciones en otros lugares, brindando el contexto en que la COVID-19 ha tenido un efecto tan mortal.
En un mundo justo y racional, los cuidados para las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades degenerativas sería parte de una agenda más amplia para la salud pública.
La idea de algo llamado “salud pública” en el contexto del capitalismo industrial se origina en las décadas de 1830 y 1840 y se basa ampliamente en el trabajo pionero de Edwin Chadwick, un reformador social y activista político muy influenciado por el trabajo de Jeremy Bentham. Chadwick vio que la nueva Ley de Pobres de 1834 no preveía recursos para prevenir la mala salud, aunque se reconoció que la mala salud era una causa directa (y podríamos agregar con consecuencias directas) de la pobreza.
Chadwick pensó que el coste de las bajas tasas, que recaían sobre los contribuyentes de la clase media, podrían reducirse si se gastaba dinero en las condiciones sociales para evitar problemas de salud en primer lugar. Su vida después de eso se centró en mejorar este contexto de salud pública.
En Gran Bretaña y, en mayor o menor medida en otros lugares, ¿cómo se entiende y se distribuye actualmente la salud pública? La salud pública aquí (GB), como en otras partes del mundo, se ha reducido en gran medida a las nociones de “promoción de la salud” y se ha centrado específicamente en un número cada vez menor de áreas clave, como muestra la tabla a continuación.
Servicios
| cambio en gastos (millones de euros) 2015/2018 | |
| Servicios de la salud sexual | -217,0 |
| Programa nacional de medición infantil | 0,7 |
| Pruebas sanitarias, servicios de protección e información | -79,6 |
| Servicios de obesidad | -29,0 |
| Servicios de alcohol y drogas | -288,3 |
| Control de tabaco y dejar de fumar | -94,0 |
| Actividad física | 29,5 |
| Programas de salud pública 5-19 años | -41,9 |
| Servicios varios de la salud pública | -243,5 |
| Cambio total | -963,1 |
Fuente: Guardian. Abril 2020
En Gran Bretaña, según la Ley de Salud y Asistencia Social de 2012, una entidad a parte, la Public Health England (PHE), estableció en 2013 “proteger y mejorar la salud de la nación y abordar las desigualdades”.
Desde entonces, las desigualdades sanitarias se han disparado y la salud de la nación se ha deteriorado notablemente, culminando en la falta de preparación de la PHE para la crisis actual. La financiación de la PHE proviene de los presupuestos de los municipios. Como sabemos, los ayuntamientos han estado en la primera línea de la austeridad, por lo que disminuyeron los fondos para PHE. El gasto en la subvención de salud pública de 2019-20 cayó en £850 millones en términos reales a las asignaciones iniciales de 2015-16.
¿Qué significan las caídas en el gasto? Como muestra la tabla anterior, en cuanto a salud sexual, los recortes de casi £200 millones pueden significar el regreso a la preminencia mortal del VIH en Gran Bretaña, que ya mata a millones en todo el mundo cada año. Los recortes en los controles de salud afectarán a las tasas de diagnósticos tempranos de todo tipo de enfermedades, potencial y especialmente los cánceres. Los recortes en los servicios de drogas y alcohol pueden significar más problemas de salud mental relacionados con la adicción. Este simple panorama es una imagen de un clima británico cada vez más repugnante.
La PHE fue criticado por The Lancet por respaldar, sin pruebas sustanciales, los cigarrillos electrónicos como una alternativa al tabaco. Poco se sabe sobre los efectos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos y, en este contexto, The Lancet estaba preocupado por las razones que había detrás de la prisa por respaldar la industria de los cigarrillos electrónicos sin un análisis riguroso de sus riesgos para la salud.
De manera similar, se cuestionó la “integridad” de la PHE cuando se “confirmó” que los incineradores municipales no eran un riesgo para la salud pública, incluso antes de que la investigación que la PHE había encargado llegara a ninguna conclusión. La preocupación es que la PHE está más preocupada por la propaganda a favor de los negocios y menos preocupada por proteger, y mucho menos mejorar, la salud pública a través de la investigación y la política. Las terribles debilidades de la PHE se han visto ilustradas vívidamente por su enfoque patético y desastrosamente descoordinado para la contención del virus.
Como numerosas fuentes han informado, la PHE ha fallado miserablemente en coordinar los servicios y proporcionar suficientes equipos de protección individual (EPI), mientras que el uso de kits de prueba se mantuvo demasiado bajo y el gobierno no logró cumplir sus propios objetivos mientras escribimos esto. Las afirmaciones falsas con respecto a la “inmunidad del rebaño” y la decisión de la PHE en acuerdo con el enfoque de mantener abiertas las escuelas y los lugares de trabajo por más tiempo, seguramente habrán aumentado la propagación y las tasas de mortalidad de la población en general. La línea dura del gobierno sobre las personas que usan los parques o la playa para hacer ejercicio debe verse a la luz de este retraso criminal en las medidas de confinamiento social. Es una respuesta autoritaria en un intento de encubrir la propia incompetencia y negligencia de la PHE y del gobierno.
La escasez de servicios de salud pública es un fenómeno mundial, otra consecuencia de la privatización, la financiación y el cambio a servicios de salud y asistencia social privatizados a nivel mundial.
Estados Unidos ofrece otro ejemplo de las consecuencias para la salud pública de este cambio económico e ideológico. A pesar de estar plagado en los últimos años por cepas anuales, y a menudo nuevas, del virus de la influenza, el dinero gastado en salud pública se ha reducido constantemente, abandonando a millones de personas vulnerables a la infección y a la muerte. Las decenas de miles de muertes por la epidemia de gripe de esta temporada lo demuestran. Sin embargo, la administración ha reducido la salud pública con una brutalidad inhumana.
En 2018, el gobierno de Trump recortó $15 mil millones de la provisión de salud pública y se deshizo de toda la cadena de respuesta e infraestructura de gestión de pandemias.
Después de esto, un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales concluyó que la falta de preparación para la epidemia era tan grave que “Estados Unidos debe pagar ahora y obtener protección y seguridad o esperar la próxima epidemia y pagar un precio mucho mayor en vidas humanos y costes económicos”. Estas palabras han vuelto rápidamente a atemorizar a la administración estadounidense y más seriamente, ilustran la amenaza letal a la que las políticas de Trump han expuesto a los trabajadores estadounidenses.
La pandemia también ha arrojado una luz demasiado intensa, para su comodidad, sobre el conjunto de prioridades endémicas grotescamente retorcidas en la industria de la salud de EEUU. Este gigantesco lobby genera grandes ganancias para sus accionistas, al tiempo que obtiene hasta el último centavo de sus clientes de atención médica por todos los medios existentes, proporcionando poco a cambio.
Hay tres empresas de la industria de la salud entre las diez empresas con más beneficios en Estados Unidos. UnitedHealth Group obtuvo ganancias de $13,8 mil millones en 2019, mientras que McKesson ganó $3,8 mil millones y CVS Health ganó $6,6 mil millones en el mismo año.
La industria de la salud de EEUU es sin duda el sistema de salud más rentable y probablemente el de peor rendimiento del mundo, y esta relación es probablemente causal. Es un sistema de salud o, más propiamente, un mal estado de salud centrado en las ganancias a toda costa, donde la salud ocupa un segundo lugar en el mejor de los casos.
Estados Unidos gasta más en atención médica que cualquier otro país del mundo, pero tiene un sistema de atención médica que no brinda atención adecuada a la mayoría. Más de 45.000 personas mueren cada año porque no pueden pagar el seguro de salud. Una encuesta realizada en 2016 encontró que el 52% de los estadounidenses no pueden pagar más de $100 al mes en el seguro de salud, una cantidad que probablemente compre tan sólo una cobertura mínima.
Para aquellos que pueden pagar las primas del seguro de salud, la cuáles han aumentado enormemente en la última década, es ya enormemente caro. Entre 2010 y 2015, las contribuciones de los empleados al seguro de salud crecieron casi tres veces más rápido que los salarios. Investigaciones recientes mostraron que los denominados estadounidenses de “clase media” son los que más sienten esta carga: su gasto en atención médica como porcentaje del ingreso familiar ha aumentado un 60 por ciento desde la década de 1990, sus costes son ahora casi la mitad de un pago hipotecario típico. Los estadounidenses se endeudan por la prestación de servicios de seguro de salud, extendiendo la deuda de la salud al sector financiero.
Sin embargo, el aumento del importe de la atención médica no es una mala noticia para todos. Los precios de las acciones en las industrias relacionadas con la salud se han disparado. Como resultado, las industrias de salud de Estados Unidos nunca han sido tan poderosas ni tan ricas. La piratería despiadada a largo plazo de la salud de las personas se está desarrollando en los crecientes peajes de muerte resultantes del sarampión, la gripe y ahora la epidemia de la COVID-19, ya que los estadounidenses de clase trabajadora se ven debilitados por esta lujuria despiadada con fines de lucro a toda costa, incluso a costa de la vida de sus clientes. Es un sistema sin sentido e inhumano que necesita terminar ya.
A nivel global, la OMS ha sido la encargada de establecer agendas de salud globales y responder a la crisis de salud como la de la COVID-19. Entre muchos otros comités, ha establecido una Junta de Monitoreo de Preparación Global (GPMB) para responder a las epidemias. Un informe que publicó en septiembre de 2019, cuando la COVID-19 estaba estallando, aludió al conflicto irresoluble entre la búsqueda de ganancias y el mantenimiento de la salud pública. Argumentó que “priorizar el crecimiento económico y las ganancias sobre la distribución equitativa de la riqueza —y, por tanto, de la salud— y la provisión de bienes y servicios públicos” establece el contexto en el que la creciente incidencia de epidemias y pandemias mundiales tienen un coste anual.
Pero la OMS no puede proporcionar soluciones, ya que está vinculada a la misma economía política que critica. Este organismo internacional, como otros, se está dejando de lado rápidamente a medida que crecen las crisis económicas, sociales y políticas y las naciones comienzan a alejarse, destruyendo cualquier ilusión persistente de colaboración internacional como solución a los problemas globales.
La OMS ha participado en la defensa de las llamadas asociaciones público-privadas, que en Gran Bretaña conocemos bien a través de las iniciativas de financiación privada de los gobiernos de Blair y Brown que socavaron los servicios de salud, estableciendo más el mercado privado de atención médica como la solución a los fallos del mercado privado de asistencia sanitaria. La OMS prescribe “más de lo mismo”. Esta posición comprometida no ofrece una solución a la crisis de salud mundial impulsada por las ganancias. Entonces, ¿cuál es la solución?
