Marie Fauré
El sábado, 12 de septiembre de 2020, los chalecos amarillos volvieron a ocupar la calle en varias ciudades de Francia.
El movimiento, que denuncia desde el 17 de noviembre de 2018 la precariedad general del pueblo y los abusos de las grandes empresas y de sus amigos del gobierno, se ve todavía bien vivo y más que nunca de actualidad, con la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y laborales.
No podemos olvidar el gran regalo de 100 mil millones de euros hecho por el gobierno a las grandes empresas este verano con motivo de dinamizar la economía tras el confinamiento. Y esto sólo es el principio de una crisis que ya sabemos que será muy dura para la clase trabajadora, mientras las direcciones sindicales, en lugar de apoyar la movilización popular, esperan poder “negociar” con el poder.
A pesar de la prohibición de manifestarse y la situación sanitaria, miles de personas respondieron a la llamada, principalmente en París, donde 256 personas fueron detenidas, con un fuerte dispositivo policial. Muchos periodistas independientes fueron también detenidos. En Toulouse, incluso antes de comenzar la manifestación, la policía no dudó en enviar una lluvia de gases sobre las personas reunidas.
Mientras el gobierno francés sigue reprimiendo los derechos fundamentales de la población, Amnistía Internacional dice estar muy preocupada por la vulneración de derechos y la violencia utilizada contra los manifestantes en Francia, en un estudio que ha hecho público recientemente.
A pesar de ello, el nuevo ministro de Interior multiplica las intervenciones provocativas, repitiendo sin cesar palabras como “separatismo” y “salvación de la sociedad”, justificando así el uso de la fuerza represiva del Estado y los proyectos de ley de “seguridad”, como la que acaba de ser votada.
Esta ley prohíbe publicar vídeos o fotos de actuaciones policiales sin tapar la cara a los agentes, y da derecho a la policía a elegir qué periodistas pueden cubrir las manifestaciones, abriendo así paso a la expulsión de los medios independientes y a una información cada vez más controlada por el Estado. Esta ley legitima también las detenciones preventivas antes de las manifestaciones.
Queda claro que después de 2 años de movilización de los chalecos amarillos, y en un contexto de crisis y de contestación social cada vez más fuerte, el Estado francés escoge la represión. Como prueba la compra de 89 vehículos blindados, armas de guerra que destinan a nuestras calles, por un total de 65 millones de euros. Con ello, como justificar que no hay dinero para la sanidad o la educación pública…
