Santi Amador
Tras casi diez meses de la entrada de Unidas Podemos en el gobierno y tras decretar alguno de sus portavoces —como Pablo Echenique— el fin de la austeridad tras el anuncio de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) expansivos, conviene hacer un balance de las contradicciones de la izquierda en el poder político del Estado. Asimismo, debemos analizar el papel de la izquierda social y alternativa más allá de este gobierno, así como su actuación y propuestas.
¿Escudo social?
No se puede hacer balance de estos meses sin tener en cuenta la pandemia mundial de la Covid-19, que ha golpeado la economía internacional de una manera nunca vista en la historia. Pero es en estas circunstancias, cuando las cosas vienen peores, cuando se ve el carácter real de la política, ya sea institucional o a pie de calle.
Antes de nada, hay que reconocer la verdad. Un gobierno PSOE-Ciudadanos estaría administrando la situación con pocas concesiones para la gente de abajo. No digamos ya un “Trifachito” —PP, Ciudadanos y VOX— al estilo de Andalucía o de la Comunidad de Madrid. Sería un auténtico desastre para las personas corrientes; miremos cómo están gestionando sus partidos homólogos la pandemia y la crisis económica en Estados Unidos, Inglaterra o Brasil.
Pero para las personas que creemos que realmente la superación de los males que azotan a la humanidad —paro, pobreza, guerras, racismo, etc.— y a la propia supervivencia de nuestro planeta tal y como lo conocemos, no pasa por cuatro ministerios y una vicepresidencia, no podemos engañar, ni engañarnos a nosotros mismos, con la salida de la crisis que plantea la izquierda en el gobierno.
Por ello es necesario analizar en qué están quedando las políticas sociales del Ejecutivo.
Es cierto que se ha aprobado un Ingreso Mínimo Vital, pero que no alcanza aún al 1 % de las personas que lo solicitan. Se han aplazado cortes de suministros básicos —como la luz— si no se pagan hasta diciembre, pero se siguen produciendo desahucios sin alternativa habitacional. No se han prohibido los despidos, aunque se diga lo contrario, y mucho dinero de los ERTES ha tardado en llegar a los trabajadores.
La gestión de servicios públicos como la sanidad o la educación —cuyas competencias tienen las comunidades autónomas, pero en las que el gobierno podría intervenir por el interés general— ha sido realmente decepcionante. No se ha intervenido la sanidad privada para poner sus recursos al servicio de la pública y se ha despedido a cientos de sanitarios a pesar de que estamos en una segunda ola de la pandemia. En cuanto a la educación no se ha reducido la ratio como se debería, ni se ha contratado el número de docentes necesario para ello. Los brotes del virus que azota al profesorado siguen sin parar de crecer.
La política ambiental del gobierno tampoco está teniendo gran aceptación. De hecho, organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción han demandado al gobierno por inacción ante la crisis climática. Por otra parte, a pesar de agradecer el papel de los trabajadores migrantes durante el estado de alarma, se quitan las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla pero se sube la altura de las mismas.
La izquierda alternativa y la lucha social
A nivel parlamentario, partidos a la izquierda del Gobierno comprometen en muchos casos la actuación del Ejecutivo. Gracias al papel de EH Bildu, las organizaciones del gobierno se han comprometido a derogar la reforma laboral, o sus aspectos más lesivos.
Sin embargo, sigue siendo difícil levantar una crítica, por la izquierda, al Gobierno. La brutal oposición al Gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha presiona a las organizaciones y personas de izquierdas a una actitud en muchos casos defensiva y para otros parece que cualquier crítica al gobierno es hacer el “juego” a la derecha.
Desde nuestra tradición política, no hay forma mayor de hacerle el juego a la derecha que callarse ante las concesiones a la misma —que para la derecha nunca serán suficientes— de un Gobierno que se autodenomina “progresista”.
Simplemente no podemos salir a aplaudir en tromba los nuevos PGE que plantea el Gobierno avalados por la UE. Claro que un aumento del gasto público —se habla del 54 %— si se invierte en políticas sociales será un avance para la gente de abajo; el problema es cómo no convertir los avances de hoy en la deuda y los recortes del mañana.
Porque no se está hablando de una reforma profunda de la recaudación fiscal. Se habla de que se va a aumentar el IVA de la educación y la sanidad privada y una subida de impuestos a las rentas superiores a 130.000 euros anuales. Un gobierno medianamente socialdemócrata debería tocar el bolsillo de los ricos, aumentando la carga fiscal sobre los impuestos de patrimonio o de sociedades e impuestos especiales a las grandes empresas.
No podemos esperar del Gobierno la nacionalización de los sectores clave de la economía o el impago de la deuda odiosa. Pero lo mínimo es exigir, a través de la movilización social y la organización desde abajo, un programa de mínimos que no deje atrás a la gente trabajadora que lo apoya.
La gente revolucionaria lo tenemos claro. Las huelgas educativas como las de Andalucía o la huelga general que se pretende convocar por la CGT en Madrid van a conseguir arrancar más avances sociales a este gobierno que los ministerios de Unidas Podemos.
