Ainola Claver

La comunidad educativa tuvo que esperar hasta finales de agosto para que las administraciones Estatal y autonómicas decidieran reunirse y tomar alguna resolución acerca del inicio del “cole”. La esperada reunión del pasado jueves 27 de agosto, no ha aportado grandes novedades, salvo la insistencia taxativa en que se reiniciará el curso escolar en todos sus niveles, la imposición de una serie de protocolos en los centros para la gestión de los contagios y tan sólo una repetición de las exiguas medidas para prevenirlos, conocidas ya por todos (mascarilla, distancia social, grupos burbuja para los más pequeños, etc.).

Nada acerca de la necesaria bajada de ratios de los alumnos o de la contratación masiva de nuevos profesores, enfermeros y asesores sanitarios que garanticen la aplicabilidad de estas medidas. Da la impresión que dicha reunión se ha centrado más en establecer protocolos de gestión para una oleada de contagios que ya se da por cierta e inevitable, que en establecer medidas para prevenirlos.

La ministra Celaá defiende esta inminente vuelta al colegio en un momento en el que los contagios ya ascienden a más de 200 por 100.000 habitantes (los expertos recomiendan no reabrir los colegios si se superan 25 contagios por 100.000 habitantes) y siguen en aumento. Su argumento principal es que las administraciones han estado trabajando en los protocolos de seguridad desde hace ya largo tiempo. La triste realidad es que esta afirmación, tanto en el caso de la sanidad, como de la educación, es completamente falsa.

Desastre

A lo largo de julio se dejó a cargo de los centros la preparación de una serie de medidas genéricas, bajo la perspectiva de tres hipotéticos escenarios: la impartición presencial en condiciones de cierta “normalidad” y control de la epidemia; la modalidad semi-presencial; y la modalidad on-line si, como se venía anunciando, se producía una segunda ola y la epidemia volvía a escapar a todo control hacia el invierno.

La comunidad escolar no contaba con tener que enfrentarse a una reapertura “normalizada” en condiciones descontroladas de la epidemia. Y menos sin que las administraciones hayan facilitado los recursos (espacios, personal, etc.) para que los protocolos de seguridad sean realmente efectivos. A todo ello hay que sumar la falta de medidas de conciliación (a día de hoy el gobierno sigue sin haber acordado nada a este respecto) para poder compaginar el trabajo de los padres con el cuidado de un menor en caso de contagio o necesidad de guardar cuarentena.

Con estas condiciones la previsión es que se avecina un desastre (la administración prefiere el apelativo eufemístico de “curso difícil”).

Hace poco se publicó la noticia de que en Florida se está dando una ola masiva de contagios dos semanas después de haber reabierto las escuelas. Teniendo en cuenta que muchas familias trabajadoras tienen no solamente hijos, sino también ancianos a su cargo residiendo en el mismo domicilio, el peligro es evidente. El ministerio emplaza a las familias a tomar la temperatura de los niños cada día como medida de prevención. Pero ¿qué pasará si una familia detecta unas pocas décimas en un menor? (ya sabemos que el fenómeno de la fiebre puede resultar muy relativo) ¿Decidirán ellos si hay un riesgo potencial de que sea la Covid, o que se trate de un simple catarro? Y ante esta disyuntiva, y viéndose en la imposibilidad de abandonar su trabajo y cuidar del menor, ¿optarán por enviarlo al centro o tal vez por llevarlo a casa de los abuelos? ¿Tienen las familias competencia sanitaria suficiente como para que se delegue en ellas estas cruciales decisiones? La negligencia y frivolidad con la que las administraciones están tratando el asunto puede conducir a un nuevo genocidio de ancianos (otro añadido al ignominioso episodio de las residencias).

Prioridades

Obviamente ésta es una cuestión que afecta prioritariamente a las familias trabajadoras, dado que las familias adineradas optarán por colegios de pago con mayor control y ratios más reducidas, y podrán siempre costearse el cuidado de sus hijos menores. La conciencia de esta amenaza, de hecho, ya ha calado en muchas familias trabajadoras que han anunciado preferir no llevar a sus hijos al colegio. Frente a esta alarma social, al ministerio no se le ha ocurrido otra cosa que responder con la obligatoriedad del colegio y la amenaza de sancionar a los padres.

Porque éste es otro de los grandes argumentos: el derecho a la educación del menor. Resulta irónico que unas administraciones que han hundido la educación pública, con uno de los índices de inversión más bajos de la UE, vengan ahora con estos discursos grandilocuentes sobre la prioridad de la educación.

Más allá de estos discursos vacíos y políticamente correctos que se han divulgado, y aún estando de acuerdo en la importancia global de la educación, cabe preguntarse si la reapertura precipitada de los centros escolares es realmente una prioridad en medio de una emergencia sanitaria. Como lo expresaba astutamente un meme que se difundió hace unos meses, nadie vio nunca una película sobre pandemias donde se mandaran deberes online. La doctrina difundida (incluso por UNICEF) es siempre la misma, si los niños no van al colegio tienen el riesgo de quedarse “atrás”. Incluso en medio de la pandemia más desoladora, esta urgencia educativa parece ser prioritaria. Pero lo cierto es que esta afirmación sólo cobra sentido en el marco de una sociedad capitalista y de mercado, en la que la formación no es más que una herramienta “abstracta” para la competitividad (el valor de estar por delante o de quedarse “atrás”). En otras sociedades el que un niño aprenda a leer o hacer integrales unos meses o años más tarde carece de importancia. Ya aprenderá lo que sea necesario en las circunstancias concretas que la vida le depare.

Más allá de la preocupación de las administraciones porque los individuos de nuestra sociedad sigan insertándose en una carrera burocrática marcada por la competitividad (con años de estudio escalonados e ininterrumpidos), y de que la pandemia no bloquee así, al menos, esta reproducción normalizada del sistema, existe otra razón para la reapertura chapucera de los centros escolares.

Ibex 35

Como manifestó recientemente Emmanuel Macron, cuyo perfil de gestor de empresa resulta indisimulable, el objetivo prioritario es reactivar la economía (capitalista). El gobierno “progresista” español acaba igualmente de inaugurar el curso político rodeado por el Ibex 35. Obviamente la preocupación mayor es la necesidad de reactivar a toda costa la actividad capitalista, y para ello es necesaria una reapertura de las escuelas. Por expreso mandato de los patronos, los gestores del capitalismo emplazan a los trabajadores a que dejen en la escuela a sus hijos para que vuelvan a poner en marcha la fábrica. Los medios oficiales cada vez venden más esta urgencia por reactivar lo que llaman “economía” (obviando señalar que se trata de un tipo específico de economía, “capitalista y de mercado”), tratando de hacer asumir a la población la normalidad de esta pandemia (pese al aumento crítico y descontrolado de casos) y la necesidad de convivir con el virus.

Hace unos meses, el propósito de Bolsonaro, Trump o el vicegobernador de Texas de sacrificar a los más débiles y pobres, para salvar el capitalismo, nos pareció una indecencia. Parece que, a la hora de la verdad, después de unos meses, las sociedades más “liberales y civilizadas” europeas han optado por aplicar exactamente la misma fórmula. Ante la disyuntiva de modificar el curso de la economía y ponerla al servicio del cuidado de las personas, han optado por sacrificar a los seres humanos para perpetuar la rueda de un capitalismo enfermo. Lo que está claro es que si se reabren los colegios, no es precisamente por necesidades educativas.

Alternativas

Cuando hace unos meses se produjo un parón de la actividad capitalista, las rutinas diarias de muchos de nosotr@s quedaron en suspenso. Se abrió entonces un espacio desde el que repensar la realidad, de cuestionar muchas de las nociones que dábamos por sentadas e imaginar un mundo futuro alternativo.

La vuelta a la “nueva normalidad” ha pretendido reinstaurar los viejos rituales, las viejas lógicas, obligaciones y necesidades, los viejos discursos: hay que reactivar la economía (capitalista), hay que volver al trabajo asalariado, los niños tienen que volver al colegio y completar toda una serie de etapas para no quedarse atrás y ser el día de mañana competitivos…

Afortunadamente, este bombardeo mediático no ha conseguido acallar las voces disidentes, con numerosas familias que se oponen a sacrificar la salud de los más vulnerables en beneficio de estas consignas. La vuelta obligada al cole está así destapando las miserias y violencias normalizadas de nuestro sistema: la explotación laboral y las dificultades de los trabajadores para poder criar en condiciones a sus hijos, la ausencia de conciliación familiar, la falta de recursos para una verdadera educación pública y su instrumentalización-perversión por parte de los poderes económicos, la lógica de los beneficios de unos pocos que pasa como una apisonadora por encima de la salud de la mayoría…

Se anuncian huelgas para los primeros días de clase. En las próximas semanas toca desarrollar una conciencia que vaya más allá de exigir (como pretenden algunos sindicatos) unas condiciones más seguras para habilitar el desempeño habitual de la instrucción pública.

Lo primero es exigir que los centros se reabran únicamente cuando la epidemia esté bajo control (al menos relativo). También solicitar que cuando se reabran, se haga con mayores recursos (espacios, contratación de profesores, bajada urgente de ratios…). Pero, estrechamente relacionado con esto, la comunidad educativa de padres, profesores y alumnos debería ir más allá en el debate y exigir condiciones laborales compatibles con la crianza de los hijos, políticas de conciliación, unos centros escolares que no sean un mero depositario de niños (básicamente una guardería) y una educación no instrumentalizada que sirva al desarrollo de ciudadanos emancipados, solidarios y capaces de cuestionar la realidad en la que viven.

Sobre todo, una educación que permita a los ciudadanos entender que sí que puede haber dinero para la conciliación familiar y para el cuidado de las personas, y que, a diferencia del capitalismo, no todas las opciones económicas pasan por tener que “sacrificar” miles de vidas.       

Ainola Claver es militante de Marx21, profesora y madre en las islas Canarias.