Laura Ribera Barniol
El contexto de crisis actual ha puesto de relieve situaciones de vulneraciones de derechos humanos que muchas personas migradas sufren en el Estado español. No son situaciones nuevas, muchas personas en todo el Estado ya las sufrían de manera sistemática muchos años antes de la pandemia.
La excepcionalidad del momento ha hecho que muchas personas identifiquen y reconozcan el hecho de que son más de 800.000 las personas que viven en el Estado español en situación administrativa irregular. Esta cifra no incluye a los solicitantes de asilo que han presentado una petición al Estado y que recibirán una respuesta negativa por parte de las autoridades ya que hay que tener en cuenta que sólo se aprueban un 5 % de todas las demandas anuales. Hace años que asociaciones y organizaciones reclaman la derogación o modificación de la Ley de Extranjería actual y la consecuente regularización de los miles de personas que viven en el Estado sin derechos. Las medidas que el gobierno del Estado ha aprobado para hacer frente a la crisis del actual Covid19 no incluyen prestaciones a favor de toda la ciudadanía y dejan fuera a las personas migrantes en situación irregular.
El hashtag de la campaña #RegularizacionYa junto a recogidas de firmas impulsadas por organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil organizada piden que el gobierno promueva una regularización extraordinaria, permanente y sin condiciones para todas las personas migrantes y refugiadas.
En este sentido la Comisión Europea ha pedido aplicar medidas más flexibles a los Estados miembros para asegurar la salud y los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Portugal, por ejemplo, ya ha aplicado algunas medidas para proteger a estas personas y es muy probable que en los próximos días Italia se sume a las acciones de regularización de personas en situación irregular dentro del territorio.
Se prevé que en el Estado español las fronteras sigan cerradas durante un período largo de tiempo lo que hará que las personas que se encuentran ya en el territorio en situación irregular no podrán desplazarse a otros países. Las personas que ya viven aquí deberían estar en igualdad de derechos con el resto de conciudadanos y el Estado no debería permitir que estas se vean abocadas a situaciones de múltiples vulnerabilidades.
Uno de los principales argumentos que se utiliza para defender una regularización para todos en el Estado español es el económico. Se dice que los ingresos públicos necesitan aumentar y que se debe hacer a través de la recuperación de los mercados y las cotizaciones a la Seguridad Social. El sistema socioeconómico capitalista al que estamos sometidos necesita crecer de esta manera. Sin querer entrar en el debate sobre un modelo de producción o un sistema diferente, quisiera destacar el hecho de que la defensa de la regularización de las personas migradas, la modificación de las condiciones expuestas en la actual Ley de Extranjería o el reconocimiento de derechos de éstas no debería estar sujeto a motivos económicos o excepcionales −pandemia actual−. Se trata de una simple cuestión de derechos humanos que no tiene justificación bajo otros criterios.
Las políticas migratorias no deberían funcionar a tongadas de procesos de regularización extraordinarios, sin que paralelamente no se establezcan sistemas de regularización estables basados en los derechos de las personas como principal motor. Si actualmente nos encontramos en esta situación es porque la Ley de Extranjería actual no funciona, es racista, clasista y discriminatoria. La consecuencia de su mal funcionamiento son los miles de personas que a día de hoy siguen sufriendo la exclusión.
Es por esta razón que ahora y siempre hay que defender la regularización de todas las personas migradas y refugiadas y la derogación de la actual Ley de Extranjería. No hay justificaciones que valgan, es una cuestión de derechos humanos fundamentales.
Laura Ribera Barniol es militante de Marx21 y activista de UCFR Almería
Este artículo apareció por primera vez en la web de Justícia i Pau Barcelona, el 18/05/2020.
