Jesús M. Castillo
En las últimas semanas, vienen sucediéndose protestas de pequeñas y medianas agricultoras y ganaderas por los precios tan bajos a los que se ven obligados a vender sus producciones. Algunas veces no cubren ni los costes de producción, y el precio se multiplica enormemente cuando llega a las consumidoras.
Detrás de este problema socio-económico aparentemente simple subyacen otras cuestiones que hacen que se trate de una problemática compleja que no debe afrontarse desde posiciones simplistas.
Por un lado, la distribución y la venta de productos agroalimentarios cada vez está en manos de menos empresas. La dinámica de concentración de riquezas propia del capitalismo ha generado oligopolios de pocas empresas que gestionan la mayoría de las ventas del mercado agroindustrial. Estos oligopolios imponen precios a la baja que impactan especialmente en explotaciones agropecuarias pequeñas y medianas. Muchas de estas explotaciones cierran o son adquiridas por grandes productores que impulsan concentraciones parcelarias. Grandes productores en manos de empresas transnacionales de gestión de explotaciones rurales. Es decir, se está reproduciendo a nivel de la producción agropecuaria la misma concentración de capitales que ya ha sucedido en la distribución y venta. No sólo hay acaparamiento de tierras en países empobrecidos.
Frente a estos oligopolios transnacionales, las explotaciones pequeñas y medianas pueden responder con enormes dificultades asociándose en cooperativas, por ejemplo, almacenando producto, diversificando la producción y estableciendo canales de venta directa del campo al consumidor. Todas estas vías deben ser apoyadas desde gobiernos locales, autonómicos, estatal y europeo. Además, los gobiernos deberían imponer precios mínimos de compra que asegurasen unos beneficios dignos a las productoras. Es más, para limitar la concentración de capitales, debería impulsarse una profunda reforma agraria para convertir los grandes latifundios privados (históricos y emergentes) en cooperativas públicas. Por otro lado, los ayuntamientos deberían promover de forma eficaz los comercios pequeños de barrio frente a las grandes superficies, por ejemplo, no dando más licencias para la construcción de centros comerciales y grandes hipermercados.
Muchas de las plantillas de estos grandes hipermercados sufren niveles brutales de precariedad laboral y represión sindical. La lucha de las pequeñas y medianas agricultoras debería solidarizarse con la de las plantillas de los hipermercados. Sin embargo, las pequeñas y medianas agricultoras muchas veces tienen posiciones conservadoras, por ejemplo, oponiéndose a la subida del salario mínimo interprofesional.
En este escenario, es clave que las cooperativas agropecuarias puedan transformar in situ sus productos, incorporando valor añadido. Para esto hace falta una banca pública que ofrezca préstamos a bajo interés a aquellos proyectos social y ambientalmente justos que se propongan transformar productos agropecuarios en origen. En ese sentido, la lucha jornalera en Andalucía ofrece ejemplos de autoorganización desde debajo del movimiento jornalero para la gestión cooperativa de tierras y fábricas de transformación de productos agropecuarios.
Por otro lado, la producción agrícola y ganadera actual se realiza de espaldas, cuando no directamente en contra, a la naturaleza. Muchos de los y las propietarias de explotaciones agropecuarias que ahora se manifiestan producen de forma muy impactante para nuestro entorno, por ejemplo, sacando agua de pozos ilegales, utilizando plaguicidas y herbicidas, erosionando suelos, mermando la biodiversidad, etc. Es decir, en vez de aprovechar los servicios de aprovisionamiento, regulación y culturales que nos ofrecen gratuitamente los ecosistemas, los degradan y destruyen continuamente. Símbolo de esta producción insostenible es la ausencia de setos multifuncionales y vegetación de ribera en muchas explotaciones agropecuarias. Recientemente, las mayores organizaciones ecologistas exigían al nuevo gobierno central medidas como “establecer una moratoria a la creación de nuevos regadíos”, “incrementar el control y eliminación del uso ilegal del agua”, “establecer una moratoria para grandes explotaciones ganaderas industriales” y “objetivos ambiciosos de uso de plaguicidas, de al menos un 30% de reducción para 2023”. En un escenario de cambio climático, el fomento y aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos es más importante que nunca.
La Unión Europea (UE) tiene un papel clave en los problemas del medio rural. La Política Agraria Común (PAC) condiciona qué se produce, dónde y cuánto, inyectando ingentes cantidades de dinero a los grandes terratenientes. Además, orienta la producción agropecuaria a monocultivos para exportación, lo que hace menos resilientes a las explotaciones de menor tamaño. Asimismo, la PAC no potencia la conservación del entorno rural. La PAC ejemplifica, como pocas políticas europeas, que la UE es una estructura de poder diseñada para responder a los intereses de los grandes capitales.
La ultraderecha racista y machista de Vox está intentado apropiarse de las movilizaciones rurales. Sin embargo, más allá de una retórica vacía anti-UE, producto de una política hipernacionalista, Vox defiende a ultranza el neoliberalismo que favorece a las grandes empresas y va contra pequeños y medianos agricultores. Desde la izquierda anticapitalista debemos defender a pequeños y medianos agricultores frente a las grandes empresas. Pero este apoyo debe ser crítico, dejando claro las diferencias, por ejemplo, respecto a los derechos de las plantillas jornaleras y el respecto a nuestro entorno natural. La socialización de la tierra y los recursos naturales que nos ofrece están en nuestro horizonte de lucha.
La problemática actual de las explotaciones agropecuarias pequeñas y medianas no es solo una cuestión de precios dignos de venta. Se trata de una problemática mucho más profunda que deviene en la ausencia de una visión y una planificación general en pro de la soberanía alimentaria, del respeto de nuestro entorno natural, del reparto de las riquezas y de unas condiciones laborales dignas.
Jesús M. Castillo es militante de Marx21 en Sevilla
