Jesús M. Castillo
El apoyo electoral a la ultraderecha racista, machista y LGTBfóbica ha ido creciendo en las últimas elecciones generales, autonómicas y municipales. Vox y sus políticas anti-sociales y negacionistas del cambio climático, obtuvieron sus mejores resultados en las pasadas elecciones generales del 10N, especialmente al sur del Estado español (Murcia y Andalucía) y en Madrid. Las agresiones machistas, racistas y LGTBfóbicas están aumentando, alimentadas por el discurso del odio, junto con la mejora de los resultados electorales de Vox.
Desgraciadamente, Andalucía es un buen reflejo de la expansión del apoyo electoral al discurso de odio de los herederos del franquismo. Así, Vox fue el partido más votado el 10N en las zonas de agricultura intensiva de invernaderos donde la mano de obra inmigrante es clave. La ultraderecha ganó las elecciones con entre el 30-35% de los votos en el Campo de Adra en Almería y la Costa Onubense.
El PsoE fue el partido más votado en la mayoría de los pueblos y ciudades (con entre el 35-60% de los votos) y Unidas Podemos (UP) dominó (con el 40-60% de los votos) en términos municipales históricos de la lucha jornalera (Marinaleda, Casariche, Badolatosa, Teba, Trebujena…). Aún así, Vox recogió entre el 10-20% de los sufragios en muchos términos municipales andaluces.
El apoyo a Vox fue aún mayor en las grandes áreas metropolitanas andaluzas (hasta el 15-20%) que en los pueblos de zonas rurales. Con estos resultados, la ultraderecha fue la segunda fuerza, superando al PP, en muchos pueblos cercanos a grandes ciudades.
Dentro de las grandes ciudades andaluzas, aunque en la mayoría siguió ganando el PsoE (y el PP en los barrios más ricos y UP en los barrios más combativos), el voto a Vox fue mayor que en los pueblos cercanos. La ultraderecha obtuvo sus mejores resultados en los barrios ricos (el 15-30%; siendo la segunda fuerza más votada detrás del PP), mientras que en zonas trabajadoras recibió entre el 10-15% de los votos. Además, la abstención fue mayor en los barrios trabajadores (25-30%) que en los ricos (alrededor del 20%), lo que reforzó aún más la subida en votos de Vox.
Estos resultados suponen un aumento de entre el 5-10% de votos a la ultraderecha respecto a las anteriores elecciones generales del 28A. Un aumento electoral que vino desde antiguos votantes del PP, desde la abstención y, sobre todo, por el hundimiento de Ciudadanos. La caída de Ciudadanos trasladó votos especialmente al PP en barrios ricos y, fundamentalmente, a Vox en barrios trabajadores y pueblos metropolitanos. Como se ha visto anteriormente en otros países europeos, los partidos que adoptan el discurso del odio acaban siendo devorados por la ultraderecha, al justificarla y normalizarla.
Las pasadas elecciones generales sucedieron en un contexto en el que el problema territorial del Estado español era muy evidente por las movilizaciones en Catalunya y en el que mucha gente trabajadora seguía sufriendo las medidas tomadas desde las clases dirigentes y sus partidos del Régimen del 78 con la crisis económica de 2008 como excusa. En este escenario político y social, aunque el voto de Vox tiene aún un fuerte componente de clase, este partido ultraderechista ha empezado a recoger parte del voto de protesta de las clases populares. Sin duda, “el fascismo de toda la vida” que estaba en el PP se visibilizó en Vox en las elecciones generales del 28A. Pero, el apoyo al discurso del odio en las elecciones del 10N ha crecido especialmente desde sectores jóvenes y descontentos, no siempre enmarcados en el fascismo sociológico. Como nos enseñan países europeos como Italia, Francia, Polonia o Hungría, este fenómeno es realmente grave porque puede conducir, a medio plazo, a que la ultraderecha sea la fuerza política dominante.
Si, finalmente, se configura un gobierno central de colación entre el PsoE y UP, y éste acaba defraudando las esperanzas de mucha gente trabajadora en un contexto de ralentización económica (si no de recesión) y puesta en marcha de medidas neoliberales, la ultraderecha podría recoger el descontento social. Esto se podría ver facilitado por la inexistencia de una oposición de izquierdas con implantación estatal en el Congreso (ya que UP estaría en el gobierno). En este contexto, las movilizaciones sociales en las calles y centros de trabajo ganarían aún más importancia, expresando las posiciones más progresistas y de auto-organización de la gente trabajadora.
Mucha de la gente que se ha abstenido en las últimas elecciones está a la espera, si no buscando, referentes políticos. Y Vox cuenta ahora con millones, procedentes de las arcas públicas, para alimentar sus campañas de mentiras y odio, además de con un fuerte altavoz mediático, fruto de su representación parlamentaria.
En este contexto, es urgente extender y fortalecer plataformas no sectarias, como Unidad contra el Fascismo y el Racismo, que se han demostrado eficaces para frenar a la ultraderecha en Reino Unido, Grecia o Catalunya. En estos espacios de lucha antirracista conjunta, puede jugar un papel especialmente importante el potente movimiento feminista actual, con las mujeres migrantes, racionalizadas y transexuales al frente. Mujeres que están siendo especialmente atacadas por Vox porque éste sabe que el movimiento feminista es, hoy por hoy, una de las puntas de lanza de las luchas sociales. Derrotando al movimiento feminista, como intentó previamente Gallardón desde el gobierno del PP sin éxito, debilitarían gravemente a la izquierda, frenado los avances sociales.
Vox no es una moda y no tiene por qué ser un fenómeno pasajero. Es la reacción defensiva de los sectores más retrógrados de la sociedad que ven amenazadas sus ventajas por los avances en igualdad. Esta reacción se une con una parte de las clases dirigentes que apuestan por desviar la atención hacia las minorías y las mujeres para que la gente trabajadora no mire hacia arriba y descubra a los verdaderos responsables de su precariedad vital. Las luchas sociales y las luchas antifascistas y por la multiculturalidad tienen la palabra.
Jesús M. Castillo es militante de Marx21 y activista de UCFR Andalucía.
Este artículo se publicó primero en La Réplica.
