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Este texto se redactó la tarde del 15 de octubre. La situación cambia rápidamente pero, como explica el artículo, los argumentos de fondo no han cambiado mucho en los últimos dos años.

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Las largas penas de cárcel declaradas el 14 de octubre contra las y los presos políticos independentistas son un motivo de indignación y rabia para cualquier persona demócrata. Aunque esperada, la noticia fue un choque. Incluso el periódico liberal británico, The Guardian, declaró que “Las sentencias draconianas son una vergüenza para España”.

Recordemos las sentencias: Oriol Junqueras, 13 años; Raül Romeva, 12 años; Jordi Turull, 12 años; Dolors Bassa, 12 años; Carme Forcadell, 11 años y 6 meses; Joaquim Forn, 10 años y 6 meses; Josep Rull, 10 años y 6 meses; Jordi Sánchez, 9 años; y Jordi Cuixart, 9 años.

Todas son escandalosas. Aquí sólo cabe destacar dos aspectos.

Carme Forcadell ha sido condenada por sedición por el hecho de haber, como Presidenta del Parlament catalán, actuado en función de los deseos, democráticamente expresados en las elecciones, de la población del país. El Tribunal Supremo la ha encarcelado por permitir un debate parlamentario sobre un referéndum. Es un precedente terrible.

Los dos Jordis han sido condenados por sedición por su papel destacado en unas manifestaciones pacíficas. De nuevo, un precedente terrible y de gran envergadura. Como se ha preguntado la PAH, en un excelente comunicado: “¿Es sedición manifestarse para desobedecer una orden judicial? ¿Es entonces sedición concentrarse para parar un desahucio?”

Todo esto demuestra de nuevo que el Estado español (no la gente española, sino el Estado como tal, sobre todo las alcantarillas: el “Estado profundo”) teme la movilización masiva ciudadana. Y ésta le preocupa mucho más que las acciones armadas de ETA. Nunca acusaron de sedición ni a militantes de ETA ni a la dirección política abertzale, aunque, por supuesto, el movimiento abertzale sufrió una brutal represión, mediante otros instrumentos, legales o no.

En todo caso, se confirma su hipocresía. Los partidos del Estado siempre han insistido en que “sin violencia se podía hablar de todo”. Ahora queda claro que es mentira.

Estamos ante un nuevo retroceso grave de los derechos civiles, y especialmente del derecho a protestar.

Movilización de rechazo

La sentencia provocó una reacción popular e inmediata, en forma de protestas masivas. La mañana del 14 de octubre, manifestaciones estudiantiles fueron en columnas desde las universidades hasta el centro de Barcelona, donde se juntaron con muchos miles más de personas, en protestas por toda la ciudad.

Durante la mañana, se extendió la llamada de ir al aeropuerto de El Prat. La inspiración seguramente vino de las movilizaciones de Hong Kong; es una nueva muestra de como las luchas son internacionales y se refuerzan mutuamente. Con el transporte público paralizado, enormes columnas de manifestantes ocuparon la autovía para caminar hasta el aeropuerto. Llegó a haber escenas increíbles en el Prat, con quizá decenas de miles de personas ocupando diferentes partes del aeropuerto. Se vivió una terrible brutalidad por parte de las fuerzas policiales —tanto Mossos como policía española— que incluso golpearon a periodistas, y dispararon balas de goma —ilegales en Catalunya— provocando la pérdida de un ojo a un joven en el aeropuerto. Al final, bastantes manifestantes recurrieron a extintores, mangueras de agua, escudos improvisados… para defenderse de los ataques policiales.

Mientras tanto, hubo cortes de carreteras por todo el territorio, incluyendo en la AP7, la autopista de Catalunya a Francia.

Por la tarde-noche, hubo concentraciones en multitud de ciudades y pueblos de toda Catalunya. La Plaça de Sant Jaume en Barcelona estaba tan llena que era imposible tan siquiera acercarse.

Y al final de la noche, hubo protestas ante la comisaría de la Policía española en Vía Laietana, Barcelona, un lugar conocido bajo la dictadura franquista como centro de torturas.  La Policía española protagonizó cargas violentas contra la gente concentrada, golpeando incluso a personas mayores que se encontraban allá.

En el momento de escribir, hay más acciones, a una escala algo menor, pero aún importantes. De todas maneras, hay otras muchas convocatorias importantes en el calendario. Está por ver como transcurren las protestas en los próximos días.

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Solidaridad internacional

Lo cierto es que el movimiento independentista se despertó tarde y de manera desigual a la necesidad de conectar con activistas y movimientos sociales en otros países. (Una iniciativa desde los movimientos sociales fue WithCatalonia.org).

Ahora ha quedado claro, de nuevo, que nada se puede esperar de la Unión Europea o de otros gobiernos, que respaldan plenamente a su socio, el gobierno español.

En cambio, hay cierto apoyo internacional por parte de la gente: ha habido concentraciones de solidaridad en bastantes ciudades de otros países, como en Nueva York, Montreal, París, Londres y Manchester en Inglaterra, Glasgow y Edimburgo en Escocia, incluso una pequeña acción en Varsovia. Dicho esto, bastantes protestas fueron convocadas exclusivamente por grupos en el exterior de la ANC, o bien por CDRs en el exterior, y conformadas más por personas catalanas que viven fuera que no por gente local; es algo que se tendrá que intentar cambiar.

Respuestas políticas en el Estado español

Igual que en Europa, ha habido respuestas ciudadanas a las sentencias en diferentes partes del Estado español.

Los movimientos vascos, y parece que no sólo la izquierda abertzale, han entendido perfectamente su significado y respondieron con unas 200 concentraciones por todo Euskal Herria: se ha convocado una manifestación central para el sábado 19 de octubre que se prevé enorme. También ha habido concentraciones en bastantes ciudades de Galicia, de las islas Baleares, Granada y Sevilla en Andalucía… Hay protestas programadas para el miércoles 16 de octubre, como una concentración en Puerta del Sol impulsada por la admirable plataforma, Madrileñ@s por el Derecho a Decidir.

Pero desde el “mainstream” político del Estado español, la reacción ha sido previsible y deprimente.

Denunciamos, y con razón, al “trifachito”, sabiendo que es importante no perder los matices y entender que el PP y Cs no son lo mismo que la extrema derecha… pero en este tema no facilitan nada esta tarea. Toda la derecha —desde Cs hasta los grupúsculos fascistas— ha pedido más mano dura. En todo caso, en esta web hablamos a menudo de cómo combatir a la extrema derecha y no hace falta repetirlo aquí.

La respuesta de Pedro Sánchez confirmó el giro hacia la derecha que ya vimos en sus amenazas al Open Arms y el cierre de los puertos a la gente refugiada. Parte de su hipocresía fue la declaración de que “Si dejamos de lado los extremismos, podemos iniciar una nueva etapa en la que la vuelta de la concordia sea uno de los principales pilares de Catalunya.” Lo dijo en el mismo día en que la policía española, enviada especialmente a Catalunya por su gobierno, estaba reprimiendo a personas que se manifestaban pacíficamente.

Pero lo más hipócrita fue su afirmación de que el respeto hacia los tribunales suponía el “íntegro cumplimiento” de la sentencia, excluyendo así la posibilidad de un indulto. Parece que se olvida de los casos del ex ministro José Barrionuevo y otros altos cargos del anterior gobierno socialista en la guerra sucia contra la izquierda abertzale, que fueron parcialmente indultados por el PP en 1998, tras pocos meses en la cárcel. En aquella ocasión, el PSOE exigió el “indulto total”. El gobierno socialista de José Luis Zapatero concedió 62 indultos en casos de corrupción. Se ve que en estos casos no hacía falta “respeto hacia los tribunales”.

Pablo Iglesias fue algo mejor, hablando de diálogo, expresando solidaridad con las y los presos, diciendo que la sentencia es injusta y señalando la hipocresía del PSOE sobre el tema de indultos. Aún así, insistió en que “Todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia”. De sus proclamas acerca de “asaltar los cielos” ya no queda ni siquiera una memoria lejana. También afirmó que “Unidas Podemos tiene que representar otra idea de España”: parece no reconocer que una parte importante de la población de Catalunya no quiere formar parte de ninguna “idea de España”.

Catalunya en Común estuvo más a la altura, sumándose a las protestas. Jaume Asens —él mismo un abogado— tildó la sentencia de “injusticia”, añadiendo: “Con esta condena, hoy son los independentistas, mañana puede ser la PAH u otros. Se equivocan quienes crean que esto no va con ellos. Es un atropello contra unos, pero una amenaza contra todos.”

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¿El bloque independentista?

¿Qué podemos decir de los partidos y movimientos independentistas?

La reactivación del movimiento en la calle es evidentemente positiva, pero quedan las preguntas de fondo pendientes desde octubre 2017. No fue sólo la represión: algo falló dentro del independentismo y —tal y como llevamos tiempo argumentando— se debe analizar y solucionar esto si se quieren evitar más decepciones.

El “paso atrás” tras el referéndum por parte de los partidos del govern —especialmente del espacio de Convergència, pero también, en otro sentido, de ERC— reveló aspectos fundamentales, que aún pesan.

Un partido burgués como Convergència (por mucho que cambie de nombre) se dejó arrastrar por sus bases (más bien pequeñoburguesas) para apoyar la independencia. Sin embargo, en el momento de la verdad, no estuvo y nunca estará por la ruptura que hace falta para conseguir la independencia. Aún menos quieren los cambios sociales fundamentales que son, para mucha gente trabajadora,  un motivo clave para querer la independencia.

El revolucionario socialista e independentista irlandés James Connolly escribió hace más de un siglo: “Si mañana echáis al ejército inglés e izáis la bandera verde [republicana] sobre el Castillo de Dublín, a menos que emprendáis la organización de una república socialista todos vuestros esfuerzos habrán sido en vano.” Esto se aplica igualmente a la república catalana; el cambio social debería ser tanto el motor como la principal razón de ser de la lucha por la independencia. Pero esto implica una estrategia que no cuenta con Convergència.

Y no significa optar por otro partido “más independentista”, en la línea de los espacios “hiperventilados” que están surgiendo ante la decepción con los partidos actuales; la derecha xenófoba y neoliberal no forma parte de un cambio positivo, por mucha estelada que agite.

En principio ERC sí quiere la independencia y también más justicia social. El problema es que si sigue ligada a Convergència, y si sigue basándose en la gestión del sistema actual desde las instituciones, no se cumplirán ninguno de estos deseos. De nuevo, no se trata de “traiciones” por parte de individuos, sino de las limitaciones de una política, en este caso, socialdemócrata.

Hace dos años, estos partidos se echaron atrás en el momento clave, y las razones de ello siguen vigentes. Si se mantiene la misma estrategia, de bloque amplio independentista, de la mano de políticos burgueses, no hay motivo para pensar que no se repita la decepción. Estos mismos días, tenemos el espectáculo de los Mossos, fuerza policial controlada por Convergència, reprimiendo a manifestantes que protestan contra sentencias que afectan a dirigentes convergentes. Quim Torra anima a la gente a manifestarse y Miquel Buch justifica la brutal actuación policial.

¿Y ahora qué?

Ante este escenario, a la vez de impulsar las movilizaciones actuales, hay que plantearse las cuestiones estratégicas de fondo. Si queremos que las cosas salgan de manera diferente, hay que hacer las cosas de manera diferente. Hay que superar el modelo del “bloque transversal independentista”, de la mano de partidos del sistema.

La alternativa, sin embargo, no puede ser un movimiento limitado a la izquierda radical independentista. Hace falta abrir el movimiento en otro sentido, en el sentido de clase. Si realmente creemos que la gente trabajadora de Catalunya tiene algo que ganar con la independencia, en términos sociales y materiales, debemos orientarnos en esta clase, como clase, no sólo en la medida que una persona trabajadora se sienta “indepe”.

Hay que impulsar la lucha por el cambio social y nacional, de manera prioritaria, en los barrios obreros y castellanohablantes. Pasos adelante en este sentido abrirían el camino para construir alianzas y solidaridades con la gente trabajadora del resto del Estado español. De esta manera se escaparía de la dicotomía vacía entre un “unilateralismo” —que es justificable en el abstracto, pero incapaz de superar la represión estatal— y la idea de un “cambio pactado con el Estado”… cuando es evidente que el Estado no quiere ningún cambio.

Algunas personas, en algunos barrios, ya trabajan en esta dirección, pero se debería generalizar y sistematizar como orientación de la izquierda radical soberanista. En un artículo reciente, “El Mandat del 3 d’Octubre”, dos activistas destacadas de la CUP, Laure Vega y Maria Sirvent, defienden algo más o menos en este sentido. Argumentan que: “El Mandato del 1-O ha quedado vacío de contenido y sin posibilidad de transformarse en estrategia. En esta relectura de los hechos de octubre, se propone al independentismo enfocarse en las fuerzas desplegadas durante la jornada de huelga general del 3-O.” Aún está por ver si la CUP aplica esta visión y cómo.

Las manifestaciones de estos días incluyen a gente de espacios mucho más allá del independentismo. El viernes 18 de octubre, dos sindicatos catalanistas han convocado una huelga general. Es tarea urgente de la izquierda radical de Catalunya trabajar para tejer las conexiones entre la lucha nacional y la lucha social, entendidas ambas como procesos de liberación y cambio desde abajo, no como meras gestiones y reformas desde arriba.

Mientras, en el resto del Estado, es urgente movilizar la solidaridad contra la represión. No cabe la “neutralidad” ante tamaño ataque a los derechos democráticos.


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