Myca García

El pueblo ecuatoriano sale a las calles por la implementación de un modelo fallido. El FMI ha intentado implementar en Latinoamérica, a lo largo de las últimas décadas, un modelo económico que no es viable para el continente y que acaba pasando el coste de ese superendeudamiento a los pueblos, y esos pueblos pagan, mientras que el sistema bancario internacional, empresas privadas y grandes familias de la oligarquía se enriquecen.

Para entender el contexto en el que se implanta el “paquetazo” es importante tener presente que, desde el inicio de su mandato, el Gobierno ha adoptado una serie de decisiones en la línea de las anteriores, abonando el terreno para una macrorreforma como la que ahora se anuncia. Medidas como la precarización del trabajo sector a sector, las reformas fiscales para reducir impuestos a los inversores extranjeros y grandes empresas –que ya han supuesto una pérdida para las arcas del Estado del 1,2 % del PIB–, el despido de funcionarios públicos, la supresión de ministerios u organismos de coordinación política, la reducción de la presencia de la Administración en el territorio, han sido aplicadas sin freno, sumiendo a Ecuador en un Estado de reforma permanente y en un empobrecimiento progresivo. De hecho, tanto la tasa de pobreza como la de pobreza extrema han ascendido dos puntos entre junio de 2017 y junio de 2019 y el empleo público, sostén de los servicios fundamentales de educación y sanidad, se sitúa de nuevo en niveles de 2007.

El 11 de marzo, el FMI avaló un acuerdo técnico de asistencia financiera a Ecuador por 4.200 millones de dólares, equivalente a 10 por ciento del PIB del país, que permitió el desembolso inmediato de 652 millones de dólares. Sin embargo, la economía ecuatoriana no lo requería. Y de manera paralela, perdonó 4.500 millones de dólares en impuestos a los empresarios más ricos del país.

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El FMI impulsa los ataques

El martes, 2 de octubre por la noche, el gobierno de Lenín Moreno firmó un Decreto Ejecutivo 883 “El paquetazo”, medidas económicas impuestas por el FMI. Éste incluye:

  • El incremento del precio del diésel, que subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123% y gasolina 1,85 dólares a 2,39 por galón. Además, de la eliminación del subsidio estatal y liberalización del precio.
  • La renovación con un 20% menos de remuneración de los contratos ocasionales.
  • El recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público: de 30 días, pasarán a disfrutar sólo 15, como en el sector privado.
  • Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente un día de su salario.
  • Una nueva forma de jubilación patronal: empleadores aportarán un 2% extra mensual para los nuevos trabajadores.
  • Otra de las medidas es la reducción a la mitad del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.

El ajuste actual sigue el camino marcado con un objetivo clave: la brutal devaluación del trabajo y la destrucción del Estado como prestador de servicios públicos. De hecho, en su anuncio del martes, el presidente abonó un discurso peligroso (no desconocido en otros países) como es la criminalización de los funcionarios públicos. En concreto, se vanaglorió de haber despedido a 23.000 funcionarios y de haber rebajado un 20% el salario a cientos de miles de ellos.

El objetivo de estas medidas, reconocido en el texto del acuerdo con el FMI, es reducir los salarios del sector público para arrastrar a la baja los del sector privado, con una doble finalidad: aumentar la oferta de mano de obra capaz de aceptar peores condiciones de trabajo y reducir las capacidades de los servicios públicos para así obligar a la población a acudir al sector privado.

Los trabajadores del sector privado tampoco se han librado de las medidas de ajuste. Según el borrador del decreto que ha circulado, el Gobierno va a lanzar nuevas modalidades de contratación temporal sin causa, que permiten a los empresarios utilizar la temporalidad como vía fundamental de contratación, acabando así con el principio de estabilidad en el empleo

Finalmente, el decreto abre la vía a la privatización de la Seguridad Social, haciendo más complejo el modelo de jubilación.

Estas medidas provocaron un estallido social y los ciudadanos alegan que “El paquetazo” resta derechos laborales, capacidad de consumo, estabilidad laboral. Y comentan que se está promoviendo a incentivar la salida de capitales e implantando un modelo neoliberal.

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Movilizaciones

El rechazo a la subida de precio del diésel y gasolina provocó una paralización de diversas actividades en el sector del transporte. Esto llevó a los transportistas a convocar desde el jueves un paro nacional, bajo el lema “Fuera Moreno Fuera” (y otros mucho más creativos) claman contra las medidas. Primero los transportistas, luego los estudiantes y, junto a ellos, el movimiento feminista, la izquierda política, múltiples organizaciones sociales, así como el movimiento indígena llenaron las calles el jueves, en una protesta que se extendió en 20 provincias, con 230 concentraciones y que el día se saldó (oficialmente) con 200 personas detenidas en todo el país.

Una parte de los manifestantes ha bautizado a estas manifestaciones como la “revolución de los zánganos”, en respuesta al propio mandatario, quien el viernes pasado, un día después que iniciaran las protestas, insistió en que no dará su brazo a torcer por las medidas económicas anunciadas. “Se acabó la zanganería”, enfatizó. Además, el presidente tildó a los manifestantes de “golpistas” y vándalos.

Estado de excepción inconstitucional

Ante la convocatoria de paro nacional, el presidente Lenín Moreno decretó el “estado de excepción” que se encuentra regulado en el art.164-165 y 166 de la constitución de la República del Ecuador. Dentro del decreto presidencial se encuentra justificada la razón para realizar dicha figura jurídica, que es la siguiente:

“El estado de excepción en todo el territorio nacional, en razón de las circunstancias de grave conmoción interna, pues las paralizaciones en diferentes lugares del país, han alterado el orden público, impidiendo la normal circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas; así como también, la alerta de una posible radicalización de la medida en todo el territorio nacional, ya que las diferentes agrupaciones continúan convocándose para jornadas de protesta continua e indefinida. Tal situación, requiere de intervención emergente a fin de precautelar la seguridad y los derechos de todas las personas.”

Se trata de un documento de 10 artículos en el que se establece lo siguiente:

“1. Se declara el estado de excepción con el objetivo de recuperar el orden público.
2. Se moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
3. Se suspende el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión.
4. Se limita la libertad de tránsito en todo el país, excepto del transporte público.
5. Se permiten las requisiciones que sean necesarias por extrema necesidad.
6. Se establece como zona de seguridad todo el territorio nacional.
7. Se autoriza la utilización de los fondos públicos que sean necesarios del Ministerio de Economía y Finanzas.
8. Se extiende durante 60 días.
9. Se notifica la declaratoria a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales.
10. Se acuerda que la aplicación del Decreto Ejecutivo recae en los ministros de Gobierno, Defensa Nacional y Economía y Finanzas.”

Sin embargo, y de acuerdo con  INREDH, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, el Estado de Excepción decretado por el presidente Lenín Moreno es “inconstitucional, inconvencional y pone en serio peligro la vida, la integridad y la libertad de las personas en Ecuador”. Se basan en el Art. 98 de la Constitución de la República del Ecuador: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

También señalan que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 164 señala que el presidente o presidenta de la República podrá dictar estado de excepción cuando: “caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”. Estos casos se pueden agrupar en dos grupos, los que tienen que ver con violencia social y los que tienen que ver con desastres. Sobre los casos de violencia social debemos entender que se tratan de eventos de una gravedad tal que ponen en riesgo la existencia misma del estado, así lo señala la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27.1 cuando trata sobre esta facultad de los estados: “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte”. Se entiende que la gravedad de la situación hace que no se puedan utilizar los canales institucionales regulares para contener la situación a la que se enfrenta el estado. Eso no es lo que está pasando hoy en el país.

El presidente Moreno fundamenta su decreto de estado de excepción “en razón de las circunstancias de grave conmoción interna, pues las paralizaciones en diferentes lugares del país, han alterado el orden público, impidiendo la normal circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas”. Una grave conmoción interna no es lo mismo que una “alteración en el orden público” son dos conceptos jurídicos diferentes. Mantener el orden público es precisamente el trabajo de la Policía Nacional, se lo hace mediante las instituciones ordinarias y aplicando las normas legales y constitucionales. Una grave conmoción interna implica que las posibilidades de control del orden público han sido superadas y que requieren de medidas excepcionales para precautelar los derechos de las personas. Protestas ciudadanas en las ciudades y la paralización del tráfico está muy lejos de ser una ser una grave conmoción interna.

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Fuerzas Armadas

El estado de excepción a nivel nacional no se había declarado desde el año 2005.  A partir de este decreto se evidenció un ambiente de violencia entre manifestantes, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Para dar respuesta a las manifestaciones el presidente moviliza tropas militares para contener a la población. Es particularmente ilegal, inconvencional, peligroso e irresponsable la decisión de movilizar tropas militares para enfrentar a los y las manifestantes. La función de las fuerzas armadas es según el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador “tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”. Entrenadas y equipadas para los conflictos armados nacionales e internacionales, las fuerzas armadas no deben ser utilizadas para mantener el orden público ya que al hacerlo se pone riesgo la vida y la integridad de la población

Por otro lado, Lenín Moreno, acusa a Correa, Maduro y Venezuela de injerencia y de pagar a los manifestantes y ser el responsable de este caos. Lenín durante todo su mandato ha acusado a su predecesor y le hace responsable de la situación actual que vive el país. El gobierno acusa al “Correísmo Organizado” de orquestar las protestas sindicales e indígenas.

Los ecuatorianos saben de levantamientos populares contra presidentes que los han engañado, impulsados por movimientos populares e indígenas, desde, al menos, la década de 1980 hasta el ingreso en el nuevo milenio. La fuerza del pueblo ecuatoriano ha derogado 3 gobiernos:

  1. Abdala Bucaram, fue alcalde de Guayaquil, 1984. Fue enjuiciado por injurias a las Fuerzas Armadas y peculado en 1985
  2. Jamil Mahuad fue electo presidente en 1998 y destituido de sus funciones en enero del 2000, tras poner al país al borde de la hiperinflación
  3. Lucio Gutiérrez, 2002 abandonó el país por casos de corrupción a bordo de un helicóptero del Ejército.

Moreno no tiene ningún poder de mando, pero aún le resta cumplir con algunos objetivos de los sectores de poder, como desdolarizar caóticamente, que es lo que aspiran los grandes importadores, los grandes exportadores y los banqueros, sobre todo.

Movimiento indígena y la autodeterminación

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció que hacía lo propio y advirtió de que retendrá a miembros de las fuerzas del orden que ingresen en sus dominios, en base a su derecho a la autodeterminación.

“Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a justicia indígena”, advirtió la mayor central indígena del país en un comunicado.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) expresó su solidaridad, con la valerosa lucha del Pueblo ecuatoriano y, en especial, de las organizaciones hermanas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), que ejercen su legítimo derecho a la protesta frente a las medidas económicas que vulneran a los sectores populares y ponen en grave riesgo a las comunidades indígenas, al avanzar en la explotación de sus territorios.

A los Pueblos Indígenas de Ecuador y de toda Abya Yala (América) nos une una lucha de más de quinientos años, por la vida, la autonomía y la defensa de la Madre Tierra. En este proceso, hemos sufrido las nefastas consecuencias de la violencia de quienes detentan el poder, y también hemos comprobado que la única forma de pervivir es asumir con valentía la acción colectiva en la búsqueda de la emancipación, frente a un régimen colonial que nos oprime y pone por encima de la vida los intereses económicos trasnacionales”

Myca García es ecuatoriana residente en Barcelona.