Heike Schaumberg
El martes 10 de enero de 2017, centenares de manteros (vendedores ambulantes) respondieron a un allanamiento policial nocturno de sus puestos con la toma de la céntrica Plaza Once de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y dos cortes de las avenidas adyacentes ese día y el viernes siguiente, entre las principales arterias comerciales de la ciudad porteña.
La mayoría eran inmigrantes de Nigeria y Senegal o del Perú y había unos cuantos artesanos argentinos. Llamaba la atención que a pesar de su condición precarizada de vendedores ambulantes y las barreras lingüísticas y culturales, desde el comienzo se impuso la decisión colectiva en asamblea. Es un rasgo emblemático que caracteriza a todos los espacios de resistencia en la Argentina post-levantamiento popular del 2001. También había diferencias de género, ya que entre los ‘manteros’ latinoamericanos predominan las mujeres, y entre los africanos los hombres, quienes emprendieron viajes muy peligrosos escondidos en barcos cargueros, donde lograron ubicarse sin conocer el destino final, sin comida ni agua, y con la esperanza de llegar a Europa o EEUU.
Son personas valientes con historias fuertes, pero son objetivos fáciles para la explotación laboral de grandes cadenas dedicadas al comercio ilegal e informal. La persecución estatal, sin embargo, enfoca en los manteros inmigrantes, no en los grandes negocios que se benefician de ellos y a su vez de las políticas desreguladoras que posibilitan la informalización de las relaciones laborales.
Luego de la primera represión los manteros formaban una comisión de negociación encabezada por un vocero argentino con gran facilidad oradora. Los medios masivos de comunicación buscaban sin éxito su relación con algún armado político, análogo a la experiencia larga de los movimientos piqueteros (desocupados). Es como si identificar alguna relación política descalificara el derecho a protestar y les quita agencia propia a quienes lo hacen. En fin, la desconfianza en las negociaciones detrás de puertas cerradas que generaba hizo que los manteros reclamaban más transparencia a sus representantes elegidos a la vez que fortalecía la agencia colectiva de los manteros, pero no fue un proceso sin roces.
Desalojados de la calle, con una carpa precaria, aguantando durante día y noche en la plaza, corrían las descripciones de los sucesos violentos de las represiones: una mujer tratada con gran violencia durante su detención, siendo vulnerados sus derechos de género. Sus compañeras vieron su cabeza sangrienta. Al menos diez personas habían sido detenidas. Fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de plomo. Un joven senegalés, asustado, comentaba que cuando lo dejaron libre un oficial lo llevó a una pensión y pagó por su corta estadía, “para que se recupere, porque no podía caminar ahora”. Al joven quien comentaba eso no se le ocurrió que en vez de tratarse de una gentileza involucraba un encubrimiento de la violencia policial contra su cuerpo y persona que había sufrido durante su detención, para inhibirle su derecho a la atención médica que dejara registrado el castigo para ser tratado por la justicia.
También hay relatos del coraje, especialmente de las mujeres que corrían a la infantería con sus pequeñas criaturas en el brazo. Manteros y manteras insistían en defender su fuente laboral, para ellos la única disponible y para las mujeres peruanas es más digna que la de esclavitud en los talleres textiles clandestinos. Se trata de una fuente laboral descalificada, entre las más precarizadas, expuesta a la explotación de la cadena comercial por un lado y por el otro, los aprietes violentos de la policía. “¿Qué pasa cuando venden igual sin permiso?”, pregunté yo. “¡Nos sacan toda la mercadería y nos patean, nos patean!”
Retroceso
Cuando los manteros habían pasado casi dos semanas en la plaza del barrio Once, el gobierno de la ciudad difundió por los medios oficiales y sociales un video que vendía una nueva imagen de esta zona comercial. No incluía ni a los manteros, ni tampoco a los pequeños comercios que han sido el impulso vital del barrio. Tampoco incluía a la “cuna” del Rock Nacional, La Perla de Once, que cedió su lugar a una de las grandes cadenas de pizzerías, anunciando un proceso de gentrificación intencional, una limpieza social y racial.
Pero los manteros no se han ido, se desplazaron. Son por necesidad los nómades del siglo 21. Al gobierno le cuesta desarmar el conflicto porque faltan las respuestas ante la ausencia laboral de más de tres mil trabajadores dependientes de ésta línea de trabajo. Es más, en el año 2018, la venta ilegal en la ciudad de Buenos Aires aumentó en un 33,9% con 683 puestos relevados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Esto va acompañado por un decreto de inmigración sancionado en 2017 por el actual presidente Mauricio Macri, que incrementa el poder de detención y expulsión, y de acuerdo a los organismos de derechos humanos representa un retroceso legislativo ya que no respeta los derechos humanos.
La aceleración represiva y violenta revela la visión limitada de la política racista del actual gobierno: en vez de apostar por esa riqueza de la diversidad humana que construyó al patrimonio cultural argentino, apuesta por endeudar las generaciones actuales y futuras del país con el FMI, que poco ha cambiado desde su actuar perjudicial en la crisis argentina en el 2001.
Pero la organización colectiva de los nuevos inmigrantes africanos y latinoamericanos rompe el silencio. Su demanda se amplió hasta incluir la defensa por su derecho a protestar, pero enfrenta la estigmatización de los medios nacionales: “ilegales”, “evaden los impuestos”, “trabajan y protestan para salvar el negocio multimillonario de la venta clandestina”, y hasta “mafiosos”.
Un acto solidario internacional de los manteros de Barcelona cambió el rumbo entre los manteros africanos y latinoamericanos en la plaza. Con su permiso, estrenamos en la misma plaza tomada el vídeo “El peso de la manta”. El documental comenta la lucha de estos inmigrantes africanos por formar su propio sindicato en Barcelona. No sólo hizo circular la información sin fronteras, sino que también rompió los hielos del racismo y desconocimiento entre estos protagonistas de un tipo de conflicto que, como producto de las políticas bélicas internacionales y el racismo institucional del sistema inmigratorio, se hace cada vez más omnipresente en la ciudad global.
Heike Schaumberg es activista anticapitalista e investigadora basada en Buenos Aires.
