Alemania aprueba leyes para facilitar la expulsión de gente refugiada

Xoán Vázquez

El pasado viernes 7 de junio el Bundestag, el Parlamento federal alemán, aprobaba un paquete legislativo dirigido a acelerar y hacer efectivas las deportaciones de inmigrantes con orden de expulsión y “ordenar, controlar y limitar la inmigración”. Mientras los diputados de Los Verdes calificaban la jornada como “un mal día para la democracia”, conservadores y socialdemócratas —socios en el Ejecutivo de gran coalición— presentaron como un logro las siete leyes. El secretario general del SPD, Lars Klingel, defendió el paquete y aseguró: “Detenciones masivas y otros tratos inhumanos no aparecen en la ley porque nosotros lo hemos evitado”.

A pesar de las bonitas palabras del líder socialdemócrata, nada mejor para explicar el espíritu de las leyes aprobadas que las palabras de uno de los impulsores de la iniciativa, Horst Seehofer, el ministro del Interior de la CSU: “La mayoría de los migrantes son inútiles para Alemania. […] Quien no tenga derecho a quedarse debe abandonar el país”.

Retorno ordenado

Dentro del paquete legislativo figura la llamada, eufemísticamente, ley del retorno ordenado que es la que mayor polémica ha suscitado. La finalidad de esta ley es lograr que las expulsiones se materialicen, ya que cerca de la mitad no se consuman.

De las cerca de de 56.000 expulsiones expulsiones programadas en 2018, sólo se ejecutaron 25.000. Ahora, según el Ministerio del Interior, la ley “elimina numerosos obstáculos prácticos a la deportación e incrementa las posibilidades de que las personas obligadas a dejar el país lo abandonen”. La fecha de la deportación será secreta y se castigará a quien la revele. Según el Ministerio del Interior, “La idea es que las personas que deben ser deportadas no desaparezcan el día antes de subir al avión”.

Está claro que la ley tiene un objetivo claro de disuasión, altamente cuestionable constitucionalmente y perjudicial para la integración, ya que excluye categóricamente a muchas personas de la posibilidad de integración. “La ‘Ley de retorno ordenado’ contiene un ajuste desproporcionado que viola nuestros derechos fundamentales y la legislación europea. La validez constitucional de gran parte de esta ley es cuestionable”, afirmó Filiz Polat, diputada de los Verdes.

Tras la votación, diputad@s de Los Verdes y Die Linke calificaron el paquete legislativo de “retroceso para los derechos fundamentales de los inmigrantes”.

Tolerados y cualificados

El paquete legislativo aprobado contempla el recorte de beneficios sociales para aquellos a los que se les haya dado asilo en otro país de la UE, así como la opción de que de manera transitoria se encierre a futuros deportados en prisiones, hasta que se amplíen las plazas en centros especializados.

Hasta ahora, el principio ha sido que los delincuentes son detenidos por separado de los solicitantes de asilo. La Unión y el SPD quieren abolir esto e ignorar el derecho constitucional existente. Lo mismo sucede con la intención de eliminar los beneficios sociales de los solicitantes de asilo, pues hace años, el Tribunal Constitucional Federal dictaminó que una persona en Alemania, independientemente de su estatus de residencia, tenía derecho a un nivel de subsistencia.

Las nuevas normas también crean la figura de los demandantes de asilo llamados “tolerados” —actualmente 180.000 personas de las 240.000 obligadas a abandonar el país— cuya expulsión está suspendida ante la imposibilidad de enviarlos a sus países de origen.

Otra de las normas incluidas en el paquete legislativo es la ley de trabajadores cualificados, que permite la entrada de licenciados universitarios y aprendices de formación profesional que vengan a trabajar o buscar empleo. Se elimina la lista de profesiones más necesitadas y se amplía a cualquier empleo. Seehofer señaló que con esta iniciativa, Alemania “refuerza su economía, que necesita trabajadores cualificados” y cumple con su “responsabilidad humanitaria”.

Pero su credibilidad se vino abajo cuando salieron a la luz unas declaraciones suyas en las que, refiriéndose al paquete legislativo, afirmaba que “hay que hacer leyes complicadas para que la gente no caiga en la cuenta”.

Y para muestra, la “letra pequeña” de la ley:

– La duración de la estancia en los llamados centros AnkER y otros grandes centros de recepción de inmigrantes aumentará de 6 a 18 meses.

– Se introducirá una consulta sobre el procedimiento de asilo, que no es realmente independiente, sino que la lleva a cabo la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), es decir, la autoridad estatal, que a su vez está involucrada en el procedimiento de asilo.

– Como parte de la deportación, las autoridades podrán entrar al domicilio del migrante pendiente de deportación sin una orden judicial, a la vez que se autoriza a mantener a personas en custodia de salida sin que sea necesaria una orden judicial.

Un proceso vergonzoso

El proceso que condujo a la aprobación de las leyes dentro de la coalición de Gobierno fue vergonzoso.

Parece que las restricciones masivas de los derechos fundamentales y las regulaciones inconstitucionales deben ser aprobadas a toda velocidad y sin críticas. Se celebraron cinco audiencias de expertos el lunes 3 de junio y el miércoles 5 de junio, los comités aprobaron sus resoluciones sin actas de trámite de audiencia y el viernes 7 de junio, se hicieron la consulta final y la votación en el Bundestag.

No era necesario acelerar cambios legislativos tan relevantes (que además de afectar a los derechos fundamentales tienen numerosas interacciones con otros procedimientos legislativos en curso) como si Alemania estuviera en modo de emergencia, si no fuera porque en realidad lo que se quería era introducir recortes de beneficios ocultos en la letra de la ley.

Si ahora con la “ley de devolución ordenada” muchas personas refugiadas están excluidas de cualquier beneficio, esto no sólo viola el requisito constitucional para garantizar la dignidad humana, sino también el estado de derecho. De hecho, estas sanciones afectan a grupos especialmente vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas, los padres solteros, los enfermos y las personas con discapacidades.

Esta opinión es compartida por el Consejo para la Migración, del que forman parte 150 académicos, que criticó el paquete legislativo por considerar que supone “un deterioro para las personas que buscan protección”. “Básicamente impone sanciones y recorta beneficios. Esto no favorece el reclutamiento de trabajadores cualificados ni refuerza la obligación de abandonar Alemania y, desde luego, tampoco la integración de personas que se quedan a largo plazo”.

Como señaló Jörg Schindler, de Die Linke: “Los solicitantes de asilo no pueden ser más criminalizados. La protección de las personas que huyen debe ser el foco de una política de asilo humanitaria y no su criminalización”.

Hacer el trabajo sucio a la derecha

Si bien Die Linke votó en contra del paquete legislativo, no está de más recordar que la candidata de Die Linke, Sahra Wagenknecht, ha planteado la necesidad de lucha contra el ascenso de la extrema derecha a la vez que hacía advertencias sobre la “amenaza islamista”, reclamaba más policías o afirmaba la necesidad de poner limites a la admisión de refugiados.

Estas advertencias no representan el programa de Die Linke. Por el contrario, tales demandas refuerzan la corriente política racista que Wagenknecht quiere atacar.

Una posición clara contra el racismo, junto con una critica firme del capitalismo, la política de austeridad y la guerra devastadora contra el terrorismo deben estar en el centro de proyecto político de izquierda.


Xoán Vázquez es militante de Marx21.

 

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