Amenaza sobre el derecho de manifestación

Marie Fauré

[Català]

Durante la noche del 30 al 31 de enero, la Asamblea nacional francesa adoptó una serie de enmiendas a la ley “antidisturbios”, destinada a luchar contra los actos violentos en las manifestaciones.

Hasta ahora, y a pesar de la existencia del derecho fundamental a manifestarse, la ley obliga a declarar los actos previstos en la calle, como el recorrido de las manifestaciones. Pero ante las reiteradas negativas de las autoridades a dar estos permisos, las manifestaciones se han llevado a cabo igualmente, por la fuerza de la presión popular. Es esto lo que podemos ver cada sábado en las ciudades de Francia desde el pasado 17 de noviembre y lo que se conoce como el movimiento de los chalecos amarillos.

Para oponerse a la movilización de la calle, el gobierno probó inicialmente la violencia física, con un aterrador balance hasta el 31 de enero de un muerto, 18 personas tuertas, 4 manos arrancadas y unos 160 heridos en la cabeza, al margen de la utilización masiva de gases lacrimógenos, como en Tolosa durante las últimas semanas.

Visto que esta estrategia no tiene ningún efecto sobre la determinación de la gente, los diputados amplían las armas legalmente habilitadas para prohibir el derecho fundamental de manifestación. A pesar de que desde el principio son miles las detenciones y decenas las condenas a meses de prisión por “la participación en un agrupamiento con el objetivo de cometer violencias”, las manifestaciones continúan.

Prohibición

Hasta ahora sólo la justicia podía prohibir a un individuo manifestarse; con la nueva ley, los representantes del Estado pueden hacerlo sin tener que pasar por un juez, y la persona que se atreva a violar esta prohibición se enfrenta a una posible pena de 6 meses de prisión y a una multa de 7.500 €.

Nace también el “delito de disimulo de caras en manifestaciones”. Cualquier persona que lleve un casco o un pañuelo sin una razón “legítima” durante una manifestación se expone, asimismo, a un año de prisión y una multa de 15.000 €. Cuando todos conocemos la pasión de la policía francesa por los gases lacrimógenos y las pelotas de goma, la intención de la norma se convierte en transparente.

Esta ley “antidisturbios” es claramente una ley liberticida, y pone en peligro el derecho a la protesta política y social.

Francia no es un caso aislado. En el Estado español conocemos la famosa Ley Mordaza, aplicada desde el 1 de julio de 2017 y calificada de “restricción innecesaria e injustificada de los derechos a la libertad de reunión, expresión e información” por Amnistía Internacional.

En todos los países de Europa —si no del planeta— los poderosos reducen las libertades fundamentales de la gente para eliminar la contestación y la disidencia, utilizando el aparato legal y los cuerpos de seguridad como herramientas privadas de defensa de sus intereses y privilegios económicos y políticos. Nosotros —como marxistas, como activistas, como pueblos…— debemos estar atentos a este movimiento general de criminalización de las luchas y a esta deriva autoritaria liderada por los capitalistas y las clases burguesas a nivel mundial.


Ver el artículo de la Marie Fauré sobre los chalecos amarillos.

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