Xoan Vázquez

Calentando motores

Cuando faltaban 13 días para el comienzo de un conflicto laboral que podría paralizar el país, alrededor de 10.400 delegados sindicales del sector público se reunían el pasado 22 de marzo en la ciudad de Fredericia en la mayor reunión sindical celebrada en Dinamarca.

Hubo unanimidad en los términos de la declaración conjunta aprobada al final del encuentro que fue remitida a las autoridades estatales, regionales y municipales.

“Los/as trabajadores/as quieren un aumento salarial sustancial, especialmente para los menos remunerados, que les sitúe en igualdad de condiciones con los empleados privados”, señala Charlie Lywood de Internationale Socialister, grupo hermano de Marx21 en Dinamarca.

“Además, quieren evitar que los empleadores eliminen algunas de las conquistas que ha costado tantos años de lucha conseguir como los almuerzos pagados. Un derecho justo si pensamos que la mayoría de los trabajadores de sanidad y educación están de guardia durante las pausas para el almuerzo”.

Finalmente, los sindicatos exigen que los docentes ya no tengan sus condiciones de trabajo decididas por ley, sino mediante negociación colectiva.

El mismo día en que se celebraba la reunión de delegados una masiva manifestación recorría las calles de la ciudad de Aarhus.

En menos de 24 horas, una página de Facebook en apoyo a la lucha de los empleados públicos recibió más de 150.000 adhesiones. El apoyo a los empleados públicos, y por tanto el apoyo a la lucha por un sector público fuerte y que funcione bien en Dinamarca, nunca había sido tan grande.

“Tenemos el apoyo de la población y vamos a salir a aumentar ese apoyo. Discutiremos con la gente. Este conflicto no se debe ganar con dinero, se debe ganar con la opinión pública”, dijo el presidente federal de FOA (el mayor sindicato del sector público), Dennis Kristensen.

“Cuando miremos hacia atrás este evento histórico en el futuro, veremos que fue el momento en el que los empleados públicos se opusieron a la situación en la que la profesionalidad de los mismos trató de ser reemplazada por la arbitrariedad de los empleadores. Debe haber espacio para nuestra profesionalidad. De eso se trata”, dijo.

Las palabras de Kristensen se vieron ratificadas por una encuesta del Instituto de investigación Wilke for Avisen.dk que salió a la luz el día que finalizó el encuentro sindical y que muestra que una gran mayoría de daneses apoya a los empleados públicos en su lucha.

Dos de cada tres daneses, un total del 66 por ciento, cree que es aconsejable dar aumentos salariales notables a los empleados públicos.

El gobierno y las autoridades locales responden con un anuncio de un lock-out patronal

Cuando los sindicatos anunciaron que más de 60.000 trabajadores se declararían en huelga a partir del 4 de abril, los empleadores (autoridades del sector público) respondieron diciendo que están preparados para implementar un cierre patronal de 440.000 empleados, un número que podría hacer que Dinamarca se paralizase casi por completo.

Los empleados municipales, regionales y estatales corren el riesgo de quedar atrapados en medio de un conflicto laboral histórico.

Entre 2011 y 2015, el gobierno de la socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt suscribió el pacto financiero de la UE y siguiendo sus recomendaciones se produjeron recortes permanentes en el sector público que supusieron el despido de más de 35.000 empleados públicos, mientras que las demandas de trabajo no dejaban de crecer.

Con una intervención legal, ese mismo gobierno socialdemócrata obligó a los profesores a tener más horas de enseñanza sin subidas salariales. Los bajos salarios de los empleados públicos se convirtieron en una fuente de financiación para las administraciones.

El gobierno del liberal Lars Løkke continúa en la misma línea, además de usar el racismo para desviar la atención de los ataques al estado del bienestar.

Muchos creen que la decisión de los funcionarios públicos de seguir adelante con la huelga llevará al gobierno a resolver el conflicto por ley y a dictar un acuerdo. Esto significaría que la huelga no podría recibir ayuda directa de las cajas de resistencia de los sindicatos ya que eso sería ilegal y sus activos podrían ser confiscados.

Si no hay resolución por ley, un cierre patronal que afecte a 400.000 trabajadores vaciará rápidamente las cajas de resistencia de los sindicatos y agotará económicamente al movimiento sindical.

“A pesar de las amenazas de los empleadores, hay un estado de ánimo muy militante entre los trabajadores del sector público y no se sabe lo que sucederá. Estas huelgas crean la posibilidad de un cambio en el estado de ánimo contra el gobierno, por eso es necesario impulsar la solidaridad entre los trabajadores del sector público y privado” comenta Charlie Lywood de Internationale Socialister.

Nunca ha habido tantos daneses que entiendan que los buenos salarios y las condiciones de trabajo para los empleados públicos están directamente relacionados con el bienestar que se brinda en el cuidado de los y las ancianas, la escuela primaria, las guarderías y todos los demás lugares. Hay una buena base para reforzar la solidaridad de los trabajadores del sector privado, muchos de los cuales se vieron obligados en algún momento a tener que aceptar precarias condiciones laborales.